* Diputados envían textos a organismos de defensa de derechos humanos
Denuncian violación a garantías de paristas
* Habrían sido llevados al Campo Militar Número Uno, señalan padres de los alumnos
David Aponte y Ciro Pérez Silva * La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados denunció ante organizaciones internacionales, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights y Cejil, violaciones a las garantías individuales de los universitarios detenidos en la Preparatoria 3 y Ciudad Universitaria.
Paralelamente, los padres de familia de los paristas detenidos, ahora integrados en asamblea, denunciaron que hay "universitarios desaparecidos" y mencionaron la versión de que algunos fueron llevados a las instalaciones del Campo Militar número 1.
Por otra parte, el rector Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión con los coordinadores de las bancadas del PAN, Carlos Medida Plascencia, y del PRD, Pablo Gómez Alvarez, para solicitar las "facilidades" del Poder Legislativo a favor de los estudiantes detenidos, en caso de que el Ejecutivo ya no pudiera avanzar más en pro de la liberación de los universitarios recluidos.
De acuerdo con las versiones recogidas en San Lázaro, el rector pidió a los diputados de oposición que la Cámara de Diputados contribuya, en la medida de sus posibilidades, en lograr la libertad de los estudiantes detenidos en la Preparatoria 3 y en las instalaciones de Ciudad Universitaria.
La reunión tuvo lugar el martes pasado, afuera de las instalaciones del órgano legislativo.
Sin embargo, las bancadas de PAN y PRD replantean ahora la posibilidad de elaborar una ley de amnistía, debido a que la Procuraduría General de la República ha retirado los cargos de sabotaje y terrorismo.
Al margen de cualquier posibilidad de presentar una iniciativa para la amnistía que beneficie a los estudiantes detenidos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el perredista Benito Mirón Lince, envió a una decena de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellas a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, una denuncia sobre la intervención de la fuerza pública en el conflicto de la UNAM.
Argumentó que la participación anticonstitucional de la Policía Federal Preventiva (PFP) rompió con el estado de derecho y el papel del Poder Judicial pone ante los ojos de la sociedad su dependencia frente al Ejecutivo.
Mal trato a recluidos
En su misiva, el legislador de oposición responsabilizó al presidente Ernesto Zedillo del conflicto universitario, de la irrupción de la PFP en las instalaciones de la UNAM y de la "flagrante violación de los derechos humanos" de los estudiantes detenidos.
Los padres de familia de los estudiantes arrestados en la Preparatoria 3 y en Ciudad Universitaria acudieron a las instalaciones de la Cámara de Diputados para denunciar el trato que reciben los universitarios recluidos, principalmente 78 menores de edad y los que están en huelga de hambre.
De los primeros, dijeron que están incomunicados por órdenes de la doctora Ruth Villanueva Castilleja, presidenta del Consejo Tutelar de Menores de la Sala 7. Los segundos, aseguraron que no tienen atención médica, por lo que solicitaron la intervención de la Cruz Roja Internacional y de Médicos Sin Fronteras.
La señora Cecilia Delgado mencionó que el domingo pasado "tuvimos rumores de que se habían llevado un camión completo (de estudiantes detenidos) al Campo Militar número uno.
"Realmente desconocemos si esto sucedió así. Pero hay mucha gente que no aparece. Esto es muy importante que se sepa, que todavía hay familiares que van y buscan entre los detenidos, entre las listas de los reclusorios, y no encuentran a sus familiares.
"Entonces, no sabemos si están detenidos en el Campo Militar número 1, como sucedió en 68, que hubo mucha gente que la tuvieron en esos lugares y desapareció por completo".
Pablo Lugo Colín agregó que los padres de familia no tienen la certeza de que sus hijos estén desaparecidos por causas imputables a las fuerzas de seguridad del gobierno federal o escondidos por las órdenes de aprehensión giradas por la juez segundo de distrito.
Los padres de familias acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar la intervención de ese órgano legislativo en el conflicto universitario, principalmente en la liberación de los estudiantes detenidos.