LIBERAR A LOS UNIVERSITARIOS PRESOS

Ayer se realizó en esta capital una protesta multitudinaria para exigir la liberación de los paristas universitarios encarcelados y acusados por la Procuraduría General de la República en una forma tan improcedente y absurda que son considerados, por amplios sectores de la población, presos políticos. Marchas y protestas similares tuvieron lugar en Chiapas, Tlaxcala, Aguascalientes, Morelos, Veracruz, Baja California Sur, Sonora y Michoacán, entre otras entidades.

En el contexto de la aparente normalización de actividades que empieza a ocurrir en Ciudad Universitaria, la liberación de los presos del Consejo General de Huelga (CGH) es una exigencia que aglutina a un amplio movimiento que trasciende, con mucho, el conflicto de la UNAM, que se caracteriza por su pluralidad y diversidad -hasta algunos que en días pasados se presentaban como recalcitrantes defensores de las soluciones represivas, han pedido la liberación de los detenidos universitarios-, y que se inserta de lleno en el escenario político nacional para rechazar usos de gobierno que incluyen la captura y el procesamiento de personas no con base en la comisión de delitos específicos, sino por su activismo en movimientos sociales.

Ciertamente, ningún régimen del mundo reconoce la existencia, en su territorio, de presos políticos. No lo admitieron así ni las cruentas dictaduras militares que se impusieron en América Latina en décadas pasadas ni lo confiesan gobiernos formalmente democráticos como los de Estados Unidos y España; con frecuencia, los regímenes comunistas de Europa Oriental, por su parte, recluían a sus opositores en sanatorios mentales con tal de escamotearles hasta la lucidez y, desde luego, la condición de prisioneros de conciencia. En el caso presente, las autoridades mexicanas no son la excepción a tales actitudes y niegan, como era de esperarse, que los huelguistas detenidos y sujetos a proceso lo estén precisamente por su carácter de activistas del paro universitario.

Los sectores sociales que han venido reclamando la inmediata excarcelación de los referidos tienen una percepción opuesta, y ciertamente fundamentada: las acusaciones de despojo y motín contra los paristas presos parece una venganza del régimen -y, acaso, un subterfugio para mantenerlos en la cárcel hasta que los tiempos políticos permitan capitalizar su puesta en libertad.

En esta perspectiva, parecen insuficientes el sobreseimiento por los cargos de terrorismo y sabotaje que enfrentaban 85 de los huelguistas, así como el formal desistimiento por parte de la UNAM de las querellas por daño en propiedad ajena. Los reconozca como tales o no, el gobierno debe liberar de inmediato a todos los universitarios a los que capturó en el contexto del conflicto en la máxima casa de estudios.