* Tornero: la consignación de Francisco Maya no implica liberar a López Villanueva
Seguirá el proceso contra El Grandote
* Samuel del Villar: obligación del MP, buscar la verdad histórica sobre el caso Polo Uscanga
Ricardo Olayo y Elia Baltazar * El juez del caso Polo Uscanga tendrá que decidir qué valor da al cambio de declaración de Francisco Maya, quien se había constituido en el principal acusador del presunto homicida del ex magistrado, indicó el procurador de justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar.
El entredicho en que se colocó el acusador de Alejandro López Villanueva, El Grandote, debe ser analizado en el curso del juicio y a la vista de todas las pruebas que presente la procuraduría, sin olvidar, destacó Del Villar, que la primera declaración es la que tiene más peso.
Maya cambió su declaración por una amenaza de la que no ha dado detalles de cómo se le hizo ni de los autores, dijo el procurador tras reunirse con la jefa del Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles.
Precisamente por haber incurrido en falsedad de declaraciones se le consignó, y ya está preso, al igual López Villanueva, integrante del Frente Popular Francisco Villa (FPFV).
La obligación del Ministerio Público es buscar "la verdad histórica" y aportar los datos necesarios al juzgado 50 penal, expresó el titular de la PGJDF, sin responder directamente si la retractación signifique la pronta salida de El Grandote.
"Es importantísimo no decir mentiras o cambiar las declaraciones que puedan ser falsas ante el Ministerio Público (pues) se comete un delito", agregó.
Enfatizó que la obligación de la procuraduría es aportar las pruebas a su alcance y seguir la investigación.
ųƑEl testigo Maya está descalificado por haber falseado su declaración?
ųComo manifestó en su propia declaración, él dijo haber sido amenazado a la hora del cambio de declaración. No precisó quién lo hizo, no profundizó, no dio más elementos y el MP consideró que había que consignarlo porque en su segunda declaración estaba cometiendo una falsedad; son elementos que valora el juez.
No obstante, la opinión del subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Mauricio Tornero, es otra. Descartó que la consignación de Maya, uno de los principales testigos de cargo contra López Villanueva, signifique la puesta en libertad de éste, pues se trata de procesos diferentes.
Maya mintió ante el MP y se le consignó por ese hecho, pero el proceso que se sigue contra López Villanueva, señalado como uno de los agresores del ex magistrado Polo Uscanga, no se ve afectado en tanto no concluya, explicó Tornero, y aseguró que la procuraduría capitalina no ha descartado ninguna línea de investigación.
En entrevista, Alejandro Robledo Carretero, fiscal de Procesos Sur, explicó que Maya fue consignado por desconocer su primera declaración, del 19 de octubre, en la que reconoce, por una fotografía, a López Villanueva como una de las personas que se encontraban en el edificio de Insurgentes 300 la noche que asesinaron a Polo Uscanga.
Explicó que el día que fue citado para ampliar su primera declaración, el 31 de enero pasado, Maya reconoce su firma pero no el contenido de su declaración, por lo que incurrió en el delito de falsedad de declaraciones.
Maya, lo mismo que Genovevo Franco, el otro presunto testigo, fue trabajador de la ex Ruta 100 y se desempeñó en su sindicato en las áreas de contraloría y gestoría. Además, ambos forman parte del grupo que encabeza Leonel Villafuerte, opuesto al de López Villanueva.
Por otra parte, fuentes cercanas a la investigación del homicidio de Polo Uscanga no rechazaron una posible investigación contra el Ministerio Público del caso, Javier I. de León, a quien el diputado Benito Mirón Lince y el ex magistrado Alberto Woolrich acusan de desviar las indagatorias.
Por otra parte, Del Villar informó que durante este año el gobierno federal entregará unos 350 millones de pesos a las autoridades capitalinas, mediante el Convenio de Coordinación Nacional de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Los fondos serán utilizados para ocho rubros, entre ellos equipamiento, infraestructura penitenciaria, telecomunicaciones, capacitación profesional, y podrán ser acordados en los siguientes días con la Secretaría de Gobernación, explicó.
Precisamente ese tema fue abordado con Robles en su oficinas con integrantes del gabinete de seguridad y justicia. Ahí se dio un informe del uso de los recursos de 1998 y 1999, que tardaron en llegar a la autoridad capitalina y que causaron fricciones entre los dos gobiernos.