* Astillero *

* Julio Hernández López *

El domingo 6, a las 4:30 de la mañana, Alejandro Gertz, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del DF, fue notificado oficialmente de la resolución con la que una juez de distrito ordenaba a las policías federal y capitalina que actuaran para lograr la devolución de las instalaciones de la UNAM a sus autoridades.

Un alto mando de la policía militarizada conminó en ese momento al jefe capitalino a cumplir estrictamente con el mandato judicial. Para dar cuenta de la respuesta de Gertz Manero estaba presente un agente del MP Federal. Se le advirtió al ex rector de la Universidad de las Américas que el incumplimiento de la orden judicial le haría caer en los supuestos de rebeldía y desacato, que llevarían a la vez a su destitución y a su consignación penal.

El jefe es el Presidente

La presión del mando militarizado, y la presencia del Ministerio Público Federal, partían de una premisa que luego los voceros oficiales y oficialistas han querido desvanecer: el mando de las fuerzas policiacas capitalinas corresponde, por mandato constitucional irrenunciable, al Presidente de la República.

Dicho de otra manera: lo que ha hecho hasta ahora Gertz Manero debe ser del agrado del presidente Zedillo, desde el momento en que, siendo el jefe máximo de ese cuerpo, no ha expresado su inconformidad con el manejo de los granaderos, por ejemplo, ni con el comportamiento del citado Gertz Manero, cuya destitución o mantenimiento han dependido, en estricta verdad jurídica, del propio presidente Zedillo.

Cierto es que, en un gesto de buena voluntad hacia la primera administración capitalina no priísta, el presidente Zedillo permitió al entonces jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, en diciembre de 1997, proponer y virtualmente designar al secretario de Seguridad Pública y al procurador de Justicia, pero la facultad constitucional, y la responsabilidad jurídica, pertenecen plenamente al propio Presidente de la República.

Por ello, esa madrugada del 6, a unos cuantos minutos de iniciar el operativo de invasión de Ciudad Universitaria, se llevó al extremo el ejercicio de la responsabilidad presidencial sobre la policía capitalina: si Gertz Manero se hubiera resistido al cumplimiento de la orden judicial, el Ministerio Público Federal habría dado constancia de rebeldía y desacato, y de inmediato el Presidente de la República nombraría a un nuevo secretario de Seguridad Pública. De hecho, el secretario Gertz Manero le informó a Rosario Robles que la policía capitalina estaba ayudando a la federal cuando ya las fuerzas del gobierno perredista estaban físicamente instaladas en la zona universitaria.

Juicio político Ƒal Presidente?

Con tales antecedentes, las peticiones priístas de juicio político contra Rosario Robles constituyen un desatino jurídico que rápidamente se ha pretendido ocultar. El coordinador de los diputados priístas, Arturo Núñez, al pedir juicio político contra la jefa de Gobierno, quiso rendir más servicios al régimen federal en espera de que lo hagan candidato a gobernador de Tabasco. Pero se equivocó penosamente de destinatario de sus afanes justicieros: ese proceso debería abrirse, en dado caso, contra el presidente Zedillo.

Pero no han sido esas las únicas pifias jurídicas cometidas por un gobierno dominado por economistas globalifílicos. El secretario de Gobernación, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Diódoro Carrasco, ha dicho, por ejemplo, que no hay presos políticos en México. Su optimismo se funda en la ignorancia: la doctrina jurídica considera como delitos de corte político a aquellos como terrorismo y sabotaje. Quienes son apresados por un delito de corte político son presos políticos, y los universitarios encarcelados en el operativo diazordacista más reciente lo han sido, en general, a causa de sus ideas y de sus posturas políticas.

Presos políticos y amnistía

Otro error de Carrasco ha sido desestimar la posibilidad de que se decida una amnistía en favor de los universitarios presos. Tal posibilidad no depende únicamente del Presidente de la República, sino también de los propios legisladores federales quienes, en todo caso, pueden sacar adelante una iniciativa propia sin que el mandatario se entere sino del resultado final.

Quitar banderas

Varias horas antes de iniciar, la marcha de ayer había ya comenzado a tener buenos resultados.

Con la intención de restarle banderas a la resistencia que se iba organizando, y cuya primera muestra sería la manifestación vespertina, el gobierno y la rectoría decidieron que la policía militarizada saliera de la Ciudad Universitaria y que esta demarcación fuese entregada a sus autoridades. Además, se anunciaron medi- das judiciales que van abriendo caminos para la liberación de cada vez más presos políticos.

La permanente tentación

de asociar PRD con represión

El retiro de las botas policiaco-militares de CU genera de inmediato la posibilidad de que los grupos radicalizados pretendan reinstalar el movimiento huelguístico, lo que iría evidentemente contra el amplio sentir de la población ųuniversitaria y noų que desea un pronto regreso a las actividades normales de esa casa de estudios. Por otra parte, la vuelta de los policías federales a sus cuarteles también creará la tentación de trasladar ahora los próximos conflictos universitarios (sobre todo los intencionalmente provocados) a las calles del Distrito Federal, para así lograr lo que en esta primera batalla no se pudo, que fue el asociar a la policía perredista con la represión a jóvenes estudiantes.

Por otra parte, fue numerosa y emotiva la marcha de ayer. Una parte de la gran columna estaba formada por grupos tradicionales de la izquierda y por estudiantes universitarios, que coreaban lo previsible y desplegaban carteles con las leyendas que eran esperables. Es posible que ese segmento compacto, organizado, no se haya dado plena cuenta de que por delante, en una vanguardia informal, marchó una notable cantidad de gente que no pertenecía a ninguna organización y que, ajenos a las costumbres de la izquierda clásica, simplemente caminaban, silenciosos, sin consignas ni estribillos, rumbo a la Plaza de la Constitución.

Astillas: Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas harán gira de proselitismo en Oaxaca los mismos días, hoy y mañana. El priísta tendrá en la capital y sus inmediaciones distintos encuentros con intelectuales, artesanos y periodistas. El perredista estará en la región mixteca, en Huajuapan, Tlaxiaco y Nochistlán. El viernes será el día de la mayor coincidencia: por la mañana, a las 10 horas, el PRI hará un mitin en la Alameda de León, al que pretende llevar unas 30 mil personas. Por la tarde será el mitin del perredista en la misma plaza. La concentración priísta pretende convencer al labastidismo de que no debe hacer campaña al margen de las estructuras tradicionales del tricolor ni abstenerse de los actos masivos. Los mandos priístas de Oaxaca son José Murat, como gobernador; Samuel Aguilar, como delegado nacional, y Ulises Ruiz, como presidente estatal. Ruiz fue el coordinador electoral nacional de Roberto Madrazo, y Murat fue pieza fundamental en los acuerdos que evitaron la ruptura del tabasqueño con el sinaloense. Aguilar, por su parte, es un senador cenecista que, entre otras cosas, dio una singular lucha para paliar los excesos voraces de la nueva legislación sobre seguros médicos privados... Llegó una réplica de Iván Zavala, el asesor del CGH al que la PGR liberó por considerar que no tenía nada que ver con el movimiento universitario. Mañana habrá espacio para atender esa carta.