Ť Pavel Borodin está siendo investigado por la fiscalía suiza

Lavó millones ex colaborador de Yeltsin

Ť El presidente interino del Kremlin, Vladimir Putin, protege y da inmunidad al corrupto funcionario

Juan Pablo Duch, corresponsal, Moscú, 8 de febrero Ť Pavel Borodin suele decir que le encantan las montañas de Suiza, pero quizá ya nunca más podrá volver a disfrutar los esplendorosos paisajes alpinos, al menos mientras la fiscalía suiza siga sosteniendo que dispone de elementos para considerar que el ex funcionario es pieza central de un escándalo de lavado de dinero por varios millones de dólares.

Borodin no es un presunto delincuente cualquiera ni tampoco un reconocido cabecilla de la mafia rusa, ya que era, hasta hace unos días, director general de Administración de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos al dimitido presidente Boris Yeltsin, en quien éste confió la caja chica del Kremlin.

Este "hombre de confianza" estaba al frente de un verdadero imperio económico, llamado por él con modestia "una de las empresas más grandes del mundo", pues manejaba un presupuesto anual de 5 mil millones de dólares y tenía bajo sus órdenes a 100 mil empleados.

La Administración de la Presidencia controla todas las propiedades públicas de Rusia, "desde un lápiz hasta los aviones", explicó en una reciente entrevista de prensa, y tiene una ramificada red propia de empresas e instituciones al servicio de la élite gobernante, donde no faltan hospitales, sanatorios, hoteles, edificios de vivienda, casas de campo, imprentas, sastrerías, tiendas y otras compañías.

En una palabra, un sistema de privilegios similar al que tuvo la nomenklatura soviética, pero en grande.

Muchas veces sin costo alguno o con pagos irrisorios, la Administración de la Presidencia suministra todo lo que necesite cualquier miembro --hasta cierto nivel de jerarquía-- de la Oficina de la Presidencia, del gobierno y del Parlamento.

Dos pájaros de un tiro

El uso discrecional de las prebendas fue uno de los recursos decisivos del Kremlin para influir en las votaciones de los diputados en la legislatura anterior.

Además, con una sola firma de Yeltsin, pasaron al inventario de la oficina que encabezaba Borodin todos los bienes inmuebles rusos en el exterior, que salvo las embajadas y consulados no siempre se usan para los fines con que fueron creados en los tiempos de la Unión Soviética y simplemente se rentan a particulares o fueron extrañamente privatizados.

Conviene tener presente este último dato para entender por qué Vladimir Putin destituyó a Borodin como titular de la Administración de la Presidencia, pero lo impuso como secretario de Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, un puesto ejecutivo que lo mantienen en el tinglado de la política contingente, aparte de que le otorga inmunidad diplomática.

Con esa imposición --el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, tenía su propio candidato-- Putin trata de matar dos pájaros de un tiro: por un lado se "distancia" de una figura que la vox populi involucra en la corrupción en las más altas esferas del poder en tiempos de Yeltsin y, por el otro, lo protege y le asegura una existencia tranquila.

ƑPor qué? Quizá porque Putin fue rescatado por Borodin del fracaso en que devino su labor como coordinador general de la campaña para la relección del cuestionado alcalde de San Petersburgo, Anatoli Sobchak, cuya fama de corrupto le impidió ganar en las urnas y le valió un exilio dorado en París, del cual --por cierto-- ya regresó al dar la procuraduría carpetazo a la averiguación previa que seguía en su contra.

La carrera política de Putin hubiera acabado ahí, si no fuera por la mano que le echó Anatoli Chubais, cerebro financiero de importantes grupos oligárquicos y originario también de San Petersburgo, al recomendarlo con Borodin, quien lo nombró subdirector general de la Administración de la Presidencia, encargado del manejo de las propiedades en el exterior.

De ahí, Putin fue escalando posiciones hasta llegar a la cumbre el pasado 31 de diciembre, tras la renuncia de Yeltsin.

La fiscalía suiza, durante la gestión de Carla del Ponte y ahora de Bernard Bertossa, ha logrado importantes avances en la investigación de la extraña relación de Borodin con el empresario albano-kosovense Behgjet Pacolli, naturalizado suizo, dueño de Mabetex Project Engineering S. A., con sede en Lugano.

Del Ponte fue la primera en dar a entender que encontró evidencias de que el antiguo titular de la Administración de la Presidencia rusa recibió sobornos para favo- recer a Pacolli con jugosos contratos y abrió varias cuentas millonarias en bancos suizos, usadas también para lavar dinero procedente de otros negocios oscuros.

Bertossa es de la misma opinión y sólo una filtración al influyente diario francés Le Monde echó por tierra el plan del juez suizo Daniel Devaud, quien a mediados de diciembre pasado giró una orden de aprehensión internacional contra Borodin.

Dadas las conexiones del personaje, la orden no se canalizó a través de la Interpol, sino que se pensaba hacer efectiva en el momento en que pusiera un pie en territorio suizo o algunos otros países europeos que solía frecuentar.

Devaud quiso aplicar el mismo esquema que permitió la detención de Pavlo Lazarenko, ex primer ministro de Ucrania, que fue arrestado en Suiza, aunque poco después huyó a Estados Unidos tras depositar una fianza de 4 millones de dólares.

El afán de obtener la primicia, periodísticamente justificada, hizo que Le Monde pusiera sobre aviso a Borodin, quien inició una cadena de declaraciones y desmentidos que continúa hasta la fecha.

Borodin niega las acusaciones y las atribuye a una "provocación política" que tiene su origen en la contienda electoral en Rusia. Siempre lo ha hecho.

Dijo que está detrás de la "campaña de desprestigio" el dueño del holding de medios Media-Most, Vladimir Guzinski, que apostó su futuro económico al incierto futuro político de Evgueni Primakov.

A Borodin no le gusta hablar mucho del tema de sus nexos con Pacolli. Tampoco confirma lo que es un secreto a voces: el representante en Moscú de Mabetex, Viktor Stolpovskij, registró en Suiza una empresa propia, Merkata Trading S. A., que también se benefició de contratos con el Kremlin, sin importar --o acaso gracias a ello-- que el subdirector de Merkata sea casualmente yerno de Borodin.

El cuestionado pero imperturbable Borodin considera normal que el contrato tan solo sobre el amueblado del Kremlin, adjudicado sin concurso a Mabetex, haya significado un gasto de 90 millones de dólares, exagerada cifra que no podría resistir una elemental revisión si sus jefes --los de antes y los de ahora-- tuvieran interés en llevarla a cabo.

La reacción de Putin

Borodin recibió un espaldarazo de Putin, que implícitamente refrenda la honestidad del controvertido funcionario, con su promoción al tercer cargo en importancia de los órganos ejecutivos de la Unión de Rusia y Bielorrusia.

Y para que no queden dudas, el presidente en funciones ordenó arremeter de nuevo contra el destituido procurador general ruso Yuri Skuratov, en cuya gestión comenzaron los problemas de Borodin, a instancias y --se dice-- presión del entonces primer ministro Primakov.

Skuratov, quien busca afanosamente reunir el medio millón de firmas para su registro como candidato a la presidencia de Rusia, fue citado a la procuraduría, donde uno de sus antiguos subordinados le dio a conocer los términos de una acusación formal por abuso de poder.

En el colmo del surrealismo ruso, se imputa a Skuratov haberse apropiado indebidamente de 14 trajes, que creyó regalo de Borodin cuando la procuraduría dice tener pruebas de que, en realidad, los pagó de su bolsillo Pacolli el dueño de Mabetex.