Claudia Sheinbaum y Rogelio Fournier
Política de inversión en Pemex

E l reciente cambio de dirección en Petróleos Mexicanos amerita hacer un ligero balance de la situación actual de la empresa y preguntarse si la nueva dirección está en la disposición de generar cambios que le permitan a Pemex comenzar un proceso de capitalización y desarrollo de infraestructura que disminuya la creciente importación de petrolíferos, o por el contrario, llegó para cancelar los incipientes proyectos que la anterior administración había comenzado a emprender.

A poco más de seis décadas desde la expropiación petrolera, las funciones estratégicas que le fueron asignadas a Petróleos Mexicanos (sustentadas en la premisa de energía para el desarrollo interno) están en riesgo debido, particularmente, a la política petrolera puesta en marcha y a la operación administrativa de los últimos 16 años.

En la actualidad, el sistema impositivo de Pemex, comprende, entre otras, las siguientes obligaciones: derecho sobre la extracción del petróleo y el gas natural; derecho extraordinario sobre extracción de petróleo; derecho adicional sobre la extracción del petróleo; impuesto a los rendimientos petroleros; derecho sobre hidrocarburos; impuesto especial sobre producción y servicios; impuesto al valor agregado; contribuciones causadas por la importación de mercancías e impuestos a la exportación. Ese sistema dificulta enormemente la reinversión productiva.

Como consecuencia, uno de los desequilibrios más importantes que resiente Pemex es su paulatina descapitalización. Por ejemplo, de 1991 a 1997, el gasto de inversión respecto al ingreso de la empresa registra una notable caída. Un comportamiento parecido se da en la inversión con respecto al ingreso petrolero del gobierno federal.

En términos nominales, durante el periodo 1991-1998, Pemex hizo un gasto de inversión por 0.27 billones de pesos y tuvo ingresos propios por 2.13 billones de pesos (ambas cifras calculadas a precios constantes de 1998); es decir, por cada peso invertido para capitalizar a la propia empresa, hubo un ingreso real de 7.97 pesos. De manera similar, entre 1994 y junio de 1999, transfirió al gobierno federal 0.65 billones de pesos (a precios constantes de 1998). Sintetizando, desde hace más de una década ha habido un proceso de inversión insuficiente, cuyo origen es la enorme expoliación fiscal.

Las inversiones de los últimos años en la industria petrolera han variado relativamente poco, en términos reales, ya que entre 1991 y 1998 la inversión en la industria pasó de dos mil 448 a dos mil 805 millones de dólares, con un mínimo en 1993 de mil 763 y un máximo de tres mil 247 dólares en 1997. Lo que es notable es el aumento de la asignación a Pemex Exploración y Producción, que se incrementa constantemente de 57.3 por ciento en 1991 al 88.8 por ciento en 1998, en detrimento de las actividades de transformación industrial y distribución de energéticos que disminuyeron en ese lapso de 42.7 por ciento a 11.2 por ciento.

Esta descapitalización es la causa primordial del rezago tecnológico y, sobre todo, del carácter unidimensional que hace aparecer a Pemex hoy, como una empresa dedicada casi exclusivamente a la extracción de petróleo crudo para su exportación. En efecto, si de por sí el gasto de inversión está castigado; la composición del mismo revela que la prioridad gubernamental ha sido la producción de crudo.

Para el periodo 1999-2001 se había proyectado por la administración de Adrián Lajous, una inversión programada de 75 mil 819 millones de pesos para reconfigurar las refinerías del país, entre las que se encuentran las de Minatitlán y Salina Cruz, con el objetivo estratégico de desarrollar infraestructura de refinación para el crudo Maya, el cual es difícil colocar en el mercado internacional, y con ello disminuir la importación principalmente de gasolinas.

La pregunta es si esta estrategia continuará con la nueva administración de Pemex o, por el contrario, se cancelarán los proyectos de inversión en refinerías. Este cuestionamiento no es menor. Hay quienes opinan, que la cancelación de estos proyectos estaría asociado a una política deliberada de crisis del sector petrolero, que promovería la "necesidad urgente" de la inversión privada (cualquier parecido con el sector eléctrico no es pura coincidencia).

Una de las premisas para reorientar y sanear a Petróleos Mexicanos es que el sistema impositivo vigente sea modificado paulatinamente para permitir la capitalización de la empresa, o en todo caso, permitir que parte de la renta petrolera sea destinada a la inversión en infraestructura para el desarrollo del sector. Esta situación fue planteada, en su momento, por la anterior administración de Pemex. ƑQué hará al respecto la nueva dirección de Petróleos Mexicanos?