EL PROBLEMA DE FONDO, IRRESUELTO

El desalojo policiaco efectuado ayer en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y la captura de más de 600 participantes en el movimiento estudiantil que durante diez meses mantuvo cerrada esa institución, abre perspectivas preocupantes para el futuro político del país y su desarrollo democrático, y pone en primer plano las preguntas de fondo que han venido formulándose desde que el ex rector Francisco Barnés enviara al Consejo Universitario su propuesta de Reglamento General de Pagos (RGP), génesis del conflicto.

Sin afán de minimizar los extravíos, las distorsiones y hasta las presencias sospechosas que caracterizaron al movimiento estudiantil, éste ha venido siendo la vía de expresión de un amplio sector de jóvenes de clase media baja, o menos, para quienes matricularse en la UNAM representaba la única esperanza de futuro. Esa puerta fue estrechándose en la medida en que el incremento demográfico --local y nacional-- no fue compensado con la creación de nuevos centros de educación superior. En efecto, desde la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, a principios de los años setenta, hasta ahora, el Valle de México ha duplicado su población --buena parte de ella en edad universitaria-- pero de entonces a la fecha, no hay ni siquiera planes para fundar más universidades. Por el contrario, los presupuestos de las que existen han sido sacrificados por gobiernos que han otorgado, en cambio, toda suerte de facilidades al sector financiero.

En tales circunstancias, y en un entorno económico en el que el libre mercado se traduce en desprotección de los sectores de menores ingresos, la virtual gratuidad de la UNAM, establecida de hecho más por la inflación que por la Constitución, representaba, para los jóvenes referidos la única posibilidad de ascenso social o, al menos, de esperanza en ese sentido. El RGP de Barnés, en cuya adopción desempeñó un papel clave la mezquindad presupuestal del gobierno, cancelaba o minimizaba tales expectativas. Se gestó y estalló, así, la huelga más prolongada --y ciertamente la más destructiva-- en la historia de la UNAM, paralización caracterizada por una desoladora pobreza política de todos los actores, y episodios e indicios que, reiteradamente, llevaron a poner en duda su autenticidad. El más inquietante es la coincidencia entre el acoso presupuestal a la universidad y el accionar de tendencias del CGH que a lo largo de estos diez meses parecieron buscar, más que la solución al pliego petitorio, una respuesta represiva por parte del Estado.

La que se produjo ayer tal vez permita en el corto plazo la reanudación de labores de la UNAM, pero el problema de fondo permanece irresuelto. Ciertamente, en la toma de Ciudad Universitaria no tuvieron lugar excesos policiacos como los perpetrados en periodos recientes de la historia nacional, pero sí ocurrió con el telón de fondo del manifiesto exceso penal de las imputaciones por terrorismo, motín y otros cargos absurdos contra los paristas detenidos. La liberación inmediata de los presos --especialmente la de los menores de edad-- es, por ello, una obligación política y ética de las autoridades. Si las excarcelaciones no se producen a la brevedad, y si el Estado no asume de una vez por todas su deber estratégico --si no es que obligación constitucional-- de promover la educación superior, será inevitable concluir que se ha optado por satisfacer con cárceles la necesidad y la demanda de universidades públicas.