* El ex militar tendrá que responder ante los tribunales, advierte Frei


Juez chileno declara admisible una nueva querella contra Pinochet

* El ex dictador tiene ya 58 procesos en su país * Preocupación del PSOE por la actitud de Aznar

Dpa, Afp, Ap y Reuters, Santiago, 2 de febrero * El juez especial chileno, Juan Guzmán, declaró este miércoles admisible una querella por torturas que la semana pasada le fue presentada por un abogado en representación de 643 ex presos políticos en contra de Augusto Pinochet, detenido en Gran Bretaña.

De esta manera se dará trámite al mismo delito de tortura por el cual el ex dictador permanece detenido desde 15 meses en Londres, y el cual fue el único que aceptó la justicia británica en torno a las acusaciones que en su oportunidad le hizo el juez español Baltasar Garzón en su reclamo de extradición.

El abogado querellante, Eduardo Contreras, destacó la importancia de este hecho al recordar que de los tres delitos que presentó Garzón en Londres --genocidio, terrorismo de Estado y torturas-- sólo quedó aceptado este último, e indicó que ahora en Chile "el tema de la tortura pasa a ser uno de los ejes de la investigación del magistrado Juan Guzmán".

Comentó el también ex diputado, quien estuvo asilado en México durante más de 15 años, que "hasta este momento los presos políticos, que son muchos, no se ha- bían agrupado ni organizado" como ahora lo están haciendo en su denuncia contra el senador vitalicio, ya que antes sólo "miraban desde lejos, como si las víctimas fueran sólo los muertos o desaparecidos" de la pasada dictadura militar.

Sin embargo, Contreras subrayó que con la demanda número 58 de los 643 ex presos políticos se dará comienzo a la investigación que Guzmán deberá emprender por el delito de tortura que sufrió ese grupo de personas en los distintos centros de detención, construidos por la dictadura militar a lo largo de Chile, en el periodo comprendido entre 1973 y 1978.

Explicó que la medida adoptada por el magistrado, que realiza sus investigaciones de las querellas de los familiares de las víctimas desde hace dos años, se basa en el establecimiento de un nuevo criterio en torno a la aplicación de la ley de amnistía, que los militares se autorrecetaron antes de dejar el poder, y los convenios de internacionales de derechos humanos.

Así, cuando la mayoría de los casos se hallaban cerrados por "amnistiables", un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia le dio un giro radical a la situación de los derechos humanos en el país sudamericano con una nueva interpretación de la ley de amnistía, lo que ha permitido la reapertura de algunos procesos, como ha ocurrido en relación con otros ex oficiales bajo proceso en la actualidad.

 

Amenaza presidencial

 

Por su parte, el presidente Eduardo Frei reiteró que cuando Augusto Pinochet retorne a Chile tendrá que responder ante múltiples acusaciones en los tribunales de justicia chilenos, pues subrayó que su gobierno de la Concertación Democrática garantizará que éstos puedan actuar con toda independencia e imparcialidad.

"Cuando el ex general vuelva a Chile el gobierno no va a tomar una decisión de juzgar a Pinochet. El tendrá que responder ante los tribunales de justicia", pues "eso es lo que corresponde en un Estado democrático y eso es lo que vamos a hacer", apuntó en Lima en el marco de su segundo día de gira por Perú.

Insistió el mandatario en que corresponde a los tribunales chilenos resolver en esta materia, porque "la colonia terminó hace ya casi 200 años y no reconocemos jurisprudencia extranjera".

Acotó que España no les puede dar lecciones de justicia, al mencionar el conflicto interno de ese país europeo con el grupo separatista ETA.

En el mismo tenor citó otros ejemplos, como los de la pacificación en Irlanda del Norte, la de Alemania respecto del líder kurdo Abdulla Ocalán y el de un ex genocida de judíos.

El mandatario democristiano chileno sustentó la postura de su gobierno, contraria a que Pinochet sea juzgado en España, en el hecho de que no se puede aceptar lo que definió como un "doble estándard" en la aplicación de la justicia.

Frei, quien este miércoles concluyó su visita oficial a Perú tras firmar una serie de acuerdos bilaterales, acotó que los países industrializados se niegan a aceptar la creación de un tribunal penal internacional tras argumentar que cederían soberanía, y se preguntó entonces por qué ellos sí tendrían que renunciar a ella.

Mientras tanto, el candidato presidencial por el Partido Socialista Obrero Español, Joaquín Almunia, expresó a su vez su preocupación por la actitud "contradictoria" que ha mantenido el gobierno de José María Aznar durante todo el proceso contra Pinochet, por lo que dijo que deberá asumir las consecuencias ante la posible liberación del ex dictador.

En entrevista con el diario chileno La Segunda, el dirigente político español dijo sentirse optimista no obstante que la Alta Corte británica vuelva a rechazar el recurso presentado por Bélgica y seis organismos humanitarias, al considerar que en el caso Pinochet se ha dado un avance que permitirá seguir adelante, ya que "nunca más será posible la total impunidad de aquellos que torturan y matan".