* Investigan a ex colaboradores de Menem


Alcanza Argentina un acuerdo crediticio stand by con el FMI

* Amenaza la CGT con protestas contra el gobierno de De la Rúa

Afp, Dpa, Reuters y Ap, Buenos Aires, 28 de enero * Argentina alcanzó este viernes un acuerdo crediticio stand by a tres años con el Fondo Monetario Internacional (FMI), informó el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, que en los próximos días presentará las primeras denuncias formales por presuntas irregularidades administrativas contra altos funcionarios que se desempeñaron en el gobierno del ex presidente Carlos Menem.

El vicepresidente Carlos Chacho Alvarez anunció el acuerdo logrado con el FMI, pero dijo que será en las próximas horas cuando se difunda el monto del crédito contingente, aunque versiones periodísticas locales afirmaban que sería por 5 mil millones de dólares.

Alvarez precisó que el acuerdo con el organismo crediticio no condiciona al gobierno argentino porque se basa en un programa económico elaborado por el Poder Ejecutivo y que impulsará la recuperación económica del país, el acceso a mercados internacionales y las posibilidades de que se consoliden las metas de crecimiento que se tienen para este año.

Sin embargo, la carta de intención que será firmada dentro de 15 días incluiría, entre las metas a cumplir este año, un déficit público de 4 mil 500 millones de dólares, en tanto que se prevé un crecimiento de entre 3.5 y 4 por ciento.

Mientras, las demandas contra los ex funcionarios serán elevadas a la justicia por la Oficina Anticorrupción, organismo creado por el actual gobierno y que ya avanzó en las investigaciones de unos 50 casos de delitos presuntamente cometidos por integrantes de la administración Menem, informó anoche el vicepresidente Alvarez.

Hasta ahora el único funcionario del anterior gobierno procesado es Víctor Alderete, quien dirigía el Programa de Asistencia Médica Integral --organismo que atiende las necesidades de salud y asistenciales de unos 4 millones de jubilados y pensionados--, sobre quien pesan unas 60 demandas judiciales por diversas irregularidades administrativas y acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Ahora, la controvertida ex secretaria del Medio Ambiente María Julia Alsogaray, y la ex secretaria de la Función Pública Claudia Bello, serían denunciadas por supuestos pagos de sobornos de hasta mil por ciento de los servicios contratados por sus oficinas, señaló este día el periódico bonaerense Clarín.

José Massoni, titular de la Oficina Anticorrupción, advirtió este viernes que las investigaciones a los diversos ex funcionarios podrían desembocar en el encarce- lamiento de los presuntos involucrados, lo que dependerá en gran medida del desarrollo del proceso.

Massoni sostuvo que se están investigando más "agujeros negros" dentro del Estado, pero se negó a precisar en qué áreas, aunque adelantó que se trata de funcionarios de nivel medio y alto.

Por lo pronto, el presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, Víctor Ramos, presentó un recurso de amparo ante la justicia federal para impedir que el actual gobierno lo remueva de su puesto por haberse afiliado al opositor Partido Justicialista (peronista).

No obstante, el ministro del Interior, Federico Storani, anunció durante la víspera que De la Rúa firmará un decreto para separar a Ramos de su cargo por "ineficiente gestión", su falta de apoyo a entidades privadas y numerosos reclamos que se han recibido en su contra.

En el ámbito laboral, la Confederación General del Trabajo advirtió que se organizarían medidas de protesta contra el proyecto de flexibilización laboral, mientras que el sindicato de camioneros amenazó con comenzar una huelga general que provocaría desabasto, en protesta por las últimas alzas de combustibles y por las asimetrías con Brasil en materia de costos.

Empresarios y sindicalistas del transporte de carga advirtieron públicamente que "el sector está en estado de alerta", pero no mencionaron fecha de las medidas de fuerza seguramente a la espera de una respuesta gubernamental.

El líder de la Central Nacional del Transporte, Mario Romero, afirmó que "el paro es como la muerte: en algún momento llega si no hay solución", mientras que el titular de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga, Rubén Agugliaro, criticó la nueva alza de combustibles del pasado fin de semana.