* No tomar represalias, pide líder de la Conaie
Está bajo arresto un grupo de coroneles ecuatorianos
* Investigarán su grado de participación en la rebelión indígena
Afp, Ap y Reuters, Quito, 27 de enero * Un grupo de coroneles del ejército ecuatoriano está bajo arresto para ser investigado sobre su grado de participación en la rebelión indígena que derivó en el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad por un golpe militar el viernes pasado, confirmaron hoy fuentes castrenses.
El jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, general Telmo Sandoval, confirmó las versiones de prensa según las cuales se encuentran detenidos los coroneles Lucio Gutiérrez, Fausto Cobo, Gustavo Lalama y Jorge Brito, aunque el periódico El Comercio llega a hablar de 10 coroneles arrestados.
Gutiérrez fue arrestado el sábado, cuando la rebelión indígena fue sofocada, mientras que los otros tres fueron detenidos el martes, informaron sus familiares, quienes, aseguró Sandoval, "gozan de todas las garantías (procesales)".
Aunque oficialmente se ha mencionado que los arrestados son cuatro coroneles, una fuente del Ministerio de Defensa reveló que "hay también 12 tenientes coroneles bajo arresto" y, además, "se investiga a otros 300 (oficiales) para determinar su participación".
Según la justicia militar, los involucrados en la asonada cívico-militar podrían ser dados de baja y recibir penas de cárcel de entre seis y ocho años si se les encuentra culpables de delitos que van de la insurrección a la desobediencia militar.
Los militares arrestados apoyaron la rebelión indígena que se inició con la toma del Parlamento y culminó con la formación de una Junta de Salvación Nacional integrada por el coronel Gutiérrez, el líder indígena Antonio Vargas y el ex magistrado Carlos Solórzano.
Casi de inmediato, la cúpula de las fuerzas armadas retiró su respaldo a Mahuad, y en la noche del mismo viernes, tras una negociación de los militares insurrectos y los indígenas con el comando conjunto de las fuerzas armadas, se constituyó un triunvirato integrado por el general Carlos Mendoza, quien era entonces ministro encargado de Defensa, y Vargas y Solórzano.
Empero, Mendoza renunció al triunvirato en la madrugada del sábado para permitir la llegada al poder del hasta entonces vicepresidente Gustavo Noboa.
Según el general Sandoval, los militares estaban dispuestos incluso a realizar una proclama para asumir el poder por unas horas, hasta que los ánimos se calmaran, para poder entregar así el mando a Noboa.
El diario El Universo, de Guayaquil, señaló este jueves que "fuentes militares consultadas por este medio dijeron que si no existe una amnistía para los militares involucrados en la asonada, la institución (armada) puede entrar en una espiral de desacuerdos y agitación, cuyas consecuencias pueden ser incalculables".
Vargas, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, exigió hoy al gobierno que no tome represalias contra los insurrectos, porque ésta sería "la única garantía para entrar en una tregua política y en un proceso de diálogo con el gobierno, en función de evitar un nuevo levantamiento social".
Lo anterior coincidió con una propuesta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que exhortó al presidente Noboa a mantener un "diálogo abierto" con todos los sectores para fortalecer el desarrollo social, político y económico de Ecuador.
Entre tanto, Noboa logró un fuerte espaldarazo para el plan de dolarizar la economía --presentado por Mahuad-- al integrar a su gobierno a dos colaboradores claves, el superintendente de bancos Jorge Guzmán, quien ahora es ministro de Finanzas, y el economista y diputado democristiano Pedro Pinto, designado por el Congreso como vicepresidente.
A estas designaciones se unió la del empresario minero Pablo Terán en el Ministerio de Energía y Minas, donde se comprometió a impulsar la inversión privada en las áreas eléctrica y petrolera, en tanto que el Banco Central ecuatoriano anunció la unificación de las tasas de encaje bancario para sucres y dólares.
Ecuador se debate en la peor crisis económica del siglo, que se traduce en el mayor índice inflacionario de América Latina y en una contracción de la economía de casi 8 por ciento, así como en un índice oficial de desempleo de 17 por ciento.