SG: AMAGO A LA CENSURA CINEMATOGRAFICA

En esta edición se da a conocer un anteproyecto de reglamento para la nueva Ley Federal de Cinematografía, elaborado en la Secretaría de Gobernación, y que contiene previsiones plausibles, pero también artículos inaceptables. Entre las primeras figuran la proyección sin interrupciones en las salas de cine, así como la proscripción de anuncios de alcohol o tabaco en funciones de cintas aptas para niños y adolescentes. Pero, al mismo tiempo, el documento establece lineamientos discriminatorios para películas en las que se presente lenguaje "procaz", "actividades claramente sexuales", escenas de violencia o consumo de drogas; tales cintas no podrían beneficiarse con la disposición que busca proteger a la industria cinematográfica nacional y que establece la obligación para los exhibidores de programar al menos 10 por ciento de sus funciones con cintas mexicanas.

Adicionalmente, el anteproyecto dispone, en un espíritu abiertamente censor, que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) tendría que negar autorización a películas que "no se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral públicas y a la dignidad personal o ataquen los derechos de terceros, provoquen a la comisión de algún delito, perturben el orden público o que para cuya filmación se haya cometido una infracción". Tampoco obtendrían autorización las cintas que contengan escenas denigrantes u ofensivas para el culto de los héroes o para las creencias religiosas, así como las que sean discriminatorias en lo racial, realicen apología del crimen o contengan escenas de pedofilia, zoofilia, necrofilia, o defiendan, disculpen o aconsejen vicios.

Es claro que cualquier mentalidad estrecha -y las de los burócratas que se dedican a la censura ciertamente lo son- podría proscribir, amparándose en semejante reglamento, nueve de cada diez películas producidas en el país, y no pocas de las obras maestras de la cinematografía universal: si semejante documento resultara aprobado y aplicado por individuos de criterio obtuso, los cinéfilos tendrían que despedirse de casi la totalidad de los filmes de producción nacional y también, por supuesto, de Visconti, de Pasolini, de Buñuel, de Scola, de Fellini, de Bergman, de Allen, de Wajda, de Tarantino, de Jankzó, de Kubrick, de Greenaway, de Spielberg y hasta de George Lucas, entre muchos otros.

El documento en cuestión es, pues, un insulto a la inteligencia, a la libertad de expresión y a los derechos esenciales de la ciudadanía, originado en deplorables actitudes que permanecen agazapadas en la administración pública, acaso similares a las que, hace unas semanas, pretendieron sabotear la exhibición de La ley de Herodes. La pretensión de atribuir semejante poder discrecional a la policía moral -como podría definirse al conjunto de censores hipotéticos- sobre lo que pueden y no pueden ver los individuos constituye un grotesco contrasentido en el entorno social, político y humano de la sociedad mexicana del año 2000.

La promoción de valores éticos y de actitudes cívicas es, ciertamente, una tarea necesaria, y está en el debate público el presunto papel de los medios como inductores de actitudes violentas y antisociales. Pero esas consideraciones de ningún modo justifican la pretensión de que sean los censores oficiales quienes realicen esa promoción y resuelvan ese debate. Ello implicaría una usurpación totalitaria de la libertad y la conciencia personales.