* Están implicados en la desaparición de dos opositores en 1977, denuncia
Interrogaría juez argentino a 2 oficiales paraguayos
Afp, Ap, Dpa y Reuters, Buenos Aires, 21 de enero * El juez federal argentino Juan José Galeano solicitó autorización al gobierno de Paraguay para interrogar al coronel Benito Guades y al capitán de fragata Laudo Sosa quienes habrían participado en la desaparición de dos opositores argentinos en 1977, detenidos en territorio uruguayo y entregados a militares argentinos en el marco de la OperaciónCóndor.
De acuerdo con las denuncias judiciales, Guades y Sosa fueron quienes trasladaron a Dora Marita Landi Gil y Alejandro Logo Luzzo a Argentina y los entregaron a las fuerzas armadas. La intención del juez Galeano es viajar a Paraguay para interrogar a los oficiales paraguayos sobre la fecha del traslado, el transporte que se utilizó, al parecer un avión, y otros datos que permitan establecer el destino de Landi y Logo Luzzo. Las investigaciones de este caso comenzaron desde 1993.
El caso Cabezas
En otro proceso judicial, los fiscales encargados del caso sobre el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido el 25 de enero de 1997, pidieron el jueves condenas de cadena perpetua contra siete de los acusados, entre ellos tres ex policías, y acusaron al empresario Alfredo Yabrán como el instigador principal del crimen.
El fiscal Felipe de Felitto afirmó que las pruebas demuestran que "Yabrán fue quien dio la orden de matar a Cabezas, Gregorio Ríos (jefe de seguridad del empresario) se ocupó de instigar al ex oficial Gustavo Prellezo para que cumpliera la orden". Yabrán, cercano al ex presidente Carlos Menem, se suicidó en 1998.
El fallo final se dará a conocer en una semana en la ciudad de Dolores, 200 kilómetros al sur de la capital, y en los próximos días los tres jueces escucharán los alegatos de la defensa. Otros acusados son los ex policías Sergio Camaratta y Aníbal Luna, además de los civiles Horacio Braga, Sergio González, Héctor Retana y José Luis Auge.
En marcha campaña anticorrupción
En tanto, el presidente argentino, Fernando de la Rúa, puso en marcha una campaña anticorrupción, después de que un informe de la organización Transparencia Internacional (TI) colocó a Argentina en el lugar número 71 en corrupción.
El vicepresidente, Carlos Chacho Alvarez, declaró que esa puntuación es "vergonzosa" y responsabilizó de ella a la administración de Carlos Menem. La lista de TI da el número uno al país menos corrupto hasta llegar a 99 que es la nación que registra un mayor nivel de corrupción.
En una reunión con los miembros de su gabinete en la residencia presidencial de Los Olivos, el mandatario exigió a los funcionarios públicos de todo el país que "observen la máxima autoridad, no acepten obsequios o prebendas y denuncien cualquier acto de corrupción", y también les pidió que reflexionen sus declaraciones a la prensa "porque todo lo que cada uno dice influye sobre todo el gobierno".
De acuerdo con una encuesta de la empresa privada Mora y Araujo, De la Rúa cuenta con 68 por ciento de la aprobación ciudadana, y 84 por ciento se declaró a favor de la reforma laboral impulsada por el gobierno, a la que se oponen los sindicatos, y que prevé extender el periodo de prueba para los trabajadores de uno a seis meses, reducir los aportes patronales para generar empleos y la renegociación de los contratos colectivos de trabajo.
El gobierno citó dicha encuesta para descalificar una reunión entre dirigentes sindicales y la Iglesia católica.
En ese encuentro, el líder de la Confederación General del Trabajo, Rodolfo Daer, solicitó la intervención de Conferencia Episcopal Argentina para que actúe como mediador entre los gremios y el gobierno, mientras los dirigentes del Movimiento de Trabajadores Argentinos amenazaron con efectuar paros y movilizaciones si el Congreso aprueba la iniciativa.