* Enfrentan denuncia
Se amparan los dirigentes de la Cadena Maíz Tortilla
Angélica Enciso * Los dirigentes del club Cadena Maíz Tortilla que el lunes ''sugirieron'' un incremento en el precio de la tortilla de 14 por ciento, se ampararon frente a la denuncia penal presentada el miércoles por la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) en la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, fuentes de la agrupación afirmaron que la molestia de las autoridades es básicamente porque su meta de inflación para este año de 10 por ciento no se cumpliría con el aumento al precio de la tortilla, ya que este significa 3 por ciento más de lo estimado.
En su denuncia, la CFCE pidió que se sancione a los industriales con multas que podrían ser de 375 mil veces el salario mínimo o prisión de tres a diez años, de acuerdo con lo que establece el artículo 253 del Código Penal del Distrito Federal en materia de fuero común.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el club al hacer el anuncio de que a 700 industrias de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se les sugería un aumento de 14 por ciento, se cuidó que fuera en el marco de la ley, por lo que el delito de monopolio que se les imputa a los industriales no procede. Añadió que esas industrias representan el 8 por ciento de las 12 mil instalaciones que se ubican en esta región consideraron.
También tramitan un amparo para la industria de la masa y la tortilla, frente a las clausuras que se han comenzado a efectuar a las instalaciones agrupadas en el club y que están incorporadas al programa de Masfresca.
En la ZMCM se han clausurado y multado unas 15 tortillerías, pero en ninguno de los casos ha sido por el precio ya que éste no está controlado y tampoco se ha usado ese argumento para proceder a cerrar los negocios. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza las clausuras o multas a los molinos o tortillerías por hechos como el que una báscula no esté calibrada, pero no por violar el precio.
Personas consultadas señalaron que se busca atemorizar a los industriales con la campaña, pero no hay aspectos legales que lleven a sanciones por incrementar el precio del alimento que ya fue liberado.