* Víctor Rodríguez Padilla* *

ƑQué le pasa al PRD?

Algunos de los planteamientos del PRD respecto a lo que haría si llegara a formar gobierno son decepcionantes, cuestionables o francamente inaceptables. Es el caso de la plataforma en materia de energía, que no respeta principios mínimos de cuidado, responsabilidad, estructuración y congruencia con los intereses que dice representar dicho partido. Explícita o implícitamente, se avala o acepta la privatización de algunas actividades que el artículo 27 constitucional reserva exclusivamente para el Estado.

Aprobado durante el V Congreso Anual el pasado 27 de noviembre, el Programa de Gobierno 2000-2006; un nuevo rumbo para México, plantea que ''Las industrias productoras de petróleo y de energía eléctrica deben operar en función del interés público, lo cual no impide la participación regulada del capital privado en el sector, en la división de la petroquímica secundaria, salvaguardando la exploración, explotación y refinación en manos del Estado'' (página 37). O sea, que el PRD no ve inconveniente en ceder al sector privado transporte, almacenamiento, distribución y comercialización interna y externa de productos petrolíferos. Ello es contrario al espíritu de la Carta Magna, y a todo lo que ha venido afirmando ese partido, en principio de izquierda y nacionalista.

En 1994 el PRD se opuso a que se dividiera la petroquímica en básica y secundaria por considerarlo artificial y tramposo. Ahora acepta la mañosa reclasificación diseñada por Carlos Salinas, que permitió la apertura total de esa industria a la inversión privada, así como la puesta en venta del 49 por ciento de los complejos de Pemex. En 1995, el PRD se opuso a la privatización de la industria del gas natural, impulsada por el presidente Ernesto Zedillo bajo el falaz argumento de que las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de ese energético no son parte de la industria petrolera y, por lo tanto, no aplican los preceptos constitucionales. Ahora, el PRD deja fuera del interés público al gas natural, dando a entender que esa industria puede quedar integralmente en manos privadas, tal como desea el Banco Mundial y las trasnacionales de la energía.

En adelante, para el PRD ''la inversión privada, en sus distintas modalidades, es aceptable en generación, a condición de que aumente la capacidad de producción eléctrica'', precisando que ''las inversiones procedentes de fuentes privadas debieran orientarse a nuevos proyectos, no a la compra de las plantas existentes y en ningún caso a las hidroeléctricas'' (páginas 37-38). La formulación del primer planteamiento contraviene lo establecido en el artículo 27, que señala: ''Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines''. La precisión secundaria es, ni más ni menos, la propuesta que hizo el PRI en el Senado, el adversario al que supuestamente critica y enfrenta.

En 1992, el PRD se opuso a la apertura de la generación de electricidad, pactada con Estados Unidos durante las negociaciones del TLCAN. Ahora no sólo acepta los cambios que sufrió la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, sino que, convertido en gobierno (ciudad de México), se sienta en ellos para encargar a una empresa privada la construcción de una central que permitiría contrarrestar la sangría presupuestal que le aplica la Secretaría de Hacienda con tarifas eléctricas leoninas. Ahora el pragmatismo pasa por encima de los principios.

El PRD, junto con decenas de organizaciones sindicales y sociales, se ha opuesto férreamente a la iniciativa de reforma constitucional enviada al Congreso por el presidente Zedillo, mediante la cual busca desmantelar y privatizar la industria eléctrica. Ha impulsando la movilización de cientos de miles de ciudadanos en distintas latitudes del país, generando una presión social que ha impedido, hasta el momento, el avance de esa iniciativa.

ƑPor qué el PRD busca suavizar su posición con respecto al manejo del sector energético? ƑEstrategia pragmática pero aparentemente necesaria ante las circunstancias, las perspectivas a mediano plazo o por las alianzas aún posibles? ƑReacción ante un proceso electoral destinado a ser altamente competitivo? ƑObtención de votos de calidad (Wall Street, Washington, FMI...), aunque ello signifique sacrificar votos en las urnas? Y no se trata de un desliz o un error, porque más de 25 senadores y diputados de la fracción se manifestaron por una enmienda --no obtenida-- al documento de marras. Una parte del electorado exigimos mayor claridad y congruencia a un partido que dice defender los verdaderos intereses nacionales.

* Profesor de la UNAM