* Su respuesta a la extradición de 4 vascos es política, según el Centro Pro
Sin validez jurídica, versión de la PGR sobre ETA
* El primer visitador de la ONG considera que Zedillo trata de fortalecer vínculos con España
Triunfo Elizalde * La respuesta de la Procuraduría General de la República en torno a la extradición de los cuatro vascos "es una declaración política y no jurídica, puesto que no es producto de una investigación", aclaró ayer Rafael Alvarez, primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien dijo que esta ONG ha "hablado de indicios suficientes para ser investigados por la autoridad".
Dirigiéndose a las autoridades españolas expresó: "La petición que hacemos al Estado español es que no traiga la guerra a México. Allá existe un conflicto que debe ser resuelto por las vías políticas y pacíficas, no mediante la persecución y tortura, pasando por encima de la soberanía nacional y nuestras leyes".
Reveló que los abogados defensores de Josu Gotzon Larrea, Miguel Santiago Izpura, José Angel Ochoa y Mikel Arrieta enviaron por fax copias de sus declaraciones ante jueces españoles, en las que ratifican la denuncia de "malos tratos y tortura física y sicológica sufrida durante su detención, traslado al Estado español y posterior consignación". De hecho, Arantza Zulueta y José Miguel Goristiza defienden a Larrea e Izpura, y Txema Matanzas y Ainoha Bablieto a Ochoa y Arrieta.
Josu Gotzon Larrea, dicen sus defensores, "en su declaración ante el juez" manifestó haber sido detenido por tres individuos "que no se identificaron", quienes luego de ponerlo en el piso de un coche lo golpearon en la cabeza, cara y espalda; le rompieron uno de sus zapatos y tuvo que andar semidescalzo. "En un momento dado, le introdujeron el cañón de una pistola en la boca", y los malos tratos "continuaron una vez que fue puesto en manos de la policía española". Por su parte, Miguel Santiago Izpura "negó la declaración que hizo mientras permaneció incomunicado en manos de la policía española".
En los casos de Ochoa y Arrieta, el primero negó ante el juez la declaración hecha ante la policía española y aseguró haberse visto obligado a ello por las presiones sicológicas recibidas. Arrieta no hizo declaración en la comisaría, y ante el juez denunció haber sido sometido a varios interrogatorios. Niega haber sido miembro de ETA y, sobre todo, haber participado en actos terroristas.
En su oportunidad, Rafael Alvarez aseguró que el Centro Pro Juárez tiene conocimiento de que agentes policiacos extranjeros "operan impunemente en nuestro país, sin concierto ni mucho menos acuerdos oficiales con la PGR, como lo demostró la Operación Casablanca, por lo que afirmar que en México no trabajan investigadores externos es querer tapar el sol con un dedo".
Dicho humanista acepta: "podría ser cierto que la embajada de España en México no tiene conocimiento de actividades de la policía española en nuestro país, como sucedió en Francia con el grupo antiterrorista Liberación, que se supo operaba a espaldas y sin financiamiento aparente de la representación diplomática española, y que cometió homicidios y detenciones de muchos vascos radicados en esa nación".
No son materia de tributo
De la entrega de los cuatro vascos por parte de México a autoridades españolas, Alvarez hizo notar que con motivo de la próxima visita de Zedillo a Suiza, Francia y España, que habrá de efectuarse entre el 26 de este mes y el 2 de febrero, "las entregas podrían estar relacionadas con el interés del gobierno mexicano de fortalecer las relaciones económicas y políticas con el Estado español, por lo que creemos que los refugiados vascos no deben ser considerados como materia de tributo a autoridades extranjeras".