* Estricta vigilancia a partir del 15 de febrero
Bajo la lupa de diputados, los gastos de servidores públicos
* Supervisarán todas las percepciones, incluso del Presidente
* Operarán candados contra desvío de recursos a las campañas
David Aponte y Ciro Pérez Silva * Los salarios, prestaciones, bonos y compensaciones del Presidente de la República, secretarios de Estado, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces, consejeros electorales y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estarán bajo la lupa de la Cámara de Diputados a partir del 15 de febrero.
Los representantes de los tres poderes de la Unión deberán publicar el próximo mes en el Diario Oficial de la Federación toda la información sobre cada rubro de sus percepciones netas, de acuerdo con los candados aprobados en el Congreso para el Presupuesto de Egresos del año 2000.
Antes del 31 de enero, el gobierno federal tendrá que dar a conocer los lineamientos generales para los gastos en publicidad y las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, so pena de que retiren cualquier estímulo o bono a los funcionarios públicos.
Con esto, la Cámara de Diputados pretende evitar que los recursos sean destinados a la renovación del parque vehicular, comidas, gastos de representación y otras prestaciones de los funcionarios, que a juicio de los diputados son "onerosas y suntuarias".
En entrevista, el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del órgano legislativo, el perredista Ricardo García Sainz, explicó que el Congreso ha ido avanzando de manera ininterrumpida para elevar la seguridad jurídica del ejercicio presupuestal y eliminar las facultades discrecionales del Ejecutivo, dando a la reasignación de partidas criterios claros para el uso de los excedentes derivados de la recaudación.
El legislador reconoció que hay una diferencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto a los lineamientos de austeridad:
"En nuestra versión de austeridad, el gobierno tiene grandísimos márgenes para gastos suntuarios, como viajes, comidas, asistentes, colaboradores, consultores y regalos", dijo.
A manera de ejemplo, destacó que en la última reunión de la OCDE, la Secretaría de Hacienda pagó a toda la delegación mexicana y a algunos invitados extranjeros una cena en uno de los restaurantes más prestigiados de París, "gasto que para los funcionarios puede entenderse como una rutina de trabajo, pero que desde otro ángulo es un gasto suntuario, innecesario y dispendioso".
La Cámara de Diputados envió a los poderes Ejecutivo y Judicial el calendario para la entrega de información del gasto social, de publicidad y de las percepciones de funcionarios, que debe aplicarse el presente año con motivo del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para el ramo de gastos destinados al combate de la pobreza, emplazó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) para que, a partir del 15 de febrero, entregue las reglas de operación de todos los programas como Progresa, Fidelist, Empleo Temporal y Diconsa, entre otros, para garantizar que no haya manejos electorales en su aplicación.
Asimismo, solicitó a la dependencia que haga una evaluación periódica sobre el uso de los recursos y de los beneficios económicos y sociales que generan los programas de combate a la pobreza.
La Sedeso deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el padrón de los beneficiarios, un mapa de las regiones prioritarias y los indicadores de pobreza para cada estado y municipio, conforme a los cuales distribuirá los recursos.
A su vez, la Cámara de Diputados tendrá que coordinarse con las legislaturas locales para dar seguimiento al ejercicio de los recursos reasignados a cada una de las entidades federativas.
En materia de ingresos, el órgano legislativo informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que a partir del 31 de enero deberá dar a conocer a la opinión pública la estimación trimestral de la recaudación para el ejercicio fiscal del 2000, los derechos sobre extracción de petróleo y los excedentes de la venta del crudo.
Durante este año, considerado importante por las condiciones políticoelectorales, la Cámara de Diputados estableció candados para el gasto de publicidad, a efecto de evitar su desviación.
Bajo esos criterios, la Secretaría de Gobernación deberá hacer del conocimiento del Congreso las normas y lineamientos generales para los gastos en publicidad, muchos de ellos considerados como innecesarios, como el caso de Pemex, que promociona sus productos a pesar de ser el único distribuidor en el país.
Por otra parte, las secretarías de Hacienda y de la Contraloría deberán elaborar las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y darlas a conocer antes del 29 de febrero. En caso contrario, no habrá estímulos ni compensaciones para los servidores públicos.
En el mismo caso estarán los responsables de los poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Federal Electoral y la CNDH.
A partir de este año, los representantes de los tres poderes de la Unión se verán obligados a informar a la opinión pública sobre la totalidad de sus percepciones monetarias netas, incluyendo salarios, estímulos al desempeño y compensaciones. Además, harán transparentes las disposiciones a las que estará sujeto el otorgamiento de los estímulos de productividad, eficiencia y calidad en el desempeño.
Con los nuevos lineamientos, el Presidente de la República y su gabinete, los diputados y senadores, los ministros de la Corte, los magistrados y jueces del Poder Judicial, los consejeros de la Judicatura Federal, los consejeros electorales del IFE y el presidente de la CNDH, así como los demás servidores públicos, mandos medios y superiores "deberán dar a conocer los límites máximos netos mensuales de estímulos por puesto, así como las demás compensaciones y cualquier otro tipo de ingresos que formen parte de sus remuneraciones".
Estas disposiciones forman parte del decreto aprobado el pasado mes de diciembre en la Cámara de Diputados, en el que se establecieron candados para evitar que en este año electoral se desvíen recursos hacia las campañas de los aspirantes a la Presidencia de la República.