* Garzón presentará una objeción formal ante el Tribunal Supremo
Confirma Madrid que no apelará si Londres libera a Pinochet
* Ambivalente y dudosa, la posición de Aznar: PSOE * Oran en Chile por el regreso del ex dictador
Armando G. Tejeda, corresponsal, y agencias, Madrid, 20 de enero * El gobierno de España confirmó este jueves que no apelará una posible decisión de Gran Bretaña de liberar a Augusto Pinochet, al desestimar la petición del juez Baltasar Garzón de transmitir el recurso a los fiscales británicos.
"Sea cual sea" la decisión que adopte el ministro británico del Interior, Jack Straw, España no la recurrirá, aseveró durante una visita oficial a Túnez el ministro español de Relaciones Exteriores, Abel Matutes, el que dio por hecho que el recurso de apelación "no tiene posibilidades de prosperar" y "no tendría efectos prácticos".
Tras señalar que la decisión corresponde al Ejecutivo británico, en alusión a que será una medida política y no judicial, Matutes explicó que el gobierno conservador de José María Aznar no apelará porque además "hemos acordado con Chile que no tomaríamos una posición que pudiese afectar negativamente nuestras relaciones".
Al anunciar la decisión de Madrid de bloquear el intento de Garzón --que instruye el proceso contra el senador vitalicio-- de interponer una apelación inmediata si Straw decide liberarlo, el canciller consideró como "puramente académica" la presentación del eventual recurso de revisión del caso.
El portavoz del Ejecutivo español, Josep Piqué, reiteró también que "si no surgen elementos nuevos, no se va a recurrir", y recordó que el gobierno anticipó que "respetará la decisión política que tome el ministro Straw desde su responsabilidad y la discrecionalidad que le corresponde", pues él tiene como facultad la última palabra.
Pero Garzón, quien durante la víspera remitió al gobierno de Aznar su petición para que se pida a la fiscalía británica agotar todos los medios de impugnación para posibilitar la extradición a España del otrora jerarca militar, se apresta a responder presentando una objeción formal ante el Tribunal Supremo.
Fuentes judiciales dijeron que en la impugnación el juez Garzón, que es respaldado por numerosas organizaciones de derechos humanos y asociaciones de juristas, instará al gobierno de Aznar a respetar el proceso judicial en marcha, pues considera que éste tiene la obligación de acatar las decisiones judiciales.
En medio de esta disputa de si el gobierno español está obligado o no a acatar las decisiones del magistrado, el Partido Socialista Obrero Español condenó la actitud del gobierno por negarse a dar seguimiento a Londres de la demanda de apelación pedida por Garzón, y calificó tal postura de "ambivalente, dudosa y errónea".
Uno de los abogados de la acusación, Joan Garcés, reiteró la legalidad de la apelación en caso de que al ex dictador se le conceda la libertad.
Apuntó que si el gobierno no lo permite significará una interferencia política a la independencia judicial, y que eso sería tanto como "si interfiriese para impedir el juicio contra un traficante de drogas".
En Londres, un vocero del Ministerio británico del Interior reiteró que "las partes interesadas serán notificadas un día antes acerca del momento en que se revelará la decisión" en torno a la suerte de Pinochet, ya que "en un proceso judicial todo tiene que ser justo y equitativo; todas las partes conocerán al mismo tiempo la decisión".
Serán informados con 24 horas de anticipación la acusación, la defensa, los organismos de derechos humanos, el gobierno chileno, España, Francia, Bélgica y Suiza, que reclaman la extradición del acusado, en lo que se interpreta como una medida para tratar de evitar que unos vayan corriendo al aeropuerto y otros se precipiten al Alto Tribunal para tratar de impedir su salida hacia Chile.
Sin embargo, prevalecía la confusión en torno a si las 24 horas previas serán para informar de la fecha del anuncio o para informarles ya de la decisión tomada, antes de que se haga pública a la prensa. En cualquier caso, se estima que el asunto se conocerá a más tardar la próxima semana.
En tanto que los allegados de Pinochet señalaban que su caudillo se encuentra bien y como todo mundo "espera", el canciller belga, Louis Michel, solicitó a su homólogo británico, Robin Cook, la práctica de un nuevo examen médico al ex gobernante de facto chileno, acorde con un nuevo equipo médico y en presencia de un forense belga.
En paralelo, el juez francés Roger le Loire formuló un exhorto internacional en reclamo de una copia de los estudios médicos realizados en Londres al anciano ex militar a fin de que puedan ser analizados, pues Straw concluyó que el acusado estaba impedido de resistir un juicio en España.
Asimismo, Le Loire subrayó ante las autoridades británicas la importancia de poder interrogar al imputado.
En tanto que en Santiago unos 500 seguidores del ex militar oraban por su liberación, Fabiola Letelier --hermana del asesinado ex canciller socialista Orlando Lete- lier-- asentó que si el ex dictador es liberado se causará un "enorme daño" a los familiares de las víctimas de la dictadura.
Pero la coordinadora general de la Unesco para la Juventud, la brasileña Helena Henriques, se declaró convencida de que el nuevo presidente chileno, Ricardo Lagos, someterá a juicio a Pinochet.