* Tormentosa comparecencia de Jorge Madrazo Cuéllar ante senadores
El secreto del operativo narcofosas, "por falta de credibilidad en las autoridades"
* La PGR trabaja a la defensiva; policías y jueces filtran datos y traicionan, se justificó el funcionario
Andrea Becerril y José Galán * Acosado por cuestionamientos de senadores de PRD y PRI y del independiente Adolfo Aguilar Zínser, el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, reconoció que no hay credibilidad ni confianza en las autoridades mexicanas encargadas de impartir la justicia, y por ello la absoluta confidencialidad con que se manejó el operativo en busca de cementerios clandestinos en Ciudad Juárez.
"Tenemos que trabajar a la defensiva", agregó Madrazo, porque hay elementos de la Policia Judicial Federal y otras corporaciones, e incluso jueces, que "traicionan" y filtran datos a los medios de comunicación, pero sobre todo a las organizaciones criminales, entre ellas al cártel de los Carrillo Fuentes. De ahí que ni la Secretaría de Relaciones Exteriores fuera notificada de la operación.
El titular de la PGR finalmente compareció ayer ante integrantes de cinco comisiones del Senado de la República y pese a que tuvo más de un mes para preparar el encuentro, no salió bien librado. Priístas y opositores lo cuestionaron a fondo por el "escandaloso" número de agentes de la FBI que intervinieron en la investigación de Ciudad Juárez, y contra su afirmación reiterada, le hicieron notar que se violó la soberanía nacional y se abrió la puerta a Estados Unidos para que intervenga en territorio mexicano so pretexto de ayudar a combatir el narcotráfico.
Incluso, el senador Aguilar Zínser puso en duda que la participación de la FBI --con un número de agentes similar al que actuó en Kosovo para identificar cadáveres de guerra-- haya sido solicitada por la PGR, como se los aseguró Madrazo y le leyó declaraciones oficiales del subprocurador de Jus- ticia de Estados Unidos, Eric Holder, en que el funcionario asegura que son las autoridades mexicanas las que colaboran en una investigación iniciada y controlada por Washington.
"No soy responsable de lo que el señor Holder haya dicho", seguramente estaba mal informado, respondió Madrazo.
Posteriormente, Aguilar Zínser incluso pidió a Madrazo una copia del documento que la PGR, de acuerdo con los términos del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua, debió enviar al FBI para pedir su colaboración en las indagaciones sobre los narcocementerios clandesti- nos. Así "sabremos a qué estaban autorizados los agentes", señaló.
Madrazo se resistió, argumentó primero que debía consultarlo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y ante la insistencia del legislador independiente y la solidez de sus argumentos -- "Ƒ No es usted el que debe liberar la información, si usted es la parte requirente?"-- el procurador acabó por pedir tiempo para analizar la petición y ver si puede entregar el texto sin que haya impedimento legal.
De cualquier forma, recalcó Aguilar Zínser, "por más que usted nos quiera convencer de lo contrario", después se averiguará cuáles fueron las evidencias que los agentes de la FBI recabaron en las tumbas clandestinas de Ciudad Juárez, toda vez que aparecerán en las cortes estadunidenses. Eso fue ya al final de la reunión privada, de tres horas, del titular de la PGR con los senadores, cuya tónica fue siempre la misma.
Después de que el procurador hizo una amplia exposición de las bases jurídicas que permitieron la colaboración de peritos y expertos del FBI, y sostuvo que lamenta mucho las secuelas de la indagación, "cuyos costos habrán valido la pena" si se contribuye a desmantelar una de las principales organizaciones de narcotraficantes que operan en el país, comenzaron las críticas.
La senadora del PRI Martha Lara Alatorre, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y primera oradora, le dijo directamente que, más allá del apego a lo jurí- dico, le quedaban varias preocupaciones.
Una de ellas, dijo, es si las autoridades judiciales actuaron de buena fe, "pero favoreciendo intereses no tan claros y transparentes", de la FBI.
Externó también dudas sobre lo repentino de una indagación de personas desaparecidas desde 1993, realizada previamente a la reunión programada entre los presidentes de México y Estados Unidos.
La senadora del PRI por Chihuahua dijo que preocupa también el "tremendo escándalo" que dañó la imagen de Ciudad Juárez y las declaraciones del presidente Bill Clinton, en el sentido de que las fosas clandestinas encontradas son prueba de los excesos del narcotráfico en México.
Lara Alatorre dijo también al procurador que los senadores tienen obligación de velar por que no se viole la soberanía, ni que a la par de la globalización de la economía Estados Unidos pretenda intervenir, de manera extraterritorial en otras naciones.
Otro priísta, Héctor Murguía Lardizábal preguntó cuál será el costo real de ese operativo e insistió también en el enorme descrédito para Ciudad Juárez y los "oscuros intereses que se aprovecharon de ésto".
Más directos, el perredista Cuauhtémoc Sandoval y el independiente Aguilar Zínser pusieron en aprietos al abogado de la nación. Sandoval insistió en la desproporción de un operativo que incluyó a 467 personas --entre ellos los 65 peritos de la FBI-- para descubrir tan sólo nueve restos óseos.
Ƒ Qué no hay peritos en México?, cuestionó, y denunció luego otro hecho que, a su juicio, es violatorio de la soberanía nacional. Refirió que a principios de año --y como parte de una operación para detectar narcolavado--un diplomático estadunidense intentó abrir una cuenta en dólares en una sucursal de Banamex con una credencial del IFE falsificada.
Madrazo respondió que esa fue una operación encubierta prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en el Memorándum de Entendimiento, de la que estuvo enterada una funcionaria de la Secretaría de Hacienda. La PGR, se defendió, no fue la que sugirió utilizar un documento apócrifo ni procedimientos irregulares.
La discusión se centró luego en el tema de los cementerios clandestinos. Aguilar Zínzer siguió machacando. Pidió justificación técnica de la intervención de 65 peritos de la FBI contra 26 nacionales y preguntó por qué no se enteró de ello a la canciller Rosario Green.
Madrazo respondió que "una de las dificultades más serias" a las que se ha enfrentado como cabeza de la PGR es la filtración de información a las organizaciones criminales, de ahí la confidencialidad con la que se manejó el operativo.
Rechazó que hubiera desconfiado incluso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No estaba en México el día del operativo, se excusó. Dijo que desconoce la participación de la FBI en Kosovo para poder compararla con la que los peritos de la agencia estadunidense tuvieron en Ciudad Juárez.
También a modo de defensa, el procurador Madrazo Cuéllar sostuvo que el 29 de noviembre no podía considerar si era desproporcionado el operativo en razón de los hallazgos.
"No sabíamos exactamente lo que íbamos a encontrar", pero ahora, pese a las críticas y dificultades, considera que es irrelevante porque hay "indicios y evidencias que nos van a permitir desarticular toda la protección policiaca que el cártel de los Carrillo Fuentes ha tenido en Ciudad Juárez".