* Rosario Robles asegura que hay una laguna jurídica contra la mujer
Indignante, reducir condenas a violadores
* Dijo que era importante romper el silencio y lograr la aplicación de la ley contra agresores
Laura Gómez, Elia Baltazar, Angel Bolaños y Raúl Llanos * La reducción de la sentencia a los policías acusados de violación a tres adolescentes en Tláhuac "es indignante", representa una falta de sensibilidad y pone en evidencia las lagunas que existen en el sistema legal y jurídico en contra de la mujer, al no aplicarse penas ejemplares, aseveró ayer la jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga.
Luego de reunirse con miembros de la Cámara de Comercio de Canadá, la titular del Ejecutivo local se refirió al tema y sostuvo que en ese caso la administración capitalina "no actúo con complacencias ni protegió a servidores públicos, sino exigió un castigo ejemplar y en primera instancia el Poder Judicial respondió en ese sentido".
Sin embargo, añadió, la resolución unánime de los magistrados es indignante, sobre todo cuando ellos hablan de apego a derecho; era importante demostrar que cuando las mujeres hablamos, rompemos el silencio; nos atrevemos a denunciar; se nos escucha y aplica todo el rigor de la ley contra quien nos agrede, agregó.
Entonces, la lucha en esa materia debe reforzarse y en ella tendrá que participar toda la sociedad para erradicar los delitos sexuales y castigar severamente a quienes los cometen, pues son tan graves como cualquier otro, sobre todo, en el caso de esas adolescentes. Eso muestra lagunas en el sistema legal y jurídico que van en contra de la mujer.
La aplicación de penas ejemplares, añadió, era importante en este caso, tanto para atacar la impunidad existente en la ciudad de México, como para educar. No obstante, destacó que la resolución de la sala 16 no debe inhibir la presentación de denuncias como un mecanismo para cambiar las cosas y exigir que se haga justicia.
Robles Berlanga calificó la actitud de los magistrados de una falta de sensibilidad hacia lo que constituyó una agresión sexual, siendo que "normalmente se hablaba de que las mujeres eran las responsables. Aún cuando se ha ido modificando esa situación, es parte de la pelea que debemos dar todos los días".
Samuel del Villar dice no tener
elementos para presumir irregularidad
El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, se declaró respetuoso de la decisión tomada por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DF, y aseguró: "No tengo ningún elemento para pensar que hubo alguna conducta fuera de la función que le compete a este órgano judicial".
Sobre la reducción de la sentencia para los 15 policías, Del Villar advirtió que "las resoluciones del TSJDF son definitivas cuando son contrarias al proceso que se sigue", como sucedió en el caso de las jóvenes de Tláhuac.
Explicó que debido a un desequilibrio procesal, el Ministerio Público no tiene derecho al juicio de amparo para que los tribunales federales declaren la resolución. No así los acusados, quienes aún tienen el derecho de apelar la sentencia de segunda instancia, mediante amparo.
Para el procurador, en todo caso no hubo impunidad, pues se castigó el delito con la pena de cárcel, aun en la resolución del tribunal.
A su vez, el juez 47 penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, Leonardo Pérez Martínez, señaló que la decisión de la 16 sala penal del TSJDF, de modificar la sentencia de 40 años de cárcel que dictó el pasado 27 de julio, se realizo en función de los criterios de los magistrados y tienen que respetarse.
Pérez Martínez se hizo cargo del proceso que inició la juez, María del Refugio Méndez Hernández, al dictar el auto de formal prisión a los 15 policías el 29 de julio de 1998. En abril de 1999, el Consejo de la Judicatura determinó relevar a la juez luego de que durante un careo permitió el acoso de los policías en contra sus tres víctimas.
Según el alegato de los magistrados de la 16 sala penal, el juez que entró al relevo al dictar sentencia habría incurrido en la violación del artículo 23 constitucional, al juzgarlos por el mismo delito dos veces, además de que durante la revisión no se acreditó en todos los casos el delito de violación.
El juez 47 no quiso hacer mayores comentarios al respecto y argumentó que aún no había leído el expediente con la nueva sentencia que le envió el tribunal. Los magistrados de la sala, Sara Patricia Orea, María Esperanza Rico y Roberto Antonio Acosta, explicaron que tanto el Ministerio Público como el juez no incurrieron en ningún ilícito imputable por alguna omisión en la que hubieran caído.
Argumento en favor de la decisión
Para la diputada panista Irma Islas, la determinación adoptada por esos magistrados fue legal, ya que el expediente que se integró por dicho caso muestra una serie de anomalías que a final de cuentas llevó a la reducción de la sentencia a los procesados.
En entrevista, la legisladora, quien fungiera como vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, comentó que hay ejemplos tales como el que los exámenes médicos practicados a dos de las afectadas revelan que "no hubo violación".
La cuestión, dijo la representante popular, es que en este asunto ejercieron una fuerte presión los grupos feministas y eso podría haber llevado a dictarles la sentencia de 40 años a los inculpados, pero eso fue lo que más influyó que los argumentos meramente legales que se tenían contra los uniformados.
De hecho, no sólo justificó la disminución de la sentencia en base a los elementos con que contaban los magistrados, sino que "algunos deberían haber quedado libres, pues comprobaron que el día que se cometieron los hechos en los que se les implica, ellos no acudieron a trabajar".