* Asegura que no existe tratado que permita actuar aquí a policías extranjeros
Desmiente la PGR intromisión española en México
* El Centro Pro y el PRD afirman que hubo anomalías en la entrega de cuatro presuntos etarras
* Decenas de ciudadanos vascos protestan frente a oficinas del consulado mexicano en Bilbao
La Procuraduría General de la República (PGR) y la embajada de España rechazaron ayer que policías de aquel país operen en México, luego de ratificar, junto con la cancillería, que no existe ningún acuerdo de cooperación judicial que permita el trabajo de estos elementos en el territorio nacional.
Por su lado, el adjunto segundo del defensor del pueblo de España, Antonio Ulibarri Murillo, informó que "Josu Gotzon Larrea y Miguel Izpura se encuentran en un centro penitenciario por orden del juzgado central de instrucción número 5, mientras Angel Ochoa y Mikel Arrieta están a disposición judicial".
A pesar de que los funcionarios de la Secretaría de Gobernación se niegan a admitir que los cuatro españoles fueron extraditados, el Centro Pro Juárez consideró que el reporte entregado por el defensor del pueblo de España confirma que se aplicó ese procedimiento, pero sin respetar el derecho de audiencia y sin esperar la decisión de un juez en torno a si debían o no ser enviados a su país de origen.
Reiteró que los cuatro vascos "fueron entregados a un país cuyo gobierno es contrario a la organización política con la cual se le pretende involucrar, por lo que la conducta del gobierno mexicano viola las convenciones y tratados internacionales en vigencia en materia de extradición".
Sobre la solicitud para que el defensor del pueblo garantice el buen estado físico y mental de los españoles, explicó que su demanda "procede en la medida que están en riesgo de sufrir incomunicación, malos tratos y tortura". Recordó que "los convenios internacionales prohíben la extradición de extranjeros que al ser devueltos a su país de origen pueden sufrir este tipo de atropellos". Este precepto se conoce en derecho internacional como principio de no devolución.
Mientras, en el consulado de México en Bilbao decenas de personas se concentraron para denunciar las expulsiones, informó la organización Herri Batasuna, al declarar que estas acciones suponen la sumisión del gobierno mexicano a la estrategia represiva española, proyecto que ha sido rechazado por la mayoría vasca.
En la casona de Xicoténcatl, la perredista Rosa Albina Garavito Elías consideró que el Senado de la República debe intervenir y exigir explicaciones a la cancillería sobre las irregularidades en la entrega de los ciudadanos vascos a las autoridades españolas, ya que se está vulnerando la tradición de asilo que ha caracterizado a la política exterior mexicana e incluso podría también violarse la soberanía nacional.
Agregó que es facultad constitucional del Senado vigilar el cumplimiento de los principios en materia de política exterior, por lo que esa cámara está obligada a investigar las denuncias sobre la forma indebida en que han salido del país más de una docena de personas presuntamente ligadas con ETA.
La legisladora hizo notar que sería gravísimo que policías españoles estuvieran actuando en México, para sacar del territorio nacional a ciudadanos vascos, con la complacencia del gobierno de Ernesto Zedillo, sin cubrir el procedimiento legal que permitiría la extradición de los mismos.
Indicó que la fracción del PRD en el Senado va a insistir para que esa cámara lleve a cabo una investigación al respecto, ya que además los cuatro vascos a los que se expulsó en días anteriores denunciaron haber sido objeto de malos tratos por parte de las autoridades mexicanas.
"No podemos permitir que se rompa así con los principios de la política exterior mexicana, sobre todo cuando hay evidencias desde hace varios años de que se está vulnerando la tradición de asilo y en lugar de llevar a cabo los trámites establecidos para la extradición, se entrega a ciudadanos, presuntamente vinculados con ETA, a las autoridades españolas".
Por su lado, el vocero de la embajada española, Emilio Cerro, rechazó "rotundamente" la presencia de policías de su país en territorio mexicano, luego de confirmar que ningún convenio suscrito entre ambas naciones contempla esa posibilidad.
La Procuraduría General de la República también negó la eventual participación de agentes españoles en la detención de los presuntos etarras. "Con nosotros no ha colabora ni ha colaborado ningún agente extranjero para determinar presunta actividad criminal a manos de ese grupo armado del país vasco", dijo el vocero de la PGR, Isidoro Guerson.
Añadió que en la aprehensión y deportación de los vascos "no intervinieron agentes federales de la PGR ni tampoco de Interpol-México", ya que, añadió, fue sencillamente "un caso de situación migratoria irregular y eso corresponde al Instituto Nacional de Migración". (Georgina Saldierna, José Galán, Andrea Becerril y Triunfo Elizalde)