* Semiparalizado el país por las manifestaciones
Sitia moralmente a Quito la movilización popular indígena
Ramón Vera Herrera, enviado, especial para La Jornada, Quito, 19 de enero * Esta manaña se realizó una multitudinaria marcha unitaria que convocó a organizaciones indígenas, sindicales, barriales, de afiliados al seguro social y jubilados, y aunque diversos medios intentaron minimizar el número de manifestantes y situaron la cifra en 10 mil, cálculos conservadores de quienes estuvimos presentes hacen pensar en por lo menos unas 50 mil personas.
La marcha partió del Prado del Arbolito, tomó por la avenida Amazonas y cruzó el corazón del barrio turístico; avanzó hasta Colón, una de las arterias principales, mientras de algunos establecimientos musicales surgían canciones combativas que fluían a la calle por enormes bocinas que los dueños sacaron a la banqueta.
El contingente dio vuelta en la avenida 10 de Agosto y siguió hasta las puertas del palacio de gobierno, al cual intentó entrar, lo que se les negó reiteradamente.
Al igual que en las sedes de los otros dos poderes del país, el recinto del Ejecutivo fue rodeado con alambre de púas bajo la custodia de efectivos policiales y militares.
Los manifestantes privilegiaron mantener la calma, mostrar las mentiras propaladas contra la fuerza del movimiento y no desatar la represión. Según la costumbre ecuatoriana, continuarán machacando su demanda con más movilizaciones a diferentes horas y durante varios días.
Vladimiro Alvarez, secretario de Gobierno, había sido muy beligerante el lunes cuando declaró que bajo el estado de emergencia "toda persona que proteste contra el gobierno será considerada delincuente".
Hoy, con las cantidades de indígenas que siguen entrando a la capital (se calcula que ya hay 22 mil), con el país semiparalizado en casi todas sus provincias y con el paro petrolero vigente, su tono comenzó a variar y declaró que los indígenas podían permanecer en Quito el tiempo que quisieran sin violentar el orden, y que incluso protestaran, pero que tenía que quedar claro que "Jamil Mahuad es el presidente elegido constitucionalmente por 12 millones de personas, no por una o dos como Antonio Vargas o el obispo Luna" (voceros del Parlamento de los Pueblos) "y su trabajo es ser presidente, lo está cumpliendo y seguirá en su cargo hasta que termine su mandato".
No es sólo ahí donde el gobierno resintió la fuerza de la desobediencia civil. La víspera fueron liberados los tres máximos dirigentes del Frente Patriótico de Unidad Nacional, José Chávez, Luis Villacís y Ciro Guzmán, detenidos el pasado domingo con el cobijo del estado de emergencia.
Se había amenazado con someterlos a la justicia militar para ser juzgados por subversión y agitación, pero por la tarde la alcaldía de Quito dictaminó que al no haber orden de aprehensión quedaban en libertad.
Esto es importante aclararlo: sus abogados habían demandado la inconstitucionalidad del estado de emergencia (que permitiría detenciones sin previa orden), ya que el Ejecutivo no había dado parte al Congreso. Con su resolución, el alcalde sentó un precedente que le quita piso legal a la emergencia decretada la semana anterior.
Trascendió también que el ejército se negó a atraer el caso a la justicia militar, y que fueron fuerzas especiales de la policía las que practicaron las detenciones.
Esta situación alimenta un rumor insistente: que el ejército no tiene una postura unificada respecto del estado de emergencia unilateral del Ejecutivo, ni de la conveniencia de desatar una represión generalizada, ni en torno a la figura de Mahuad.
En síntesis, el trago amargo que el gobierno ecuatoriano tiene que pasar ante la fuerza de un movimiento popular que va para más, le está haciendo recular incluso en las medidas económicas decretadas, y ya balbucea que el congelamiento de las cuentas de los ahorradores puede flexibilizarse para beneficiar a mayor número de personas.
La percepción creciente es que el gobierno intenta conservarse en el poder acercando a las clases medias y aligerando su postura represiva, en espera del desgaste de la movilización popular que tiene sitiado moralmente al país.