Emilio Pradilla Cobos
El Presidente contra el DF

El presidente Ernesto Zedillo no oculta su enojo porque la oposición en la Cámara de Diputados modificó su propuesta presupuestal para el 2000. Sobrevalorando los cambios y manipulando la realidad, antes de la aprobación sus funcionarios anunciaron que las modificaciones llevarían al país a la crisis. En repetidas ocasiones Zedillo "regañó" a los diputados de oposición, mostrando su resentimiento por el arañazo republicano que la oposición le dio al autoritario presidencialismo propio del régimen político de partido de Estado que encarna el PRI-Gobierno. Con el mismo pretexto, arremete contra Rosario Robles y el gobierno del DF, visiblemente enojado por la conminación que hizo a él y a los miembros de su gabinete para hacer pública su declaración patrimonial. El ataque tiene también un claro objetivo electoral.

En su alegato, Zedillo oculta que los cambios al presupuesto votados por la oposición elevan el gasto social en renglones clave; mejoran un poco la inhumana e injusta situación de los jubilados petroleros y del IMSS; aumentan los recursos a la educación pública y a las universidades estatales; apoyan más la construcción de vivienda, cuando los desastres naturales han dejado cientos de miles de damnificados. Igualmente, resarcen un poco a los sectores abandonados por el neoliberalismo priísta, con más recursos para fomento al sector agropecuario, la pequeña o mediana industria y alivio a los deudores de la banca. Igualmente, oculta que la oposición creó el Fondo de Apoyo a los Estados para remediar en algo la antifederalista concentración de recursos presupuestales en el gobierno federal.

Los ataques de Zedillo contra el gobierno del DF carecen de sustento. Lo acusa de ser el causante de la disminución de los recursos para otras entidades federales, cuando el PRI-Gobierno destina más de 50 mil millones de pesos al rescate de los banqueros ineficientes ųy corruptos algunos de ellosų y mantiene aportaciones totalmente insuficientes a estados y municipios. Ataca al DF por ser la entidad más rica del país, pero no dice que aporta a la federación mucho más impuestos de los que se le regresan, que la política económica y social federal es responsable de que dos tercios de su población vivan en la pobreza y un tercio en la miseria ni que para 1999 y 2000 se despojó al DF de los fondos del Ramo 33, destinados al combate a la pobreza. Trata también de tender una cortina de humo sobre el despilfarro de recursos federales en gastos suntuarios, elevadísimos salarios y bonos pagados a sus funcionarios, así como sobre las "jubilaciones adelantadas" y excesivas de algunos de ellos, que ofenden a los pensionados que sobreviven con un mísero y devaluado salario mínimo.

Zedillo señala que el gobierno del DF no gasta en educación, pero "olvida" que como secretario de Educación o Presidente no la descentralizó, como hizo en las demás entidades, entregando los recursos necesarios para su adecuado mantenimiento. Reclama a la jefa de Gobierno por comunicar en los medios sus posiciones y logros a los ciudadanos, cuando el gobierno federal y su partido saturan a la opinión pública con mensajes publicitarios y, en ocasión del inicio del milenio, con tediosas lecciones de historia acrítica o increíbles mensajes triunfalistas reñidos con la realidad económica y política de las mayorías. En este contexto, las posturas de Robles están plenamente justificadas y son una valiente defensa del interés colectivo de los capitalinos y de su decisión mayoritaria de sacar al PRI del gobierno, luego de décadas de políticas antipopulares y erráticas y de malas administraciones que hundieron a la capital en una profunda crisis.

El problema de fondo sigue planteado: hacer real la naturaleza federal del Estado mexicano, reduciendo el excesivo peso centralista del Gobierno Federal y la concentración de recursos presupuestales en sus arcas. Por ello, tienen plena validez las propuestas de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial de la Alianza por México: una profunda reforma a la Ley de Coordinación Fiscal; negociar en los tratados de libre comercio, Fondos Compensatorios de Desarrollo Regional y crearlos internamente, lo cual institucionalizaría el recién creado Fondo de Apoyo a los Estados; y elevar los aportes federales a los municipios de 4 a 20 por ciento, y a los estados, de 10 a 30 por ciento.