Alberto J. Olvera
La nueva Constitución veracruzana: Ƒavance o retroceso?

La Cámara de Diputados del estado de Veracruz aprobó el pasado 14 de enero una "reforma integral" de la Constitución local. Por el alcance de las reformas, se trata en realidad de una nueva Constitución, puesto que el orden de los artículos, el contenido de los mismos y el carácter del ordenamiento han sido sustantivamente modificados.

La aprobación de las reformas se logró con el voto conjunto de los diputados del PRI y del PRD, con toda la bancada del PAN votando en contra. El PRD ha actuado como el partido pragmático y el PAN como el partido de principios inamovibles y radicalismo político. Este caso ilustra los graves problemas del constitucionalismo mexicano y los dilemas políticos a los que se enfrenta la oposición.

El proyecto de una nueva Constitución es idea original del gobernador Miguel Alemán, quien ofreció el cambio de la ley fundamental como una de sus principales banderas de campaña. Sin embargo, lejos de sentar un precedente histórico en México convocando a la elección de un Congreso constituyente, el gobernador procedió a la manera tradicional propia del régimen autoritario: se nombró una comisión de notables que organizó unos cuantos foros simbólicos y elaboró un proyecto completo de nueva Constitución en la soledad de sus oficinas.

El PAN objetó el procedimiento al ver que el proyecto del gobernador representaba en efecto una nueva Constitución. Basados en una interpretación de la Constitución vigente, los diputados panistas rechazaron discutir el proyecto y exigieron la convocatoria de un congreso constituyente. La lógica detrás de este argumento era que en un proceso de tanta trascendencia los ciudadanos deberían tener la oportunidad de participar, y que un congreso electo específicamente para esta misión debería encargarse de tan delicada labor.

El PRD consideró radical esta determinación y decidió entrar en un proceso de negociación con el gobierno estatal con el fin de moderar los aspectos más intolerables de la propuesta oficial. Los votos del PRD eran imprescindibles para alcanzar la mayoría calificada necesaria para la aprobación de reformas constitucionales y para ulteriormente conseguir el voto favorable de la mayoría de los ayuntamientos veracruzanos en el proceso de ratificación de las reformas. De esta manera el PRD avaló la tradición jurídica mexicana del "constituyente permanente", de acuerdo a la cual los congresos en funciones pueden modificar la máxima ley cuentas veces quieran si consiguen tener la mayoría calificada que la propia ley exige.

Para nadie es un secreto que en un régimen autoritario presidencialista el "constituyente permanente" representa el mecanismo a través del cual el Presidente de la República (en el nivel federal) y los gobernadores (en el estatal) han modificado la Constitución de acuerdo a sus particulares ocurrencias y necesidades políticas. En el sexenio de Carlos Salinas y en los primeros años del actual se realizaron más de 90 reformas a la Constitución cuyo resultado fue, de facto, una nueva Constitución adecuada a los tiempos del neoliberalismo.

La nueva Constitución veracruzana representa en sí misma un avance sustancial respecto a la vigente, si bien no supera en su contenido y alcances a las Constituciones reformadas en los estados gobernados por el PAN. Ciertamente, en esas entidades el propio PAN propició importantes reformas constitucionales desde arriba y sin mediar una convocatoria a un congreso constituyente. Esta falta de coherencia reduce el mérito de los diputados panistas veracruzanos.

El país requiere con urgencia, como uno de los ejes del proceso de transición a la democracia, una nueva Constitución legitimada ya no por la decisión del Presidente (o los gobernadores), sino por la voluntad popular que sólo puede expresarse plenamente a través de la elección de un congreso constituyente. El hecho de que los avances logrados en la transición a la democracia hayan dado a los partidos de oposición un papel decisivo en muchos congresos estatales, así como en el federal, no cambia sustancialmente este panorama, pues el decisionismo presidencial se ha adaptado a las circunstancias a través de las negociaciones cupulares con las direcciones de los partidos y la compra de voluntades de algunos diputados opositores. Estos métodos ratifican la irresponsabilidad de partidos y diputados que pareciera que no deben responder por sus actos frente a la ciudadanía.