Argumenta la jueza su fallo ante muestras de indignación

Caso Tláhuac: "penas para educar"

Sobre la resolución judicial, la indignación. La reacción de diversos sectores de la sociedad no se hizo esperar ante la decisión de los tres magistrados de la 16 sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para reducir a una quinta parte la sentencia a 13 de los 15 policías que participaron en la violación y abuso sexual en contra de tres jóvenes, a quienes durante cinco días mantuvieron privadas de su libertad en el cuartel del Agrupamiento a Caballo de Tláhuac, en julio de 1998.

De los 15 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública implicados en el caso Tláhuac, sólo dos fueron encontrados culpables por el delito de violación calificada y condenados a 26 años y seis meses de cárcel. Para el resto habrá una pena de ocho años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual.

"Sólo nos ajustamos para aplicar la pena correspondiente por los delitos que fueron probados. No se trató, en ningún caso, de una exoneración, sino de modificaciones que procedieron conforme a la ley", dijo la magistrada Sara Patricia Orea Ochoa, integrante de la 16 sala penal que tomó la controvertida resolución.

No obstante, la diputada local priísta María Angélica Luna Parra, integrante de la Comisión de Seguimiento del Caso Tláhuac en la Asamblea Legislativa, criticó el fallo y consideró: "A este paso vamos a acabar exculpándolos".

También integrante de esta comisión y legisladora local por el PRD, Lucerito del Pilar Márquez argumentó: "Estas resoluciones sólo contribuyen a que los ciudadanos pierdan la confianza en el sistema de impartición de justicia".

Para la magistrada María Esperanza Rico Macías, encargada de analizar el caso y presentar los resultados ante sus compañeros de sala, en la sentencia dictada por el juez 47 penal, Leonardo Pérez Martínez, no se comprobó el delito de violación en el caso de 13 uniformados. También se redujo el castigo por privación ilegal de la libertad, que el mismo juez sentenció en la primera instancia en la modalidad de plagio con la pena máxima de 40 años, pues durante el proceso el Ministerio Público argumentó que este acto ilícito se cometió con el fin de violar y abusar sexualmente de las jóvenes.

Sin embargo, los magistrados consideraron que los policías sólo incurrieron en privación ilegal de la libertad y dejaron a un lado la modalidad de plagio. Su sentencia, por tanto, castigó el delito con la pena máxima de seis años de cárcel, por considerarlo agravado debido a que dos de las víctimas eran menores de edad y se utilizó la violencia para someterlas.

La pena, sin embargo, se elevó a ocho años, al encontrar los magistrados elementos suficientes para castigar el abuso sexual contra las tres jóvenes, por parte de los 13 policías, quienes también deberán ser suspendidos de su función pública durante cinco años, luego de cumplir su condena, lo mismo que aquellos encontrados culpables de violación.

La sentencia dictada de manera unánime por los tres magistrados de la 16 sala penal impone, además, una multa de 62 días de salario a cada uno de los uniformados, por lo que deberán pagar de 5 mil a 8 mil pesos, de acuerdo con las percepciones correspondientes a su rango.

Si acaso los policías no pudieran pagar la multa y se demostrara su insolvencia económica, los 62 días de infracción se sustituirán por 62 jornadas de trabajo no remunerado en favor de la comunidad.

Aunque la indignación despertó las voces de diversos sectores de la sociedad, poco habrá que hacer para cambiar la resolución emitida por los magistrados, pues no cabe la posibilidad de apelación o amparo.

Sin embargo, para Patricia Olamendi, quien estuvo cerca del caso como directora de Promujer en su momento ųgrupo que posteriormente se convirtió en el Instituto de la Mujerų, es tiempo de que los responsables de impartir justicia expliquen sus actos a la opinión pública, pues es "increíble" la diferencia de criterios que hubo entre el juez y los magistrados.

Para diputados locales, organizaciones de mujeres y grupos feministas, entre otros, la decisión de la 16 sala penal echó por tierra una sentencia ejemplar, que por fin respondía a las expectativas de justicia de las víctimas, principalmente en el caso de las mujeres.

Sin embargo, a poco menos de seis meses que el juez 47 penal, Leonardo Pérez Martínez, dictara sentencia de 40 años a los 15 policías de Tláhuac, la magistrada Sara Patricia Orea Ochoa advirtió respecto a su resolución: "No estamos facultados para imponer penas ejemplares, pues vivimos en un estado democrático de derecho y las penas son para educar, no para ejemplificar". (Angel Bolaños, Ricardo Olayo, Elia Baltazar, Gabriela Romero, Raúl Llanos.)