Ť La SRE no recibió solicitud alguna al respecto
Ya son 10 violaciones al tratado de extradición México-España
Ť Se busca implicar a México en una estrategia represiva: Herri Batasuna
Con la extradición de cuatro ciudadanos vascos este fin de semana, suman ya diez los casos en que se viola el Tratado de Extradición entre México y España y la Ley General de Población, ya que al ser detenidos son incomunicados, no se respeta su derecho de audiencia y no hay actuación judicial, señaló Rafael Alvarez, primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Explicó que el sábado pasado Josu Gotzon Larrea Elorriaga y Miguel Santiago Izpura García fueron detenidos en Querétaro y enviados ese mismo día a Madrid. Ese día en la noche fueron arrestados José Angel Ochoa de Eribe y Mikel Arrieta Yopiz en su domicilio de la colonia Narvarte y extraditados a España el domingo a las 18 horas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores no recibió ninguna solicitud de extradición contra los cuatro presuntos etarras deportados el pasado fin de semana, afirmó el director de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Carlos Pujalte, quien señaló que para el gobierno mexicano no hay clasificación de "etarras o no etarras", y que las peticiones del gobierno de España sobre detenciones y extradiciones de presuntos delincuentes se fundamentan en los delitos de los que se les acusa.
En breve entrevista, el funcionario agregó que están pendientes tres o cuatro solicitudes de extradición por parte del gobierno español, relacionadas con delitos comunes; además de dos personas detenidas que están a la espera de que se defina su situación legal.
Asimismo, fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron que esa dependencia "nada tuvo que ver" con la expulsión de los cuatro presuntos etarras, que fueron entregados a las autoridades españolas entre sábado y domingo.
Para el centro de derechos humanos, en México hay una labor de vigilancia sobre ciudadanos vascos, y "se teme que sea el comienzo de una campaña de persecución política. El proceso de extradición fue irregular, ya que se trató de una entrega de "policía a policía" fuera de la ley, y no se respetó el derecho de audiencia para toda persona solicitada y señalada como presunta responsable por parte de la Audiencia Nacional de España, según consideró Ra- fael Alvarez.
Detalló que en este caso la PGR debió haber efectuado la detención con un mandato legal dictado por un juez, además de que se debía calificar si la extradición procedía o no. Agregó que la Ley General de Población establece que en caso de no comprobarse la estancia de un extranjero en México, a éste se le sanciona, y en caso extremo se le da la salida a la frontera de un tercer país, además de que debe ser citado a comparecer en audiencia.
Todos estos aspectos, señaló, no se cumplieron en la detención de estas personas, y además la experiencia que se tiene es que cuando se ha aplicado el convenio de extradición --como en el caso de Oscar Cadenas, que tiene tres años detenido en Almoloya--, la Audiencia Nacional de España no ha comprobado su acusación.
La litigante Pilar Noriega reveló que antes de ser aprehendidos, los presuntos etarras fueron "objeto de una vigilancia constante desde una camioneta Ford de color oscuro. Desde el vehículo estuvieron filmándolos horas antes de que el grupo de sujetos entrara por la fuerza a su departamento en la colonia Narvarte".
Alvarez expuso en entrevista vía telefónica que la forma en que se realizó la detención da indicios de que fueron reclamados extralegalmente por el gobierno español, y que su detención se debió a razones políticas y económicas. "Existe una labor de vigilancia en México, se mantiene vigilados a los vascos, se ubican sus domicilios y se les fotografía en la calle. El gobierno mexicano no los investiga por iniciativa propia, sino a pedido del gobierno español", agregó.
Dijo que el domingo por la mañana se obtuvo un amparo en el 11 juzgado de distrito del Reclusorio Sur por incomunicación, deportación o expulsión, por lo que habrá que verificar si fue violado al momento de darse la salida de estos ciudadanos vascos.
La versión del Instituto Nacional de Migración es que el fin de semana se giró oficio de salida a cuatro ciudadanos españoles que poco antes fueron detenidos por la Policía Federal Preventiva en razón de que "tenían una situación migratoria irregular" pues hace varios años se habían internado como turistas en México, y actualmente ya no tenían documentos que avalaran su estancia en el país.
La directora de Control Migratorio del INM, Irma García Andrade, dijo que el pasado sábado el comandante de la Policía Federal Preventiva Rubén Villegas Sánchez hizo entrega al instituto de los cuatro ciudadanos vascos. El INM negó tener conocimiento de gestiones jurídicas por parte del gobierno español por su presunta vinculación con el grupo vasco ETA, pero se conoce que al menos Izpura y Gotzon están acusados por la Audiencia Nacional española de participar en diversos atentados donde perdieron la vida policías y guardias civiles.
La funcionaria del INM dijo que los detenidos rechazaron hacer cualquier declaración y no confirmó los términos en que fueron aprehendidos. Dijo que el INM se limitó a girar el respectivo oficio de salida ante la violación de la Ley General de Población, previa notificación al consulado español, quien otorgó los salvoconductos.
García Andrade dijo que Izpura se internó en México en 1994 como turista y desde entonces estaba ilegalmente en el país, mientras que José Gotzon Larrea lo hizo en 1996. Ambos salieron del país el pasado sábado en el vuelo 6400 de la aerolínea española Iberia que salió de México a las 21:30 horas. Los otros dos, quienes permanecían en México desde 1999 y 1990, respectivamente, hicieron lo propio en el vuelo 1 de Iberia, el domingo a las 18 horas.
Los ciudadanos españoles ya fueron puestos a disposición de las autoridades españolas en Madrid. Izpura, de 41 años de edad y originario de Pamplona, podría estar vinculado al Comando Nafarroa, que perpetró varios atentados en esa misma ciudad y en Burguete entre 1982 y 1984, en donde presumiblemente habrían muerto por lo menos cuatro policías españoles.
Entre tanto, Gotzon sería miembro del Comando Vizcaya, que según la prensa española perpetró en 1994 cinco atentados contra la vida de Juan María Atutxa, consejero del Interior del gobierno vasco.
Pronunciamiento de Herri Batasuna
Por su parte el delegado de Herri Batasuna para América, Mikel Korta, afirmó que "este fin de semana hemos visto con preocupación e indignación lo que para nosotros supone un importante salto hacia atrás de las autoridades mexicanas en relación con una solución dialogada y democrática al conflicto que enfrenta nuestro pueblo".
Indicó que se pretende "implicar a México en una estrategia represiva", por lo que pidió "respeto a los ejes de la política de relaciones internacionales de México, y que tanta fama le han dado entre los defensores de los derechos humanos.
"Denunciamos estas entregas como un acto que va no sólo en contra del avance de nuestro pueblo hacia una libertad basada en la justicia, sino que muestra un sometimiento de las autoridades mexicanas a las exigencias de un Estado extranjero que atenta incluso contra los principios orientadores de la política exterior mexicana", señaló Mikel Korta. (Angélica Enciso, Alonso Urrutia, Jesús Aranda y Gustavo Castillo)