Ť Solicita el español practicar un segundo examen médico al ex dictador
Recibió Straw el alegato del juez Garzón para no liberar a Pinochet
Ť Libertad al Poder Judicial para juzgar al senador vitalicio en mi gobierno, dice el presidente electo
Armando G. Tejeda, corresponsal, y agencias, Madrid, 17 de enero Ť El gobierno de España entregó hoy al ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, las alegaciones judiciales que elaboró el juez español Baltasar Garzón para evitar que el proceso abierto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet sea resuelto bajo el argumento de razones humanitarias.
En tanto, en Santiago, el presidente electo de Chile, Ricardo Lagos, reiteró este lunes que bajo su gobierno la justicia tendrá independencia para juzgar al ex presidente de facto Pinochet.
El alegato del juez Garzón exige, antes de dar por cerrada la vía judicial, la entrega del informe médico al que ya fue sometido Pinochet, y la elaboración de un segundo estudio científico.
La Oficina de Información Diplomática de la cancillería informó en un comunicado que el embajador español en Londres, Santiago de Mora Figuerado, fue el responsable de entregar el alegato de Garzón ante Gran Bretaña.
Pero al mismo tiempo el canciller Abel Matutes giró instrucciones concretas de reiterar la decisión de España de no presentar recurso alguno ante la resolución que tome en su día el Ministerio británico del Interior en el proceso de extradición de Pinochet.
En la conclusión del primer examen elaborado por cinco médicos independientes, se determinó de forma "inequívoca y unánime", la incapacidad de Pinochet para enfrentar el juicio que tiene pendiente ante la justicia española por los delitos de conspiración a la tortura, tortura, genocidio y terrorismo de Estado.
La defensa del ex dictador se ha negado a entregar el informe médico a los gobiernos de España, Francia, Suiza y Bélgica, así como a la acusación popular (formada de exiliados y víctimas de la dictadura militar) y de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional.
Esto a pesar de la petición hecha por el propio Straw, de entregar el informe y de no escudarse en la formalidad legal, por lo cual Garzón pide que se practique a Pinochet un segundo examen médico con la participación de forenses de la Audiencia Nacional.
Además, explica que la justicia española necesita incorporar los datos médicos sobre la incapacidad mental del acusado con el objeto de archivar el proceso o, por el contrario, seguir adelante con el mismo.
En Londres, el Ministerio del Interior señaló que es el propio ex dictador chileno el único habilitado para decidir si acepta o no ser interrogado por el juez español.
Amnistía Internacional (AI) entregó ante el gobierno británico una carta preliminar en la que pide la entrega del informe médico, misiva que también fue rubricada por la Fundación Médica para el Cuidado de las Víctimas de la Tortura, la Asociación de Familiares de los Desaparecidos en Chile y el grupo pro derechos humanos Redress, que también exigen un segundo examen médico.
Los exiliados chilenos que conforman la acusación popular pretenden agotar todas las posibilidades que les brinda la ley, al añadir que "el secretismo" en torno al informe provoca confusión en el proceso.
Mañana termina el plazo para que los países demandantes de la extradición y distintas organizaciones humanitarias presenten a Straw sus alegaciones, antes de que el ministro británico decida si concede las razones humanitarias y deja en libertad a Pinochet.
Sin embargo, la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo rechazó hoy una demanda de víctimas españolas de la dictadura de Pinochet, orientada a impedir la liberación del ex general chileno, en tanto que en Suiza, Christine Junod, decana de los jueces de instrucción encargada del expediente de Pinochet, renunció a interrogar al ex dictador, dado que su país no ha pedido de manera formal la extradición del general retirado, al dejar actuar primero a la justicia española.
Esta mañana, en Santiago, el presidente recién electo, Ricardo Lagos, respondió al ser consultado por la prensa sobre la decisión del juez Garzón de pedir un nuevo examen médico al ex dictador, que se trata de una "cuestión que tienen que resolver los ingleses".
Y puntualizó, "nosotros vamos a resolver el tema cuando éste llegue a Chile, y entonces el Poder Judicial tendrá independencia para hacer lo que tenga que hacer".
Sin embargo, el coordinador en Madrid del comando electoral de Lagos, Mario Lorca, consideró que el senador vitalicio difícilmente podrá ser juzgado en Chile desde el punto de vista jurídico, porque el aún senador vitalicio antes tendrá que ser desaforado en el Congreso.
Explicó que primero tendrá que haber una iniciativa judicial a cargo del juez Juan Guzmán, quien instruye en Chile 56 querellas contra el general, y luego tendría que pasar a la alta magistratura chilena, por lo que, dijo, las posibilidades de un juicio son escasas.
Este día, la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, al igual que lo hicieron la víspera miles de chilenos, pidió a Lagos que manifieste su voluntad política de enjuiciar al ex dictador, y al gobierno británico que no interrumpa el proceso de extradición del ex militar a España, en una alegación que entregó a la embajada de Gran Bretaña en Santiago.
La presidenta de la agrupación, Viviana Díaz, lamentó que el presidente electo trasladara el caso a la justicia, y afirmó que "aquí hay trabas muy importantes, heredadas de la dictadura".
El gobierno, por su lado, manifestó su satisfacción por la decisión del gobierno español de abstenerse de apelar ante Gran Bretaña la resolución que se adopte sobre la eventual liberación de Pinochet.
Por lo pronto, el ejército chileno puso en marcha una sigilosa operación para el posible regreso a Chile de Pinochet, mientras que altos mandos militares ordenaron el inmediato traslado a Londres del general Juan Carlos Salgado y del médico Henri Olivy, para acompañar al ex presidente de facto en su viaje a Santiago.