Juan Moreno Pérez
El regaño del Presidente (Primera parte)

El pasado 5 de enero, el presidente Zedillo acusó a los legisladores de haber "petrolizado" una mayor parte del gasto público y de obligar al gobierno a posponer o cancelar algunos importantes proyectos de inversión. Esta acusación resulta totalmente injustificada, y refleja el disgusto presidencial ante unos legisladores que fueron capaces, por primera vez, no sólo de modificar el paquete económico propuesto, sino de ponerle límites a la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de las finanzas públicas.

Como se puede recordar, el paquete económico propuesto por el Ejecutivo para el presente año, incluía una gran trampa, que no pasó inadvertida por los legisladores. Subestimando de manera exagerada el precio del petróleo, buscaba tres objetivos: disminuir la parte de los ingresos que corresponden a Pemex; reducir las participaciones y aportaciones a los estados y municipios; y asignar discrecionalmente los ingresos petroleros excedentes en un año electoral (ver mi colaboración en La Jornada del 2 de diciembre).

Con esa trampa, el Ejecutivo pretendía mantener un mecanismo que le había permitido disponer arbitrariamente de cuantiosos recursos en los últimos años. Por ejemplo, en 1996 pudo destinar 19.1 mil millones de pesos al rescate bancario y 13.8 mil millones para incrementar la producción de petróleo para la exportación. Ambas asignaciones fueron adicionales a lo que habían presupuestado los diputados, y se hicieron posibles gracias a los ingresos obtenidos por encima de lo estimado en la Ley de Ingresos para ese año.

En 1997 sucedió algo similar. La notable subestimación de los ingresos petroleros permitió al Ejecutivo obtener 56.2 mil millones de pesos por encima de lo que se había estimado en la Ley de Ingresos. De esos fondos, 37.4 mil millones se destinaron a Fobaproa y 18.8 para cubrir los "pasivos" laborales de Ferrocarriles Nacionales de México y facilitar así su privatización. Ambas ampliaciones fueron adicionales a lo presupuestado.

Durante 1998, debido a la notable reducción en el precio del petróleo, el supuesto incluido en la Ley de Ingresos resultó mayor a lo observado. Entonces, el Ejecutivo decidió efectuar tres recortes al presupuesto aprobado por los legisladores para mantener la meta de déficit fiscal. Sin embargo, al cerrarse el ejercicio se pudo conocer que la estimación original para el pago de intereses había estado inflada en 18 mil millones de pesos, los cuales fueron reasignados de manera discrecional por la Secretaría de Hacienda.

En 1999, el precio del petróleo incluido en la Ley de Ingresos resultó de nuevo muy inferior a lo que después se observó. Los ingresos excedentes se destinaron al rescate bancario, ya que compensaron la pérdida del remanente de operación del Banco de México, el cual fue utilizado para concluir el rescate de Inverlat y dejarlo listo para ser vendido al Scotiabank de Canadá. Además, el Ejecutivo pudo disponer de los 15.8 mil millones de pesos en que resultó inflado el pago de intereses presupuestado, y reasignarlos de manera discrecional.

Poner límites a esta reiterada práctica del Ejecutivo, constituyó el punto clave de la discusión del paquete económico para el 2000. A diferencia de lo sucedido en años anteriores, los legisladores del PRD y del PAN lograron unirse y sacar adelante una propuesta diferente a la del Ejecutivo. Aunque los cambios en la Ley de Ingresos fueron muy limitados, los diputados y senadores pudieron incrementar el supuesto de precio del petróleo de 15.5 a 16 dólares por barril, y aumentar en 7.5 mil millones de pesos los ingresos estimados.

En la discusión del presupuesto, los diputados del PRD y del PAN, apoyados por algunos del PT y del PVEM, decidieron incrementar en 15.5 mil millones de pesos el gasto social. El financiamiento de esa ampliación en el gasto se daría con los mayores ingresos estimados en la Ley de Ingresos y con algunas reasignaciones en otros rubros. Aunque en la propuesta original de los diputados de oposición se incluían los rubros de gastos superfluos que se debían disminuir, en el dictamen que finalmente se aprobó fue aceptada la propuesta del Ejecutivo de que la Secretaría de Hacienda decidiera los rubros a recortar (artículo 84 del decreto de presupuesto).

El cambio más importante que hicieron los diputados fue poner límites a la discrecionalidad del Ejecutivo en el uso de los ingresos que excedan a lo estimado en la Ley de Ingresos. En el artículo 35 del decreto de presupuesto se dispuso que dichos recursos se utilizarán primero para compensar la ampliación en el gasto social, y de los ingresos adicionales 40 por ciento se usará para constituir un fondo de estabilización de los ingresos petroleros, y el restante 60 por ciento para amortizar deuda pública.

Ahora, el presidente Zedillo acusa a los legisladores de haber aumentado la petrolización del gasto, cuando todo mundo sabe que la dependencia de esos ingresos se debe a la incapacidad del gobierno para llevar adelante una auténtica reforma fiscal integral. La otra acusación presidencial no tiene ningún fundamento, ya que es precisamente el Ejecutivo quien está decidiendo los rubros que se recortarán para acomodar el mayor gasto social decidido por los diputados.

Mantener muchos gastos superfluos, como las prebendas para los altos funcionarios o los mil millones de pesos presupuestados para la compra de vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, no puede ser más importante que garantizar el abasto de electricidad y agua para la población, y esta decisión no puede ser atribuida a los diputados.