Ť Se instalarán mesas de conciliación y otras seis juntas especiales

Busca la JFCA abatir rezago de conflictos laborales

Elizabeth Velasco C. Ť En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se establecerán mesas de conciliación para resolver los conflictos laborales que en forma individual han interpuesto trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad, IMSS y otras paraestatales, ante el gran porcentaje que representan de un total aproximado de 100 mil expedientes en rezago, adelantó a La Jornada el presidente de ese tribunal, Antonio Montes Peña.

Con el propósito de abatir ese rezago, acotó, también se propondrá la creación de seis juntas especiales más, ya que las actuales (uno, dos, cuatro, ocho, ocho bis, nueve y nueve bis, entre otras) son "insuficientes" para atender los juicios referidos.

Montes Peña destacó que existen juntas especiales que tienen una sobrecarga de hasta 7 mil expedientes, por lo que también se requiere la contratación de 200 plazas ųactualmente hay 150 vacantes en ese tribunalų; la creación de un cuerpo de conciliadores en lo individual, pues sólo existe en el ámbito colectivo, y equipo tecnológico moderno, es decir, computadoras.

En entrevista en su despacho de la JFCA, el funcionario anticipó que se pondrán en marcha programas de amparo y otros, para tratar resolver más juicios de los que reciban este año. "En 99 resolvimos más asuntos, 47 mil 391, de los que llegaron, 43 mil 545. Pero tenemos que llevar a acabo varias acciones para sacar el cúmulo de expedientes, pues de 94 a la fecha se recibieron más que en otros años".

De 1994 a 1997, refirió, se disparó al cantidad de juicios laborales interpuestos contra las empresas en forma individual, entre otras causas por la crisis económica desatada ese año y que tuvo su mayor pico en materia laboral en 1996. "Antes recibíamos un promedio de 32 mil expedientes por año, pero de 1996 a 1997 se fueron a 57 mil, en promedio anual, lo cual podría tener una explicación en la crisis de fines de 1994, aunque también porque existe una mayor cultura laboral entre los trabajadores", explicó.

Para fomentar una nueva cultura laboral que haga más expedita la impartición de justicia en el país, Montes Peña consideró que se requiere un nuevo Código de Procedimientos Laborales. El responsable del proceso de liquidación del personal de la otrora banca estatizada refirió: "Veo con muy buenos ojos que (los sectores obrero y patronal) busquen una nueva legislación procesal. De hecho hemos participado activamente con algunas opiniones; creemos que el nuevo código es muy necesario".

En ese código ųdel cual se han elaborado cuatro versiones y en la última sólo falta zanjar las diferencias que existen en unos 18 artículos en materia de procedimientos, según el vicepresidente del Congreso del Trabajo, Enrique Aguilar Borregoų hay aspectos sobresalientes que deben establecerse, como "la obligatoriedad de la conciliación". Es decir, "se debe promover el establecimiento de mecanismos para que las partes dialoguen y se arreglen en forma expedita, requisitos más estrictos no sólo para los funcionarios de la Junta, sino también para los que vienen, pues hay muchos litigantes que no tienen título, ni formación, ni ética".

Y dado que en el fenómeno de la corrupción "no sólo existen dos manos, sino cuatro, también se tiene que decir a los litigantes que representan a trabajadores y patrones que requieren título universitario", así como modificar artículos, "pues actualmente en la ley existen algunos que permiten alargar los juicios".

Sobre los casos de corrupción manifestó que han instalado un módulo de la Procuraduría Federal del Trabajo en la sede de la Junta, para evitar que los trabajadores caigan en manos de coyotes. Sin embargo, atajó respecto a los contratos de protección: "Nosotros no nos involucramos en esa problemática, ya que la disputa por los contratos es entre los sindicatos".

De acuerdo con la ley, argumentó, la Junta sólo debe intervenir cuando se requiere una conciliación o un recuento para determinar qué organización tiene la mayoría de trabajadores. "Como autoridad no somos inquisidores para ver cuál contrato está firmado en condiciones contrarias a lo que la ley señala; ni tenemos capacidad ni es nuestra función. En todo caso, los sindicatos deben trabajar y hacer promoción entre sus representados" para ganar la titularidad del contrato, pero "que no se enfoquen en contra de las autoridades, pues no tienen la culpa de lo que las partes convengan".