José Agustín Ortiz Pinchetti
Rescatar nuestros colores

La controversia sobre el emblema de la alianza PAN/PVEM ha puesto de relieve otra asignatura pendiente de la democratización de México: El PRI usa como emblema a la bandera nacional. Utiliza sus mismos colores y en el mismo orden, con el propósito de inducir el voto y además de identificar a este partido con el Estado y hasta con nuestra nación. Lleva 70 años desafiando a la equidad, al sentido común, a la ley y a una corriente (ahora mayoritaria) de la opinión pública harta ya de que el saqueo sistemático que muchos priístas y para-priístas (no todos ni todo el tiempo), han hecho sobre el país incluya una apropiación ilegal y abusiva del símbolo patrio por excelencia.

Todos los argumentos utilizados por el Tribunal Electoral para negar el registro de Alianza por el Cambio pueden utilizarse con mayoría de razón en este caso. Si bien no existe en el Código Federal una descripción limitativa para los emblemas de los partidos, sí existe una ley que regula los símbolos patrios y que prohíbe su utilización indebida y/o su explotación por cualquier persona o institución. El grado de confusión entre el emblema del PRI y nuestra bandera es completo, y desafío a que se encuentre a un solo mexicano que con sinceridad se niegue a identificarlos.

La Constitución en su artículo 41 establece que los partidos son entidades públicas; los únicos que pueden intervenir en los procesos electorales y por tanto los vehículos exclusivos para alcanzar el poder. Los partidos deben de promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Nada más contrario a estos altos fines que la identificación de uno de los partidos contendientes con los signos que nos identifican a todos los mexicanos.

Pero no es cualquier partido. Es la conformación política que ha ejercido una hegemonía desde 1929, empleando para ello todos los medios incluyendo el fraude electoral. La subsistencia de sus privilegios es el mayor obstáculo para la democratización del país. Los emblemas de los partidos sirven para que los ciudadanos puedan distinguir a sus candidatos, sus propuestas y programas. Para poder elegir entre ellos a través del signo del voto, no puede admitirse que uno de ellos se identifique con los signos del ente superior de la nación en la que nos incluimos todos.

Los priístas insisten en que "por razones históricas" tienen derecho a detentar la bandera nacional. Se consideran "herederos" de la Revolución a pesar de que el partido ha violentado sus postulados. No dan un solo argumento ni jurídico ni histórico realmente serio para justificar esta apropiación.

Los partidos de oposición han reclamado desde hace décadas la eliminación de esta ventaja. Esto no ha sido posible porque las autoridades electorales y el aparato encargado de juzgar las controversias estuvieron controlados por el gobierno directa o indirectamente cuando menos hasta 1994. La independencia de estos órganos es tan reciente como la Reforma de 1996. Entonces se perfeccionó el enunciado del principio de equidad y se dotó a ciudadanos y partidos de medios de impugnación para garantizar la vigencia de sus derechos políticos. El Tribunal Electoral está ahora integrado al Poder Judicial de la Federación. Sus decisiones son definitivas y puede cumplir un papel político y jurídico de enorme efecto para la democracia.

Los partidos de oposición no podrán impugnar directamente ante este tribunal la violación a la Constitución y a las leyes que comete el PRI y que por su propia naturaleza es indescriptible e imposible de convalidar. Se requiere de un acto de la autoridad electoral, del IFE. Los opositores tienen varios caminos para generar una resolución que pudiera plantear el problema. El Tribunal Federal Electoral diría la ultima palabra.

El PAN ha defendido con buenas razones la tesis de que ninguno de los partidos puede utilizar los colores de la bandera nacional. En 1994 los consejeros ciudadanos que participamos en el proceso electoral de ese año (incluido el actual presidente del IFE) suscribimos una propuesta "gradualista": Que todos los partidos pudieran incluir en su emblema los colores nacionales y que esto no quedara como un monopolio a favor de uno de ellos.

Esta propuesta fue aceptada por el PRI en las prenegociaciones de la Reforma Electoral (seminario del Castillo de Chapultepec 1995). Pero cuando la reforma a la Constitución y al nuevo Cofipe se votaron en 1996 ni esta propuesta "transitoria" ni la radical del PAN fueron tomadas en cuenta. En forma inexplicable se olvidó este tema de gran importancia para completar la democratización del país. Ahora gracias a oportunas iniciativas de Marcelo Ebrard (PCD), Amalia García (PRD) y varios panistas, el problema resurge en otra grave víspera electoral.