José Antonio Rojas Nieto
El debate nacional sobre los energéticos
N i hablar, el debate continúa. Nuevamente se empieza a mencionar la posibilidad de que en el último periodo de sesiones del Congreso de la Unión o, incluso, en un periodo extraordinario, se intente nuevamente impulsar la reforma eléctrica con la consecuente modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución. Pero hay que advertir varias cosas. En primer término, que la discusión no está saldada, no sólo porque no se han respondido las grandes interrogantes formuladas a partir de las tremendas fallas que han ido mostrando las experiencias internacionales que sirven de ejemplo a los promotores de la reforma ųsin duda Inglaterra, pero también, España, Argentina y Chile, entre otros paísesų, sino porque, ni siquiera, se cuenta con el informe de la comisión creada por el Congreso para analizar la situación de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro y, a partir de ello, sugerir cómo enfrentar dicha reforma.
Pero también hay que advertir que atrás de algunos de los puntos centrales del debate realizado el año pasado, hay aspectos de carácter más general, algunos de los cuales ųinclusoų se vinculan con los cambios recientes en las empresas estatales, y que se surgen nuevamente a propósito de la presentación que hicieran de sus programas económicos en el ITAM Cuauhtémoc Cárdenas, Fracisco Labastida y Vicente Fox. Atrás de los cambios en las industriales petroleras y petroquímica, de la reforma de la industria del gas natural y de la reforma eléctrica ųtres industrias tan importantes para Méxicoų, está la visión global que se tenga sobre el papel de éstas en el desarrollo; la participación del Estado en ellas; la forma de abrirse no sólo al capital privado sino aun al capital externo; la forma de enfrentar la apertura de la economía y la mayor interrelación con el mercado mundial.
La reforma que se impulse en cada una de estas industrias, tendrá una orientación que dependerá de las respuestas que se den a estas preguntas. Pero Ƒquiénes deben responderlas? No sólo el gobierno. No sólo los especialistas. Ni siquiera sólo los trabajadores, técnicos y funcionarios de las empresas estatales del sector energético o, acaso, sólo los diputados y senadores. Sin duda la sociedad.
La transformación pasiva que venía realizando el gobierno del sector energético apareció con mucho mayor nitidez ante la opinión pública una vez que se propuso la reforma eléctrica. Uno de los méritos de la discusión realizada prácticamente todo el año pasado, ha sido, precisamente, develar ante la opinión pública la verdadera intencionalidad de la reforma gubernamental en la industria de los energéticos, ya no sólo en la privatización de la petroquímica y en la apertura al capital privado en la distribución y venta del gas natural. Con la iniciativa de reforma eléctrica se ratificó el ánimo gubernamental por transformar el Estado mexicano, una transformación que se sustenta en un silogismo aparentemente muy simple, cuya segunda premisa es, justamente, la aportación del neoliberalismo actual: el desarrollo supone y exige una sociedad eficiente; esta eficiencia es producto de la competencia en todos los ámbitos de la vida económica; luego, el desarrollo exige la competencia.
La eficiencia proviene de la competencia. En consecuencia hay que desarrollarla. Ya no tienen vigencia las razones tradicionales que no sólo permitieron sino que impulsaron la intervención estatal. Esto llega al extremo de negar que para el desarrollo sea necesario, como lo señala el artículo 27 de la Constitución, que la Nación ejerza el dominio (propiedad, control y manejo) de los recursos naturales; tierras, aguas, minerales, petróleos e hidrocarburos, pero también, según indica el artículo 28, la exclusividad en las áreas estratégicas; correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo e hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidsad, o su participación en áreas prioritarias: comunicación vía satélite y ferrocarriles.
Estamos frente a un cuestionamiento directo por parte del partido oficial ųel PAN lo ha hecho desde hace muchos añosų a las concepciones que impulsaron al Constituyente a la redacción de los artículos 27 y 28 de la Constitución, dos de los más importantes y delicados del total de 136 artículos constitucionales. Y esto, precisamente esto, estuvo atrás de los cambios que permiten ya la comercialización de las tierras ejidales; y está atrás del intento de privatización petroquímica; de la restructuración de la industria del gas natural; de la iniciativa de reforma eléctrica; y de la acre discusión en torno a la privatización de Pemex.
El partido oficial ya cambió en esto. Hoy impulsa otro proyecto. No es cierto que Pemex o CFE se pudieran llegar a vender porque sean más o menos eficientes. No es la ineficiencia o la eficiencia de una empresa lo que justifica la venta de activos estatales. Eso, en todo caso, es una circunstancia. La razón está en la nueva concepción gubernamental sobre el desarrollo, que en su opinión se debe fundar en una eficiencia global que sólo provendrá de la competencia.
Por eso reaccionan tan violentamente los altos funcionarios gubernamentales con quienes manifiestan desacuerdo con sus propuestas. Sienten y piensan que quienes no sienten y piensan como ellos no sólo los contrarían sino que frenan el desarrollo. Y si todo esto es cierto, la tentación autoritaria, hoy a nombre del desarrollo, puede surgir en cualquier momento. Por eso, por eso, acaso sólo por eso, es urgente reforzar y profundizar el debate a fondo y de frente a esa concepción.