Adolfo Sánchez Vázquez
ƑA dónde va la universidad?

A los nueve meses de huelga en la UNAM y a la vista de su tremendo costo académico, económico y humano, cabe preguntarse: Ƒa dónde va la Universidad? ƑHacia el precipicio de la represión o de su cierre o hacia su engrandecimiento académico y social una vez restablecida su vida académica y reformada profundamente? Ante las decepciones de su pasado inmediato y la incertidumbre de su porvenir, fácil es dejarse llevar por el desencanto o la desesperación, y en vez de mirar la dura realidad cara a cara, tratar de ver sólo lo que se supone que hay por debajo o detrás de ella. Ciertamente, no es fácil sustraerse al desánimo y a la ira, cuando como universitarios los estamos sufriendo en carne propia. Sin embargo, por el hecho de ser universitarios y por la naturaleza misma de nuestra condición ųcomo estudiantes, profesores e investigadoresų la racionalidad debe presidir nuestras ideas y nuestros actos. Por ello, dejando a un lado la carga emotiva de la indignación o la desesperación y la más nefasta de la intolerancia o la intransigencia, tratemos de encarar la situación actual lo más serena y objetivamente posible.

Sin detenernos ahora en los orígenes del movimiento estudiantil, impulsado por la defensa de la educación pública, gratuita y por la demanda de transformar profundamente la universidad y sin desconocer las responsabilidades de las partes ųCGH y autoridades universitariasų en la prolongación del conflicto, fijemos sobre todo nuestra atención en la situación actual que vive la universidad. Y la situación que registramos es la del desencuentro entre las partes: no hay diálogo ni, por supuesto, negociación. No se trata, en verdad, de una situación nueva; es la que hemos conocido a lo largo de los meses pasados si se exceptúan breves e infructuosos encuentros, contactos o Ƒdiálogos? Si medimos estos últimos con la vera de la racionalidad, de la tolerancia, del intercambio de argumentos y el respeto mutuo, nunca ha habido verdadero diálogo. Por otro lado, difícilmente podría haberlo cuando las partes ni siquiera se han puesto de acuerdo sobre la materia dialogable. El CGH tenía razón al reclamar que se tomara en cuenta su pliego petitorio, pero no la tenía al rechazar toda propuesta ųcomo sucedió con la de los eméritosų que no aceptara íntegramente sus demandas. Posición del "todo o nada" que volvía inútil o imposible el diálogo y la negociación.

Las autoridades universitarias, a su vez, se resistieron durante todo ese tiempo a discutir el pliego petitorio. Así, pues, al faltar una base de discusión, comúnmente aceptada, el diálogo no podía darse y efectivamente nunca se dio. Tal es la situación que dominó, para desesperación de la comunidad, durante meses.

ƑY ahora cuál es la situación, si el "ahora" lo entendemos desde el cambio de rector hasta hoy? Podría pensarse que es la misma, si tenemos presente que seguimos sin diálogo ni negociación. Sin embargo, en la situación actual que cubre nuestro "ahora", hay elementos nuevos que no se pueden ignorar y que lamentamos que el CGH no aquilate. En primer lugar, tenemos la voluntad de comunicación del rector Juan Ramón de la Fuente, claramente expresada desde el primer momento de su elección con su acercamiento directo al CGH. En segundo lugar está el comportamiento de rectoría al ponerse en contacto con toda la comunidad académica, con lo cual ha contribuido, a su vez, a que los académicos, dispersos por el conflicto, hayan restablecido su comunicación entre sí. Y, en tercer lugar hay que registrar entre estas novedades, que el rector, con base en sus encuentros con los académicos, haya elaborado una postura, aprobada después por el Consejo Universitario, que responde a cada uno de los puntos del pliego petitorio. Esta propuesta acepta, en lo esencial, la mayor parte de esos puntos y en aquéllos que son cuestionables por razones académicas, pone su solución en manos de la comunidad universitaria, ya que se trata de cuestiones que no son privativas del CGH. Ciertamente, la propuesta va más allá del pliego petitorio al hacer hincapié en las reformas profundas de la universidad reclamada por el movimiento estudiantil desde un principio.

Como sabemos, la propuesta ha sido rechazada por el CGH desde el primer momento. Y ni siquiera acepta que pueda servir ųcon la suyaų como base de discusión. Se argumenta para ello lo siguiente. Primero: que no satisface cabalmente los seis puntos del pliego petitorio. Ahora bien, cualquiera que compare objetivamente el pliego y la propuesta, no podrá dejar de reconocer que coinciden en lo fundamental y casi en su totalidad. En segundo lugar, el CGH esgrime un argumento formal o de procedimiento que no afecta a la sustancia de la propuesta. Se le rechaza porque no ha sido elaborada conjuntamente, es decir, con la participación del CGH. Ahora bien, en todo conflicto cada parte tiene su propia propuesta y lo que elabora en común, a través del diálogo y la discusión, no es otra propuesta, sino un acuerdo. Así, pues, rechazar la propuesta de la rectoría y del CU, porque el CGH no ha participado en su elaboración sería tan absurdo como si las autoridades universitarias hubieran rechazado el pliego petitorio por no haber participado en su elaboración.

La propuesta llamada institucional es aceptable, a nuestro juicio, no sólo porque favorece la solución del conflicto por sus coincidencias con el pliego petitorio, sino también porque tiene como eje fundamental la elaboración de un Congreso para realizar la reforma profunda de la universidad. Ciertamente, el CGH debiera considerar como un triunfo el que su reivindicación original del Congreso se haya abierto paso ųa través de fuertes resistenciasų hasta hacerla suya, a propuesta del rector, el Consejo Universitario. Es verdad que sobre su organización y representatividad hay diferencias que habrán de ser tomadas en cuenta. Pero la demanda de un congreso democrático y resolutivo ya es patrimonio de toda la comunidad universitaria. Como lo es, o debe serlo, que este congreso ha de tener como pivote el fortalecimiento de la esencia académica de la universidad como institución social que sólo puede cumplir los fines profesionales- con los que sirve a la sociedad. Y si esto es así, quienes constituyen el tronco académico de la universidad ųsus profesores e investigadoresų deben tener un peso decisivo en el congreso. Así, pues, me inclino a favor de la propuesta de rectoría, sin dejar de tomar en cuenta el pliego petitorio, no sólo porque tiene un puente al levantamiento de la huelga, sino porque al dar la importancia debida a la celebración de un congreso democrático y resolutivo abre la vía del análisis y solución de los problemas que plantea una reforma profunda de la universidad. Me inclino igualmente a favor del plebiscito, a que está convocada la comunidad universitaria el próximo día 20, por el aval que puede representar a los intentos últimos de solución del conflicto.

Sin embargo, para no alimentar nuevos desencantos, debe quedar bien claro que el plebiscito, como expresión de la voluntad de una de las partes para resolver el conflicto, aunque tenga ųcomo esperamosų el apoyo mayoritario de la comunidad, y con ello una gran fuerza moral, no basta para resolverlo. No se puede ignorar ni descartar la otra parte del conflicto: la que está en huelga y tiene en sus manos las instalaciones de la universidad. Ahora bien, esta parte ha rechazado de antemano el plebiscito. Guste o no guste, la parte que lo rechaza es decisiva en la solución. Pues bien, sin ella no se levantará la huelga. Pero tomarla en cuenta significa restablecer o más bien, establecer ųel diálogo y poner en la mesaų como materia dialogable las propuestas de las dos partes, enriquecidas con las sugerencias que puedan llegar de la comunidad. De no seguirse esta vía, quedarían dos posibles. Una, la apelación a la fuerza pública, legitimada con el sacro manto de la legalidad o de una supuesta voluntad "democrática". Pero, aunque no podemos prever las terribles consecuencias que esta intervención de la fuerza pública tendría, sí estamos seguros que, lejos de resolver el problema, lo agravaría más. Por ello, hay que descartar desde ahora, y condenar sin reserva alguna, el uso ųen primera y última instanciaų de la fuerza pública. Se puede creer ųalgunos colegas lo han creído de buena feų en una versión light o blanda de la vía anterior, que los propios universitarios debieran tomar en sus manos la tarea de tomar las instalaciones que, en la versión dura, correspondería a la fuerza pública. Pero esta alternativa debe ser también categóricamente rechazada. No sólo porque presupone ingenuamente que sería una tarea fácil, sino porque abriría una fosa insalvable entre las partes del conflicto, y arruinaría por mucho tiempo la convivencia universitaria. Aunque fracase por ahora, y esperamos que el plebiscito contribuya a evitarlo, no hay otra vía racional y deseable del conflicto que la de la comunicación entre las partes, que la del diálogo y la negociación, en el marco de una comunidad cada vez más activa y participante.

Por todo ello, el plebiscito no puede servir contra su propia naturaleza para legitimar ų"democráticamente"ų el recurso a la fuerza. No creo en modo alguno que haya sido convocado con ese fin sino justamente para lo contrario, para descartar la falsa solución impuesta por la fuerza. Por ello, no puede ser descalificado de antemano ųcomo hace el CGHų, atribuyéndole una intencionalidad perversa. Con ello, no niego que pueda haber, dentro y fuera de la universidad ųcomo lo hubo antes con la propuesta de los eméritosų, quienes pretendan usarlo con esas intenciones. Pero esto no puede hacer mella ųy menos aún invalidarų el plebiscito.

El plebiscito representa una fuerza moral que, por su peso, no puede dejar de ser tomado en cuenta por el CGH y contribuirá a reducir las posiciones intransigentes en su seno, y, de este modo, contribuirá a que por una vía racional ųla del diálogo y la negociaciónų se llegue al congreso que permita reformar profundamente la universidad. Y así, fortalecida, podrá cumplir mejor su función al servicio de la sociedad.

En conclusión, de nosotros los universitarios dependerá en gran parte que la UNAM se hunda en el precipicio que la amenaza, o que se levante como institución pública, gratuita, al alto nivel académico que espera de ella nuestro país, nuestro pueblo, nuestra sociedad.