Ť La represión a estudiantes, incidente menor, señala la Procuraduría estatal
Monreal culpa al EMP de la violencia en Zacatecas
Ť Los alumnos agredidos aseguran contar con el apoyo de 16 normales rurales del país
Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal, Zacatecas, Zac., 14 de enero Ť El gobierno de Zacatecas responsabilizó al Estado Mayor Presidencial (EMP) de la represión que sufrieron la tarde del pasado jueves estudiantes normalistas a manos de policías antimotines estatales, donde resultaron lesionados a toletazos 26 jóvenes (10 de consideración) y otros tres fueron detenidos.
De igual forma, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, el gobierno zacatecano anunció hoy el cierre temporal de la Escuela Normal Rural Matías Ramos, del municipio de Loreto, institución a la que pertenecen los 260 estudiantes que desde el pasado miércoles mantienen un plantón en esta capital, en demanda de la destitución del director del mencionado plantel y cinco maestros más, por su presunta ineficacia en la conducción de las actividades académicas.
Cierre temporal de la escuela
En conferencia de prensa realizada esta tarde, Armando Cruz Palomino, titular de la Secretaría de Educación y Cultura, anunció el cierre temporal de la escuela normal ''hasta que se concluya una reforma institucional profunda''.
Al reconocer que la medida es unilateral, Palomino argumentó que el gobierno de Ricardo Monreal Avila tomaba tal determinación ''toda vez que la escuela se encuentra sumida en un grave deterioro académico y prácticamente bajo el control del alumnado''.
El funcionario reiteró que ''de ninguna manera'' el cierre de la escuela normal obedece a algún tipo de castigo contra los estudiantes por su movilización en la capital y búsqueda de entrevistarse con el presidente Zedillo, que desembocó en los hechos violentos del pasado jueves.
Hecho ''extraño'' en un año electoral...
Por otra parte, mientras que en un comunicado de prensa la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) calificó la represión a los estudiantes como ''un incidente menor'', el gobernador Ricardo Monreal Avila culpó de la agresión sufrida por los alumnos ųa manos de policías municipales y estatalesų al Estado Mayor Presidencial.
Para el mandatario perredista, la orden de impedir el paso a los normalistas hacia la zona de la ciudad donde el presidente Zedillo inauguraría una autopista, fue dada por el mando castrense, pues argumentó: ''Lo que pasa es que ahí el Estado Mayor fue el que asumió la seguridad del Presidente''.
No obstante, Monreal Avila consideró que ''hay algo extraño detrás de esto'', pues el hecho se dio en una entidad gobernada por la oposición, el PRD, ''en un año electoral''.
Mientras tanto, el procurador de Justicia de Zacatecas, Aquiles González Navarro, dio a conocer que los tres estudiantes detenidos la tarde del jueves fueron puestos en libertad ''después de platicar con ellos''. Sobre los motivos para detenerlos, argumentó que fue que ''aquí lo que nos preocupaba es que entendí como un acto inadecuado la intención de los jóvenes de acudir en grupo a dañar el evento donde estaba el Presidente de la República''.
Versiones exageradas, afirma el procurador
Al recordar a los reporteros presentes en la conferencia que en ese momento ''el Estado Mayor Presidencial asumía la seguridad pública en la entidad'', González Navarro dijo que ''si ciertamente hubo algunos pocos golpes, se han exagerado las versiones, no hubo represión... ordenamos la elaboración de certificados médicos y (resultaron) con lesiones que no tardan en sanar más de 15 días y no ponen en peligro alguno la vida'' de los manifestantes.
Por su parte, los estudiantes normalistas ųque trasladaron su plantón de protesta del palacio de gobierno al edificio de Educación y Culturaų anunciaron en conferencia de prensa que han entrado en contacto con 16 escuelas normales rurales del país, de las que aseguraron recibirán su apoyo.
Asimismo dijeron que no cederán en su intención de renovar la dirección de su escuela.
Finalmente, los afectados dieron a conocer que los estudiantes lesionados interpusieron las denuncias correspondientes ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de los cuerpos policiacos agresores, por los delitos de represión y violación de garantías constitucionales.