Ť Demanda el magistrado a GB autorización para interrogar al ex militar

Pide Garzón nuevo examen médico a Pinochet con forenses españoles

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Afp, Dpa, Ap y Reuters, Madrid, 14 de enero Ť El juez Baltasar Garzón pidió a Gran Bretaña practicar un nuevo examen médico a Augusto Pinochet con forenses españoles y que se le autorice a interrogarlo personalmente, al emitir su alegato judicial y que comprende fuertes críticas al ministro británico Jack Straw.

El gobierno español dijo que estudiará "atentamente" este fin de semana si da curso a los nuevos alegatos del juez que instruye el caso, pero sostuvo que "no aporta nada nuevo". Además, insistió, España se plegaría a la decisión definitiva que tome Straw la próxima semana sobre el destino del ex dictador chileno.

El canciller español, Abel Matutes, indicó que el gobierno decidirá dentro del plazo establecido que finaliza el próximo martes a las 17 horas locales, en torno a si transmite o no a Gran Bretaña los alegatos de Garzón, el juez que reclama la extradición de Pinochet para juzgarlo por delitos de lesa humanidad.

Señaló que de momento el Ejecutivo español no ve motivos para presentar los alegatos contra una decisión que compete "personalmente" a Straw, pero se estudiará con "espíritu constructivo y simpatía hacia el juez Garzón" si el texto contiene elementos que permitan ser considerados por el ministro inglés.

En conferencia de prensa, Matutes subrayó que se trata de una decisión personal del ministro del Interior Jack Straw, en la que no tiene que ver, ni siquiera, el primer ministro británico, Tony Blair, ni el Ejecutivo del Reino Unido.

Hizo énfasis en que en el ámbito judicial su gobierno ha respetado escrupulosamente todas las decisiones judiciales españolas y británicas, y ha dicho que se abstendría de presentar alegatos a la decisión que adoptara Straw por "razones humanitarias".

Tras señalar que Garzón debe estar satisfecho por haber dado "un empujón a la justicia internacional", el vocero del gobierno español, Josep Piqué, intervino para decir que la práctica de un nuevo examen a Pinochet no sería "un elemento nuevo" a la causa puesto que Straw considera que ya es innecesario hacer más pruebas.

Piqué argumentó que "ahora no estamos ante una decisión judicial sino ante un anticipo de una decisión política", y el gobierno de España considera que debe "mantener la misma posición y considerar que todos los elementos ya están aportados".

Procedimiento secreto y sospechoso

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional remitió a la cancillería española las alegaciones en el marco del proceso penal que instruye a fin de que envíe el documento a las autoridades británicas competentes, y dijo confiar en que España y Gran Bretaña valoren la trascendencia de los hechos imputados y consideren el principio de la justicia universal.

Por ello, Garzón no sólo pide a las autoridades británicas la realización de un nuevo examen, sino además conocer ya practicado por Londres y demanda explicaciones del por qué no se ha permitido al Estado requirente tener acceso a los exámenes ya hechos, ni al diagnóstico, ni al informe médico, a pesar de que obran en poder del procesado y del ministerio del Interior.

Califica como "absurda" la ausencia de conocimiento del informe médico sobre el que se requiere se opine y asienta que se anula el principio de igualdad entre las partes, el principio de defensa y el principio de contradicción, cuando se requiere de conclusiones compartidas mediante un peritaje médico de contradicción.

En el procedimiento penal español, apunta, en ningún caso por razones médicas u orgánicas puede el imputado sustraerse a la acción de la justicia, pues sólo en el caso de una enajenación mental sobrevenida se puede paralizar el proceso penal hasta en tanto el interesado recobre la salud.

En su alegato destaca que se cometería un precedente negativo a nivel universal si se evita el proceso por razones médicas, critica la confidencialidad del informe médico cuando pertenece al procedimiento judicial y resalta que el presente caso se halla bajo la vigencia del principio de jurisdicción penal universal por aplicación de la Convención contra la Tortura de 1984.

Por lo tanto, solicita al Ministerio del Interior británico el acceso al examen médico ya practicado y hace una serie de preguntas sobre la base legal de dichos exá- menes, sobre el procedimiento para determinar que el imputado no reúne las condiciones mentales para comparecer en un juicio y en torno a la edad e incapacidad para soportar el juicio.

Solicita, así, un segundo examen a la luz del primero y con participación de médicos especialistas en psiquiatría designados por su juzgado, y se autorice a la comisión rogatoria recibir declaración de Augusto Pinochet en Inglaterra, con asistencia de su instrucción y las partes, antes de que eventualmente pudiera ser liberado.

En tanto que en Londres la prensa local reportaba que el affaire Pinochet costará a los contribuyentes británicos entre 9.6 millones y 18.4 millones de dólares, Amnistía Internacional instó a España, Francia, Bélgica y Suiza a fincar un recurso judicial contra la iniciativa británica de liberar al también senador vitalicio.

Por su parte el abogado paraguayo Martín Almada pidió al ministro Jack Straw visitar los llamados Archivos del Terror en Asunción para que conozca los documentos sobre el criminal Plan Cóndor de las dictaduras sudamericanas en la década de los 70, ideado para exterminar a los dirigentes izquierdistas y democráticos del Cono Sur.

Mientras tanto la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de Literatura, descartó que un examen médico secreto sea suficiente para dejar en libertad al ex militar.