Ť Responsabilizan a Londres de incumplir la Convención contra la Tortura
Hubo acuerdo GB-España para liberar a Pinochet, acusan fiscales
Ť Alegan que en los juicios de Nuremberg ni la edad ni la salud impidieron procesar a dirigentes nazis
Afp, Dpa, Ap y Reuters, Madrid, 13 de enero Ť España anunció hoy que no dará trámite a los alegatos del juez Baltasar Garzón contra la negativa de Gran Bretaña de conceder la extradición de Augusto Pinochet, y opositores denunciaron un "acuerdo político tácito" entre ambos gobiernos para liberar al ex dictador.
"En la medida en que no haya elementos nuevos, el gobierno español no piensa formular nuevas consideraciones o alegaciones ante el Ejecutivo británico", señaló uno de los voceros de la cancillería, Joaquín Pérez Villanueva.
No obstante destacó que hasta el momento en Londres "no existe una decisión firme" sobre la posible liberación del ex dictador, añadió que los alegatos formulados a lo largo del proceso judicial en nombre del magistrado encargado del sumario "ya son conocidos por los británicos y, por tanto, no es necesario reiterarlos".
Insistió en que el gobierno británico ha solicitado a España que formule las observaciones que estime oportunas, "siempre que sean nuevas".
Ante esto, representantes de la acusación se manifestaron sorprendidos por la postura del gobierno español. El abogado argentino Carlos Slepoy calificó de insólita la actitud de Madrid, al recordar que hasta ahora el Ejecutivo había mantenido una actitud pasiva, aunque de respeto a las resoluciones judiciales.
El Partido Socialista Obrero Español consideró que si el gobierno de José María Aznar tramitó la extradición de Pinochet, es lógico que tramite los alegatos judiciales al rechazo a esa solicitud, a no ser que quiera" quitarse la careta y demostrar que nunca quiso" que el ex general fuera juzgado en territorio español.
La Unión Progresista de Fiscales denunció la existencia de un "acuerdo político tácito" entre España y Gran Bretaña para liberar a Pinochet sin juicio alguno, como lo demostraría la decisión de Aznar de negarse a tramitar los alegatos de la acusación.
Pese a los contratiempos, el juez Baltasar Garzón sostuvo reuniones hoy con sus ayudantes y los abogados de los grupos que buscan extraditar desde Londres a Madrid a Pinochet, por lo que ultimaba detalles para tratar de impedir de urgencia que el acusado sea devuelto a Chile.
El juez tiene de plazo hasta el lunes para enviar al ministro británico del Interior, Jack Straw, un alegato conjunto en nombre de todas las partes acusadoras, y en fuentes judiciales trascendió que podría enviar tal documentación entre hoy y el viernes.
La mano amiga del poder
Tras entrevistarse con Garzón, Slepoy estimó que el gobierno de Tony Blair deniega la extradición sin garantías de que Pinochet pueda ser juzgado en Chile, y que era sorprendente que el poder político intervenga así en un procedimiento judicial.
La abogada de Izquierda Unida, que hace parte de la acusación, Virginia Díaz, basó su crítica en que para efectuar cualquier alegato se requiere del informe médico que el gobierno británico ordenó practicar a Pinochet y cuyo contenido se ha reservado, y ante esa situación dijo que la coalición es partidaria de que se le realice otro examen que no sea confidencial.
Por voz del abogado Joan Garcés, la acusación popular y particular responsabilizó al gobierno británico de incumplir la Convención contra la Tortura de 1984 por la forma en que se hicieron los exámenes médicos y que les han sido denegados.
Por tanto, exigieron que la Audiencia Nacional madrileña conozca el resultado de la revisión médica, de modo que sólo así la justicia española podrá decidir si debe archivar el procedimiento en caso de que el ex dictador padezca alguna demencia sobrevenida o si debe continuar la diligencia.
En Londres, el ministro Straw insistió en defender el carácter confidencial del informe médico al considerar que "sería muy inusual" que se le diera mayor difusión, puesto que lo importante era que "fuera accesible para mí y para la fiscalía del Estado, y ambas cosas han ocurrido".
Pero diversos organismos defensores de los derechos humanos señalaron que conocer el informe médico era clave para poder responder. Organismos como Amnistía Internacional informaron que sostenían reuniones y analizaban la posibilidad de apelar, en un intento por detener la salida de Augusto Pinochet de Gran Bretaña.
Una apelación suspendería de manera automática la decisión de liberar al ex dictador, hasta que el asunto fuera definido en la Alta Corte de justicia británica.
Sin embargo, los voceros de los organismos humanitarios aceptaban tener poco margen de maniobra al desconocer el contenido del examen médico.
Mientras los defensores de los derechos humanos parecían librar la última batalla contra la liberación del senador vitalicio, familiares de éste confiaban en que Pinochet pueda partir a Chile el próximo martes en un avión de la fuerza aérea chilena.
Uno de los alegatos de la acusación es que en los juicios de Nuremberg (Alemania), tras la Segunda Guerra Mundial, ni la edad ni el estado mental de los condenados fue impedimento para condenar a los dirigentes nazis.
A todo esto, Bélgica anunció que mantendrá la demanda de extradición de Pinochet, y el fiscal suizo Bernard Bertossa acusó a Gran Bretaña de hipocresía al utilizar el estado de salud del acusado para "salirse por la puerta de atrás".