Víctor M. Godínez
Precariedad fiscal y financiera

M ientras que las autoridades toman todas las medidas a su alcance para asegurar que los últimos once meses del actual periodo presidencial transcurran sin sobresaltos económicos y financieros, las perspectivas fiscales del país siguen ensombreciéndose. En un cuadro de fuertes restricciones presupuestales derivadas del bajo nivel al que llegaron los ingresos tributarios de la Federación, el gobierno que asuma el poder el próximo primero de diciembre deberá incorporar a las cuentas públicas una serie de pasivos fiscales que todavía no están registrados.

Tales pasivos provienen de obras públicas ejecutadas (de acuerdo con la ley) por empresas privadas con sus propios recursos y que al ser concluidas deberán ser liquidadas por el erario. Pero sobre todo provienen del rescate bancario, cuyo monto íntegro no se conoce con exactitud, aunque sí sabemos que crece cotidianamente por la acumulación de intereses y que además deberá ser cubierto con cargo a las arcas federales. Cuando el próximo gobierno asuma estas deudas presenciará la desaparición casi simultánea de la "perla de la corona" de la política económica de la administración del presidente Zedillo. El equilibrio fiscal del que tanto alarde se ha hecho durante todos estos años se desvanecerá y el llamado déficit oculto de las finanzas públicas emergerá progresivamente. Será hasta entonces que los contribuyentes estaremos en posibilidades de conocer las reales dimensiones de ese desequilibrio.

La atribulada historia del rescate bancario muestra desde 1995 que las estimaciones de su costo fiscal han sido ascendentes. Muestra también que lejos de haber saneado la estructura financiera de los bancos, la estrategia puesta en marcha sólo dio a éstos vida artificial. Cinco años después del estallido de la crisis, una fracción creciente del capital de las instituciones bancarias continúa siendo de mala calidad al estar constituida por bonos gubernamentales, que no son negociables en el mercado, y créditos reestructurados cuya liquidación en muchos casos es tan incierta como antes de la crisis. No se trata ya de cuestionar la utilización de recursos públicos para evitar el colapso total del sistema de pagos (método que en cualquiera de sus posibles variantes era finalmente inevitable), sino de constatar tanto la ineficacia de la estrategia seguida para asegurar el restablecimiento de las funciones de intermediación financiera como la carga creciente que aquélla representa para las finanzas públicas.

Hay una relación potencialmente perversa entre la debilidad fiscal de la economía y la precariedad del sistema bancario, dado que se configuró una situación en la que el agravamiento de uno de estos factores acarrea casi inevitablemente el del otro. Una parte central de la estrategia de salvamento de los bancos consistió en que el gobierno asumiera una parte sustancial de los créditos impagos por medio de documentos que si bien no tienen posibilidades de ser negociados, sí en cambio devengan intereses (dos puntos por encima de la tasa de corto plazo de los Cetes). El pago de estos intereses no ha dado lugar hasta ahora a transferencias monetarias efectivas, pero se va acumulando en la cuenta del quebranto bancario al tiempo que los bancos lo registran en su contabilidad como un ingreso. Hasta ahora estas operaciones han sido de papel; no hacerlas efectivas precipitaría una nueva crisis bancaria, pero honrarlas obligaría al gobierno a documentar como deuda pública el servicio financiero acumulado por el abultado pasivo impago del sector bancario. Recordemos que las corredurías internacionales calculan que las obligaciones públicas habrían aumentado por este concepto en cerca de 400 mil millones de pesos entre 1998 y 1999. Para ponderar esta suma basta decir que equivale a 40 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año.

La fiscalidad y el sistema financiero constituyen al finalizar este sexenio una fuente real de vulnerabilidad económica. La dimensión de ambos problemas se agravó como resultado de los dos grandes mitos en que se entrampó la política económica: el fortalecimiento ficticio de las finanzas públicas y la salida artificiosa que se dio al quebranto bancario. En ambos casos la solución real del problema fue desplazada a futuro, es decir, al próximo periodo de gobierno. Es lo que los franceses denominan una "fuga hacia delante".