La Jornada viernes 14 de enero de 2000

Luis Javier Garrido
La antesala

La afirmación hecha por el candidato priísta Francisco Labastida durante su comparecencia en el ITAM (11 de enero), rechazando el diálogo como la vía para resolver los problemas del país constituye la mejor evidencia de que el grupo gobernante sólo busca prolongar los conflictos con tal de imponer sus tesis; pero lo más preocupante es que para ello encuentre todo tipo de complicidades.

1. La decisión del rector De la Fuente de cancelar de manera unilateral el diálogo con el CGH y de desconocer su firma en los acuerdos del 10 de diciembre, optando por una salida de fuerza sustentada en un plebiscito, constituye un error político que no hace más que confirmar que las autoridades son las principales responsables de que la UNAM esté cerrada, y que lo único que buscan es prolongar la huelga. La respuesta del CGH no se hizo esperar, convocando a una consulta para el 18 y el 19 de enero, con lo que el conflicto entra en una nueva fase, cuya solución no está más cercana.

2. Los estudiantes se fueron a la huelga para detener el proceso de privatización de la UNAM y poner un alto al autoritarismo y a la corrupción prevalecientes en la máxima casa de estudios del país, y la propuesta institucional, con el argumento sofista de que "el movimiento ya triunfó" lo que busca en realidad es mantener la puerta abierta al proceso privatizador, preservar los privilegios de la burocracia, mantener los programas neoliberales e impedir, en suma, la transformación de la universidad.

3. La propuesta del rector De la Fuente para enfrentar el conflicto pretende que la comunidad plebiscite su decisión de no resolver ninguno de los seis puntos del pliego estudiantil ųpues sostiene que se debe restablecer el Reglamento General de Pagos de 1966, que mantiene cuotas anticonstitucionales, se niega a derogar las modificaciones de 1997, no quiere romper con el Ceneval y busca ser él quien defina la composición y las reglas del congreso demandado por el CGHų, y que además avale su negativa a dialogar con los estudiantes. Que como lo han dicho los alumnos, los universitarios acepten que el plebiscito sea la antesala de la represión.

4. La errónea decisión del rector De la Fuente carece, por otro lado, de credibilidad por los mecanismos que está utilizando para imponerla, al más puro estilo priísta, pues al carecer de argumentos no tiene más recursos que el control corporativo, las políticas de confusión y de miedo y una campaña de desinformación que mucho desprestigia a la UNAM, y que tendrá sin duda un efecto adverso para sus pretensiones. La comunidad universitaria tiene un temor creciente por las presiones de las autoridades, acentuadas tras el anuncio hecho por el propio De la Fuente en la televisión de que el padrón para el plebiscito sería "la nómina" (11 de enero), y la reacción va a ser sin duda adversa. Los burócratas de la UNAM se pasaron de listos al creer poder utilizar todo género de mecanismos coercitivos contra la comunidad, sobre la base de que 75 por ciento de los profesores tiene un contrato anual, de que ya hay un trabajador de confianza (con altísimos sueldos) por cada sindicalizado (sometido a topes salariales) y de que los alumnos serían un electorado cautivo.

5. El plebiscito de las autoridades no es libre ni democrático, ni tiene visos de transparencia alguna. Una consulta de este tipo es libre cuando los participantes están informados (lo que no es el caso) y pueden decidir sin presión alguna (lo que tampoco acontece), y es democrática cuando permite realmente elegir: lo que a toda costa se está impidiendo al negarse la rectoría al diálogo con los estudiantes y a que se confronten las dos propuestas ante los medios, dándole la más amplia difusión al diálogo. A esto se agrega algo muy evidente, y es el hecho de que la credibilidad de quienes organizan la consulta es inexistente, lo que se ha venido confirmando al no haber mecanismos que garanticen su limpieza ni instancia alguna que pueda impedir los métodos de control corporativo y el clientelismo, o frenar el despilfarro de los recursos de la UNAM en las campañas de presión y de desinformación.

6. Los organizadores del plebiscito institucional no pretenden otra cosa que imponer una salida de fuerza: que se convalide la decisión del gobierno federal de no dialogar con el CGH y de simular que "se está concediendo todo", relegando a estudiantes, académicos y trabajadores universitarios a ser una simple masa de maniobra, todo ello con la pretensión de aislar al movimiento estudiantil y de impedir la transformación democrática de la vida académica, pues se dejan vigentes reglamentos y acuerdos anticonstitucionales y se sientan las bases para organizar de manera unilateral un congreso "a modo", que abriría aún más la vía hacia la privatización de la UNAM.

7. La decisión oficial de enfrentar la situación, no por el diálogo, sino por la vía de la fuerza, llevó a De la Fuente a aceptar esta decisión equivocada, que no hace más que mostrar su subordinación al gobierno y la injerencia de fuerzas políticas en el conflicto, como en el caso del PRD, que ha estado todo el tiempo al lado de las autoridades en la expectativa de que se margine al CGH y de que en el congreso universitario los profesores y estudiantes perredistas puedan reasumir su papel protagónico de "oposición leal" a la rectoría en la búsqueda de posiciones académico administrativas, y así como no sorprendieron las represiones a las manifestaciones estudiantiles, tampoco llama ya la atención la presencia de perredistas en el proceso de organización del plebiscito.

8. El PRD miente en su desplegado publicado ayer en todos los diarios (13 de enero), en el que pretende que la propuesta del rector garantiza la gratuidad de la UNAM y un congreso democrático, además de que soslaya el hecho gravísimo de que la rectoría está incumpliendo los acuerdos del 10 de diciembre de dialogar con el CGH. Más grave todavía es, sin embargo, el hecho de que Rosario Robles (jefa interina de Gobierno de la capital) no sólo pretenda confundir a la gente al aseverar que el plebiscito es "un triunfo" del movimiento estudiantil y anunciar que votará en él, sino que llame a hacerlo mostrando las dimensiones de la injerencia del PRD en el conflicto, siempre al lado de la rectoría en una abierta posición de esquirolaje.

9. El plebiscito institucional no conduce en todo caso a la solución de nada, sino que pretende llevar a los universitarios hacia una salida en falso, la cual no haría más que agravar el conflicto y posponer su resolución, y por ello urge que se restablezca el diálogo.

10. Los estudiantes del CGH han encabezado a lo largo de nueve meses una lucha histórica en defensa de la universidad pública, y los mexicanos merecen conocer cuál es el diferendo que los opone a la rectoría: que se discutan ante los medios, de manera pública, los dos proyectos, y que se conozca cuál va a ser el destino de la Universidad Nacional, que es en buena medida el de la nación.