Ť Hubo desacuerdo con el trabajo pastoral: Roqueñí
El traslado de Vera, por presiones del gobierno mexicano y obispos
Ť Negar presiones eclesiales es ocultar la verdad, dijo el consultor
José Antonio Román Ť El traslado del obispo Raúl Vera a la diócesis de Saltillo fue resultado de fuertes y prolongadas presiones del gobierno mexicano y de un selecto grupo de obispos que están en franco desacuerdo con el trabajo pastoral que se realiza en San Cristóbal de las Casas, afirmó Antonio Roqueñí, consultor jurídico de la diócesis chiapaneca.
Negar que hubo presiones extraeclesiales es pretender ocultar la verdad, dijo el presbítero, quien criticó severamente el hecho de que no hayan sido expuestas las "razones puramente eclesiales" que, según se dice, prevalecieron para que el papa Juan Pablo II tomara la decisión de trasladar a Vera López a la diócesis coahuilense.
Entre los obispos que han ejercido esta presión directamente en la estructura y el gobierno vaticano, Roqueñí Ornelas citó a los cardenales Norberto Rivera y Juan Sandoval; a Javier Lozano Barragán, presidente de la Pontificia Comisión para la Salud, en la curia vaticana, y a Luis Reynoso Cervantes, Emilio Berlié y Onésimo Cepeda, obispos de Cuernavaca, Yucatán y Ecatepec, además del ex nuncio Gerónimo Prigione. A este grupo se le ha citado en varios medios de información como el "Club de Roma".
De ellos se conocen, dentro y fuera del clero, las diferencias que tienen con el trabajo pastoral que Samuel Ruiz ha realizado al frente de la diócesis de San Cristóbal y que pretendía continuar Raúl Vera.
Se consideraba que el carácter de coadjutor le daba a Vera el derecho de suceder a Ruiz, una vez que el Papa le aceptara la renuncia por haber cumplido sus 75 años de edad. Por lo menos, en la historia de la Iglesia mexicana, no se conoce un hecho similar, es decir, que un obispo coadjutor no haya sido titular de la diócesis para la cual fue nombrado.
En entrevista, Roqueñí señaló que existen evidencias de que el gobierno mexicano también ejerció una fuerte presión para impedir que Vera permanciera en la diócesis como obispo titular. Las presiones se dieron en el país, pero también, en forma importante, en la estructura del gobierno vaticano, por medio de la cancillería y de la embajada de México ante el Vaticano.
Por ejemplo, en los 29 viajes que ha realizado el presidente Ernesto Zedillo a Chiapas, fueron también múltiples las referencias en contra de la Iglesia y de la diócesis de San Cristóbal. Basta recordar cuando los llamó "teólogos de la violencia". "Si eso no es presionar, entonces que me digan qué son esas expresiones", dijo el presbítero.
A Roqueñí los obispos Samuel Ruiz y Arturo Lona, este último obispo de Tehuantepec, lo nombraron, en su momento, su representante y defensor ante las instancias vaticanas, cuando éstas pretendieron separarlos de sus respectivas diócesis.
El presbítero estimó que ante las fuertes presiones del gobierno mexicano y del llamado "Club de Roma", el nuncio Justo Mullor poco o nada ha podido hacer en favor de Raúl Vera. "Creo que la iniciativa de trasladarlo a Saltillo no fue del nuncio, incluso me atrevería a pensar que hasta se opuso".
Roqueñí explicó que esa idea se basa en que el nuncio percibió desde un principio la fidelidad de Ruiz a la Iglesia y al Papa, la comunión de Vera, la legitimidad de la causa por los indígenas y el cierto abandono de la Conferencia Episcopal Mexicana a la diócesis de San Cristóbal.
"Es muy posible que tanto el gobierno como los obispos mexicanos hayan puenteado" a Mullor y hacer la presión directamente en Roma. Sin embargo, señaló que de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, el nuncio es el directamente responsable de enviar a Roma la terna de nombres que podrían suceder a Samuel Ruiz.
Lo ocurrido a Vera, dijo Roqueñí, no fue una renuncia, ni una remoción, ni mucho menos una privación, fue un traslado.