Ť El ex dictador no podría resistir un juicio prolongado, justifica Straw
Anuncia Londres que "tiene la intención" de liberar a Pinochet
Ť Sufre un deterioro en su salud, el motivo Ť La acusación agotará recursos de ley contra la medida
Afp, Ap, Dpa y Reuters, Londres, 11 de enero Ť Augusto Pinochet podría evitar su extradición a España --donde el juez Baltasar Garzón quiere juzgarlo por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de 16 años y medio que encabezó--, luego que el Ministerio del Interior británico declaró este martes que el examen médico al que fue sometido el ex dictador determinó de "manera inequívoca" que el octogenario ex militar no podría resistir un prolongado proceso penal, por lo que "tiene la intención" de liberarlo.
Pinochet, indicó el Ministerio del Interior, se encuentra incapacitado para asistir al juicio y que "no se puede esperar un cambio de esa situación" pues sufre un deterioro en su salud, conclusión "inequívoca y unánime" a la que llegó el equipo médico independiente de cuatro profesionales que lo examinó el 5 de enero.
"En estas circunstancias, el ministro del Interior se inclina a estimar, bajo reserva de las observaciones que pudiera recibir, que no se alcanzaría ningún objetivo si continúa el actual proceso de extradición y, en consecuencia, debe decidir la no extradición del senador Pinochet", señaló en un comunicado.
De acuerdo con ese informe, añade que el ministro del Interior británico, Jack Straw, opina que no debería extraditar a Pinochet, sino que esperará "las presentaciones", en alusión a las partes involucradas en el caso, pues Straw tiene poder para tomar la decisión definitiva sobre la suerte del ex dictador chileno.
En ese sentido, Straw envió informes al respecto a las autoridades judiciales británicas y a los gobiernos de España, Chile, Bélgica, Francia y Suiza, así como a las organizaciones Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, como partes interesadas en el caso, entre otros.
Straw dio un plazo de siete días a dichas partes interesadas para que hagan las observaciones y argumentaciones jurídicas pertinentes, y posteriormente se presentará ante el Parlamento británico con el informe definitivo sobre el controvertido affaire sobre Pinochet.
El informe de Straw a las partes interesadas se basa en las conclusiones de los médicos, ya que el ex dictador "se negó" a que copias del informe médico fueran remitidas a los gobiernos de España y Chile.
No obstante, el Ministerio del Interior subrayó que la ascultación respondió a la petición del gobierno chileno del presidente Eduardo Frei, de fecha 14 de octubre de 1999. El deterioro de su salud ocurrió entre septiembre y octubre pasado, asienta el texto británico.
Pinochet se encuentra detenido en Londres desde el 16 de octubre de 1998, en reclamo de extradición a España por el juez Garzón, de la Audiencia Nacional, quien pretende someterlo a juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de 1973-1990.
Y si bien Straw podría decidir liberar inmediatamente a Pinochet, Garzón aún tiene el recurso de la apelación, según expertos en la materia.
España respetará la decisión
El anuncio de la oficina de Straw satisfizo a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien señaló que el ministro del Interior de su país "es un hombre muy justo", aunque se ha tardado, mientras en Madrid el gobierno español dijo, en su primera reacción a través de la cancillería, que respetará cualquier decisión del gobierno y del sistema judicial británico, como lo ha hecho hasta el momento.
El magistrado Garzón no se ha pronunciado sobre el anuncio británico, pero el abogado Enrique Santiago dijo que se solicitará a la Audiencia Nacional que pida a los fiscales británicos un nuevo examen médico si el gobierno del primer ministro Tony Blair dispone la liberación del todavía senador chileno.
El exilio chileno en Gran Bretaña dijo sentir "horror" por esta noticia, al declararse sorprendido de que "este criminal esté a punto de escapar a la justicia".
El vocero Carlos Reyes dijo que será presentada una apelación ante Straw, mientras la Fundación de las Víctimas de la Tortura estimó que cualquier decisión de Straw de liberar a Pinochet debería ser sometida a un nuevo examen.
Uno de los abogados de la acusación, Joan Garcés, expresó estupor por la eventualidad de que sea liberado Augusto Pinochet por razones de salud, sin embargo, dijo, ello todavía no es oficial y que serán agotados todos los recursos de la ley y acorde con las instrucciones al respecto que en su momento dio el juez Garzón.
Garcés, quien fue uno de los asesores del presidente Salvador Allende, derrocado por Pinochet, dijo que la defensa del acusado busca a través de los informes médicos un salvoconducto hacia la impunidad.
Indicó que una eventual denegación de la extradición por razones de salud sería utilizada por sus abogados para evitar un juicio en cualquier parte del mundo.
El argentino Carlos Slepoy, quien también se hace parte de la acusación, calificó en Madrid como "una decisión muy grave" la posible liberación del ex dictador, al señalar que sería una medida política por encima de la justicia.
Resaltó que esto significaría que no se hará justicia y está claro que en Chile no se le juzgará, sus crímenes quedarán en la impunidad y se establecerá un mal precedente para la justicia.
No obstante, estimó que esto no empañará el procedimiento judicial abierto en Madrid y la orden internacional de arresto seguirá vigente.
Reed Brody, director de defensa de Human Rights Watch, condenó la decisión británica de suspender el juicio de extradición a España de Pinochet por razones humanitarias, y destacó que "las víctimas de la dictadura nunca tendrán la oportunidad de verlo delante de un juez para ser condenado por las atrocidades que cometió".
El grupo subrayó que el informe médico en que se apoya Gran Bretaña no ha sido revisado por los peticionarios, y que además se trata de un proceso poco transparente y bastante político que debe ser rechazado por la opinión pública. Y se preguntó que si está demasiado enfermo para no ir a juicio, cómo puede ser político y senador vitalicio.
Antes de que se conociera la intención británica de liberar a Pinochet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la irlandesa Mary Robinson, había calificado como "positivo" y un "hito judicial" que el juez español Baltasar Garzón haya solicitado la extradición de Augusto Pinochet.
Destacó la importancia de que Garzón esté tratando de hacer justicia, y se congratuló de que la Cámara de los Lores británica exigiera cuentas en un tema que afecta a todas las naciones al conceder la extradición a España.
Robinson había apuntado que los jueces nacionales debería poder aplicar un derecho que no tiene fronteras, y que el proceso contra el senador vitalicio chileno había sido motivo de reflexión en muchos sistemas judiciales del mundo y que permitió limitar el movimiento de antiguos dictadores latinoamericanos.
En La Paz, el gobierno de Bolivia reiteró que no aceptará la extraterritorialidad para juzgar a militares bolivianos presuntamente implicados en el criminal Plan Cóndor de los años 70 de las dictaduras del Cono Sur para eliminar a las disidencias.