Ť El secretario de Salud ofrece investigación a fondo
Se castigaría a responsables de esterilización forzada a indígenas
Ť ONG denunció práctica similar en mujeres guerrerenses
Angeles Cruz y José Juan de Avila Ť Mientras la Secretaría de Salud anunció que realizará una investigación sobre la esterilización forzosa denunciada por cuatro indígenas de la Costa Chica de Guerrero, y de haber responsables se aplicará la ley, organismos defensores de derechos humanos aseguraron que éste no es un caso aislado, pues durante 1999, alrededor de 200 mujeres denunciaron haber sido sometidas a cirugías para limitar sus derechos reproductivos.
El titular de la dependencia, José Antonio González Fernández, afirmó que el gobierno federal refrenda el respeto a la libertad de decisión de las parejas, que estén bien informadas y elijan el método anticonceptivo que más les convenga.
Entrevistado al término de la presentación del programa Anual de Salud 2000, el funcionario comentó que éste será un tema durante la reunión del consejo nacional en la materia que se realiza durante esta semana y en la que participan los titulares del ramo de los estados.
En el caso de Guerrero, dijo, "vamos a ver qué fue lo que pasó, en qué institución". La política del gobierno mexicano "es muy clara... no puede imponérsele a nadie y menos ese tipo de condiciones para controlar la natalidad, así que nosotros no estamos por ese tipo de prácticas", abundó.
Más adelante, señaló que se informará a la opinión pública lo que resulte y de ser necesario se aplicará la ley a los responsables.
En días pasados, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero informó que brigadas médicas de la Secretaría de Salud practicaron una vasectomía a cuatro indígenas guerrerenses a cambio de mil 500 pesos, ropa, calzado y despensas que nunca recibieron. Además, los trabajadores de la Ssa amenazaron a los indígenas con retirarles los beneficios de Progresa y Procampo si no aceptaban someterse a la cirugía.
Consultadas al respecto, organizaciones defensoras de derechos humanos consideraron que este caso ocurrido en un hospital de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero, no es el único, pues tan sólo el año pasado se documentaron 200 ejemplos de mujeres, principalmente indígenas, que también sufrieron violaciones a sus derechos reproductivos.
Incluso durante la visita de la titular del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, mujeres indígenas de 15 estados del país entregaron a la funcionaria una relación con esos casos "verificados" de mexicanas sometidas a esterilizaciones forzadas, refirieron Pilar Sánchez y Julia Escalante, representantes de Católicas por el Derecho a decidir y Kƀinal Antzetik, respectivamente, organizaciones abocadas a la defensa de los derechos reproductivos.
Escalante indicó que aunque durante el encuentro con Robinson no hubo un compromiso para dar seguimiento a estos casos, sí se acordó presentar un informe detallado sobre éstos en febrero, cuando visite México un relator especial de derechos humanos de la ONU.
Por su parte, Pilar Sánchez mencionó que sobre la situación de los cuatro indígenas mixtecos ųen el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero ya emitió una recomendación al gobierno de René Juárez Cisnerosų, destaca el hecho de que se trate en esta ocasión de hombres, pues es la primera vez que se tiene conocimiento de una operación de esterilización forzada en este género.
Ambas activistas señalaron que sus respectivas organizaciones promoverán una investigación sobre la violación a sus derechos reproductivos que padecieron Sabino Francisco Peredo, Felipe de Jesús Morales, Vicente Lauro Catalino y Antonio Francisco Leobardo.