Ť El plazo venció ayer a las 13 horas; fue notificado el domingo en la tarde

Anticiparon a El Grandote la formal prisión

Angel Bolaños Sánchez Ť El área de juzgados del Reclusorio Preventivo Oriente amaneció ayer fuertemente custodiada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia capitalina, en previsión de la reacción violenta de integrantes del Frente Popular Francisco Villa por el auto de formal prisión que fue dictado en contra de uno de sus dirigentes, Alejandro López Villanueva, El Grandote, como presunto coautor material del homicidio del magistrado Abraham Polo Uscanga.

Alrededor de 150 miembros de dicha organización arribaron al lugar a las nueve horas, colocaron algunas mantas y gritaron consignas exigiendo la libertad del acusado. Dos horas y media después dieron por concluida su protesta, pero se dirigieron al Periférico, donde realizaron un bloqueo durante 15 minutos para retirarse luego, no sin antes anunciar más movilizaciones.

Aun cuando el plazo para que se resolviera la situación jurídica del presunto homicida concluía a las 13:00 horas del lunes, el juez 50 penal por ministerio de ley, Martín Velay, decidió adelantarse y dictó el auto de formal prisión el domingo a las 18:50 horas. El Grandote fue notificado momentos después en el interior del penal.

El juez informó que una vez iniciado el proceso en contra del presunto homicida, la defensa tiene un plazo de tres días para apelar la resolución y 15 para presentar las pruebas de descargo, al término del cuál dará inicio el periodo para el desahogo de pruebas.

Angel Torres, abogado de López Villanueva, anunció que recurrirán al amparo y consideró que podrán obtener la protección de la ajusticia federal toda vez que el dictamen carece de fundamento por las "contradicciones" de que está plagado el pliego consignatorio, el cual, dijo, continúan estudiando a fondo.

Entre las pruebas entregadas por la PGJDF al juez se encuentra el testimonio de tres personas que identifican al dirigente del FPFV como una de las personas que se encontraban en el edificio ubicado en Insurgentes 300 la noche del 19 de junio de 1995 a la hora en que se cometió el homicidio.

Destaca la declaración rendida por Genovevo Franco Benítez, quien fue asesor jurídico de Ruta 100 y posteriormente de la empresa encabezada por Ricardo Barco, Sistema Metropolitano de Transporte 17 de Marzo, pero luego se pasó al grupo de Leonel Villafuerte.

El testigo señaló que el día del crimen acudió al despacho 801 y 802 del edificio, donde se realizaba una asamblea del Sutaur 100, para entregar un mensaje a uno de los dirigentes del sindicato, José Antonio Chávez. Pidió hablar con él, pero una persona le dijo que en ese momento estaba ocupado y no podía salir.

Mientras esperaba en el pasillo del octavo piso vio subir a tres personas por las escaleras del edificio (el elevador se encontraba descompuesto debido a una fuerte lluvia, dijo el mismo Franco Benítez), y unos 10 minutos después escuchó dos "fuertes tronidos y posteriormente observó a los tres sujetos bajar hacia la salida del inmueble.

Ayer, el FPFV había anunciado una manifestación frente al juzgado, dado que hasta este día se pensaba sería resuelta la situación jurídica del acusado. Desde las seis horas, unos 80 uniformados de los agrupamientos de Granaderos y Centauro (a caballo), quienes formaron una valla a lo largo de todo el edificio de juzgados.

En el pasillo otros ocho uniformados aguardaban a la entrada del juzgado 50, cuya puerta permanecía cerrada y en el interior del mismo hacían guardia tres agentes judiciales adscritos al Grupo Especial de Reacción Inmediata, fuertemente armados.

A las 11:20 horas comenzaron a retirar las mantas y se desplazaron hasta el estacionamiento donde uno de los coordinadores de la organización, Adolfo López, tomó la palabra para proclamar a López Villanueva "preso político" y acusar a la jefa de Gobierno capitalino, Rosario Robles, al secretario de Gobierno Leonel Godoy, y al procurador Samuel del Villar, de "fabricar culpables", aunque puntualizó que por esta situación no romperán con el gobierno de la ciudad ni con el Partido de la Revolución Democrática.

Es posible, advirtió, que se trate de una trampa de mandos medios de la Procuraduría, encabezada por el gobierno federal, en la que cayó Del Villar, expuso a sus correligionarios. Finalmente, antes de retirarse, Adolfo López advirtió: "No porque está la bola de perros --refiriéndose a los granaderos-- se nos va a olvidar el juez 50, que es un juez de consigna. No todo el tiempo los policías van a estar aquí".