Luis Javier Garrido
El extravío

ƑQué hacer ante la escalada de la violencia que el grupo tecnocrático usa para mantenerse en el poder?

1. El grupo gobernante ha buscado desde hace meses crear las condiciones a fin de a) imponer sin riesgo alguno a Francisco Labastida en la silla presidencial y, al mismo tiempo, para b) allanarle el camino al proyecto neoliberal en los próximos seis años (2000-2006) ofreciéndole todas las garantías, y en consecuencia las políticas del Estado han estado dirigidas con esas dos prioridades, lo mismo a impedir una alternativa electoral que entrañe cualquier propuesta antineoliberal, que a derrotar a todo movimiento social que cuestione las políticas actuales. Y eso es lo que explica la irracionalidad con la que está actuando Ernesto Zedillo en su último año de gobierno, pues habla de diálogo, pero no tiene más recursos que los de la fuerza: en Chiapas o en la UNAM.

2. El escenario electoral, que resultaba preocupante para los tecnócratas a inicios del sexenio, hoy no lo es tanto por la modernización de la ingeniería electoral del Estado como por el control estatal del subsistema de partidos y la injerencia gubernamental en la vida interna de éstos. Los panistas no tienen una propuesta diferente de la oficial, además de que un número importante de sus dirigentes están ya por completo subordinados al gobierno. Y en el caso del PRD, el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 en la capital, en vez de fortalecer a un movimiento opositor aceleró el proceso de institucionalización del perredismo, con la burocratización de sus cuadros dirigentes, la vinculación de muchos de ellos al grupo gobernante, la aceptación de la práctica de negociarlo todo y el fortalecimiento de una importante corriente pro neoliberal: como se ha visto en el caso de la UNAM, donde buena parte de los cuadros perredistas de la capital han combatido al movimiento estudiantil, en coordinación con Bucareli.

3. ƑA quién pueden sorprenderle por lo mismo las políticas gubernamentales que buscan combatir por todos los medios cualquier movimiento social que escape a ese escenario institucional?

4. La negativa de Juan Ramón de la Fuente, luego de casi dos meses de su llegada a la rectoría, a dialogar con los estudiantes y resolver de manera expedita el conflicto, optando por darle largas con una propuesta unilateral, no tiene más que una explicación. El nuevo rector no decidió enfrentar la situación desde la universidad y como universitario, sino que se está plegando aún más que su predecesor a los intereses del labastidismo y a las directrices de la Secretaría de Gobernación.

5. El gobierno federal vio la huelga estudiantil como una oportunidad para proseguir con el proceso de desmantelamiento de la UNAM --privatizándola, empequeñeciéndola y desmembrándola--, y por eso decidió alargarla lo más posible, objetivo para el cual ha tenido la complicidad de la burocracia universitaria. Las autoridades de la UNAM interrumpieron los encuentros del Palacio de Minería con un pretexto baladí, no sólo para irse de vacaciones, sino para desconocer los acuerdos suscritos el 10 de diciembre, abandonando su compromiso de dialogar hasta resolver el conflicto, y buscar imponerle a éste una salida unilateral que no tiene más consenso que el de las entrevistas con reducidos grupos de burócratas y académicos.

6. El rasgo central de la propuesta del rector De la Fuente, avalada por el Consejo Universitario el 6 de enero (con la misma docilidad con la que aprobó todas las iniciativas del ex rector Barnés y con la que aceptaría cualquier cosa), y que pretende imponerle a la UNAM en las próximas semanas, tiene como rasgo central que no resuelve los seis puntos del pliego estudiantil: es una salida imaginada desde el poder, que va a hacerle perder más tiempo a los universitarios. No sólo es una calca de la vieja iniciativa negociada por el PRD en octubre en Gobernación, que hizo suyas Barnés y que presentaron los delegados "de cinco escuelas", como lo señaló Alejandro González del CGH (5 de enero), sino que es poco viable pues tiene fallas jurídicas que demuestran la incompetencia de quienes manejan la UNAM.

7. La propuesta de la rectoría, como es evidente, no responde al pliego del CGH. El Reglamento General de Pagos, como cualquier otra norma, no puede "suspenderse" enviándolo al limbo, como había sido ya propuesto por Barnés, pues una norma está vigente o no, y en este caso debe ser abrogada o derogada. La relación de subordinación de la UNAM (que es una entidad pública), con el Ceneval (que es un organismo privado), la cual contraviene a la legislación nacional, no puede tampoco por lo mismo "interrumpirse", sino terminarse (pues ello supondría que es posible el acto ilegal de restablecerla). La anulación de todas las actas y sanciones y el desmantelamiento del aparato represivo en la UNAM no se resuelve con una oferta insuficiente, que por otra parte ya había sido aprobada, y en dos ocasiones, por el Consejo Universitario. Pretender mantener de manera autoritaria los reglamentos de 1997, que terminaron con el marco legal establecido desde los años de Barros Sierra en materia de permanencia, es en fin la mejor vía para prolongar el conflicto. La determinación de lo que ha de ser el congreso universitario, que es una propuesta central del CGH, no puede por último hacerse unilateralmente, sino que debe ser consecuencia del diálogo, pues de lo contrario se estaría proponiendo un congreso no democrático y a modo de las autoridades.

8. El rector De la Fuente, que llegó al cargo con todas las posibilidades de resolver pronto el conflicto de haber obrado con inteligencia y antepuesto los intereses de la UNAM a las ambiciones del grupo en el poder, hoy aparece más extraviado que nunca, junto con sus allegados. La afirmación del profesor Luis Villoro, de que las propuestas del rector "tienen el consenso de la gran mayoría de la comunidad universitaria" (aunque cuando lo dijo nadie las conocía), y que de no aceptarlas el CGH, deberían tomarse las instalaciones universitarias (a pesar del acuerdo para dialogar), según lo reportó La Jornada del 5 de enero, constituye por ejemplo un verdadero llamado a la violencia.

9. El conflicto de la universidad nacional no tiene más vía de solución que la del diálogo, que habrá que reafirmar ante estas actitudes, y las nuevas autoridades están obligadas a establecerlo y a respetar los acuerdos que suscribieron el 10 de diciembre. O, de lo contrario, perderán la escasa credibilidad que les queda y llevarán a la UNAM a una crisis aún de mayores dimensiones.

10. El año 2000, que es el último del siglo y del milenio, se inicia en México bajo signos oscuros, como consecuencia del nuevo embate de los tecnócratas salinistas para privatizar los recursos de la nación, y frente a esto no hay más recurso que el de una amplia movilización popular. La racionalidad de la sociedad debe imponerse a la irracionalidad de quienes gobiernan. *