Marta Lamas
Un juicio crucial: el drama de Mexicali
Desde octubre del año pasado un conflicto en Baja California encarna de manera dramática las agresiones de los fanáticos religiosos a la ley. En el Hospital General de Mexicali se negaron a practicarle un aborto a una menor de 14 años que fue violada.
Acompañada de su madre, la menor se presentó con la orden judicial correspondiente. No sólo se le negó el aborto al que tenía derecho legalmente; también el hospital informó al grupo Pro-Vida del caso, y un grupo se presentó para presionar a la adolescente y hacerla desistir. Dichas presiones continuaron por fuera del hospital y lograron su objetivo: impedir que la muchachita abortara, como era su voluntad y su derecho.
Me ocupo en estas líneas (y en futuras entregas) de los hechos que favorecieron la actuación del director del Hospital, doctor Ismael Avila Iñiguez, y del grupo Pro-Vida. Para prevenir semejantes atrocidades y hacer valer la ley y el respeto a los derechos humanos, el grupo Alaíde Foppa de Baja California demandó ya a quienes resulten responsables. En este caso, los delitos cometidos van desde la negación de un servicio público al incumplimiento de una orden judicial, pasando por abuso de autoridad, violación de secretos, afectación de la libertad, la intimidad y la dignidad de la menor y, finalmente, el delito de tortura en su acepción amplia, psicológica.
La necesidad de justicia mueve al grupo Alaíde Foppa al esclarecimiento de los hechos. Se solicitó ejercicio de la acción penal en contra de los funcionarios y personas responsables, la Comisión de Derechos Humanos de Baja California investiga al respecto y --no podía ser menos-- el licenciado Federico García Estrada, subprocurador de Derechos Humanos del estado también ha recibido presiones vinculadas a los transgresores de la ley.
Para negar el servicio, el doctor Avila Iñiguez alegó "objeción de conciencia". La objeción de conciencia es un mecanismo estrictamente individual, que en el caso del aborto en sociedades católicas con legislaciones permisivas, le permite al personal médico no dar el servicio que va en contra de sus principios religiosos. Pero la "objeción de conciencia" jamás es una postura institucional, y en un hospital público no se puede burlar la ley aduciendo las creencias religiosas de su director. Los hospitales públicos en un país que acepta la interrupción del embarazo por causas legales deben garantizar, y esto sucede en países católicos como Italia, Francia o España, que un número mayoritario de médicos esté dispuesto a realizar el procedimiento. El director Avila Iñiguez debió encontrar a un médico dispuesto a interrumpir ese embarazo.
La aterradora situación de esta adolescente forzada a parir contra su voluntad y sus derechos el producto de una violación, obliga a reflexionar sobre la justicia social y los vacíos de la ley. De tener la familia recursos económicos, habría buscado un médico privado o, en el peor de los casos, habría cruzado la frontera para conseguir un aborto legal en San Diego. Si la ley fuera más específica en los procedimientos a seguir, los médicos de un hospital público no podrían aducir: "Sí, ella tiene derecho a un aborto legal, pero la ley no especifica que yo deba hacerlo y no se lo voy a hacer, y encima la voy a delatar".
Además de la batalla por modernizar la legislación sobre aborto, debe lucharse para garantizar la atención médica, expedita y confidencial, a las personas que acudan a las instituciones de salud solicitando un aborto legal. Por lo pronto, quienes se solidaricen con este caso y quieran apoyar al grupo Alaíde Foppa A.C. por favor manifiéstenlo públicamente y hagan llegar sus protestas a la Comisión de Derechos Humanos de Baja California.