Ť Confirmaron que hay crisis en materia de derechos
Tuvo efecto demoledor la visita de enviadas de la ONU: Centro Pro
Ť El gobierno hizo lo posible por sostener su imagen en el exterior
Triunfo Elizalde /II Ť Las visitas de Asma Jahangir y Mary Robinson, relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, y titular del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, respectivamente, sin duda tuvieron un efecto demoledor para la " imagen" que el gobierno mexicano pugna por sostener en el exterior, en cuestión de respeto a los derechos humanos, apunta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su evaluación de resultados y conclusiones en foros internacionales en materia de derechos fundamentales y en la problemática interna vivida a lo largo de 1999.
Recuerda que Asma Jahangir, al término de su estancia en nuestro país, del 12 al 23 de julio de 1999, en su mensaje de salida, entre otros aspectos señaló oficialmente que "México ha tenido la triste experiencia de ejecuciones en masa y casos particulares de ejecuciones. Las más notorias: Aguas Blancas, Acteal, El Bosque y El Charco; la injusticia debida a la impunidad selectiva es una cuestión política en México. Es un resultado de políticas y un sistema jurídico que falla; los marginados continúan siendo explotados en una situación de conflicto armado en Chiapas, donde los intereses de los poderes políticos son altos".
Asimismo, dijo que "la impunidad prevalecerá a menos que cambie el sistema legal y político entero, a favor de los inocentes y de los desposeídos de esta sociedad; no somos sólo unos cuantos en la comunidad internacional quienes nos preocupamos por México que está en un momento crítico y el proceso de la democracia enfrenta varios retos. Las próximas elecciones son cruciales. Podrían promover la armonía o subrayar las polarizaciones políticas existentes".
Frente a las conclusiones anteriores, dice el Centro Pro Juárez, Diódoro Carrasco, secretario de Gobernación, y Carmen Moreno, subsecretaria de Relaciones Exteriores, respondieron, el primero negando que existiera una "una situación grave en materia de ejecuciones", y la segunda amenazando con denunciar ante la ONU a la relatora especial por haberse excedido en su mandato, en tanto que la canciller Rosario Green expresó "una conclusión que me parece fundamental que obtenga es que aquí no hay impunidad".
Sin precedente, la visita de Robinson
A finales de noviembre del año pasado, vino a México Mary Robinson, alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas. Fue una visita sin precedente, que respondió en buena medida a las múltiples denuncias y manifestaciones de preocupación hechas por organismos no gubernamentales externos e internos, respecto a la situación que en materia de derechos humanos prevalece en el país.
Su presencia, en opinión de la citada ONG, sirvió para confirmar que en nuestro país hay crisis en torno a los derechos fundamentales de los mexicanos.
El trabajo desarrollado por dicha representante de la ONU, dice, fue amplio y satisfactorio, ya que abarcó recorridos por las zonas más afectadas por la violencia policiaca, militar y paramilitar, por las entrevistas sostenidas lo mismo con el presidente Ernesto Zedillo que con los más altos funcionarios de su gobierno, y por todas las entrevistas llevadas a cabo con víctimas de hechos violatorios a derechos fundamentales, y con los representantes de ONG nacionales y personajes dedicados a la defensa de los derechos humanos.
En el informe del Pro Juárez se hace notar que el gobierno "hizo todo lo posible para limitar los alcances de esta visita, mediante una estrategia de comunicación que proponía contrarrestar la desinformación y el pesimismo que el EZLN, representantes de partidos políticos de oposición, ONG, personalidades afines al zapatismo, propalan en la opinión pública y en los medios de comunicación". Sin embargo, se asegura, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno, "la visita de la alta comisionada fue fructífera", al grado de que "el presidente Zedillo, por primera vez reconoció públicamente que existe un problema de derechos humanos en México".
Igualmente, por primera vez, los medios masivos de comunicación electrónica "abrieron un pequeño espacio al tema; se logró que "en una reunión de procuradores se decidiera promover la aceptación de la competencia del Comité contra la Tortura (de la ONU) y sobre la eliminación de la discriminación racial, y la ratificación del segundo protocolo del Pacto Internacional de Derechos Humanos relativo a la pena de muerte. Robinson se entrevistó con el general Enrique Cervantes Aguirre, con el que habló de "la preocupante impunidad de que gozan los militares, y su incursión en tareas civiles"; igualmente trató de los factores que han contribuido "a crear esa situación, que incluye la creciente militarización de las funciones de seguridad pública y que no se lleve a los elementos castrenses ante tribunales civiles cuando cometen violaciones a derechos humanos".
Un tema que preocupó a la alta comisionada, es la actividad de grupos civiles armados en Chiapas, y la actitud demostrada por las autoridades en su trato con algunos de ellos. "Parecería que algunos de estos grupos gozan de cierto grado de indulgencia oficial. Esto sería inaceptable, ya que la ley debería aplicarse de igual forma para todos", expresó Robinson, quien hizo mención que "la ONU puede ayudar a definir y limitar el rol del Ejército Mexicano; retirar los retenes militares en Chiapas y ayudar al cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos".
Por lo anterior, el Centro Pro califica de desalentador el hecho de que fuentes de la cancillería "hayan asegurado que la consigna es ųpor una vez másų impedir que vengan al país asesores de la oficina de la alta comisionada", por lo que "toca ahora a la comunidad nacional e internacional de derechos humanos, exigir al gobierno mexicano que se permita la visita de la misión de evaluación técnica, que el acuerdo vaya a la raíz de los problemas ya mencionados por Robinson y que empiece a funcionar lo más pronto posible".