Ť Puja entre trasnacionales y ecoempresarios
En el nuevo milenio, otro valor económico para la Lacandona
Ť Los indígenas serían expulsados de la reserva Montes Azules
Matilde Pérez U./I Ť Hace tres décadas el gobierno alentó a tzeltales, choles, tzotziles y tojolabales a colonizar las casi dos millones de hectáreas de la selva Lacandona, y les ofreció una nueva vida comunal. Hoy, arropado en el manto ecológico y bajo el argumento de que "la reserva de la biosfera de Montes Azules y Lacandona está en peligro", los expulsa de la tierra prometida y apela a su comprensión, esfuerzo y compromiso, pues la última selva tropical de Norteamérica podría perderse para siempre.
Cientos de indígenas, entre ellos simpatizantes del EZLN, serán expulsados del paraíso natural que, de acuerdo con el Banco Mundial (BM) y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, ya tiene un nuevo valor económico.
Según la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) son 341 familias de 32 comunidades las que ocupan ilegalmente más de 3 mil 200 hectáreas dentro y en el área de influencia de la reserva de la biosfera Montes Azules.
Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) establece que en esa región hay 26 mil 220 personas en 68 comunidades, de las cuales 10 mil están dentro de las 331 mil 200 hectáreas de la reserva de Montes Azules, parte fundamental de la selva Lacandona que ya se disputan trasnacionales y empresarios del "turismo ecológico".
Para convencer a los indígenas de que salgan de ese paraíso natural de clima húmedo y de ríos cristalinos ųentre cuyos árboles gigantescos viven el jaguar y el saraguato, el tucán y la guacamaya roja, cientos de mariposas, entre otras especies de fauna y floraų, el gobierno vuelve a la añeja oferta: tierra, vivienda, proyectos productivos y obras de servicio social.
Mano dura
Y también muestra su mano dura. Sólo entregará cinco hectáreas por familia y el costo de la tierra no deberá rebasar los 20 mil pesos por hectárea. Además, quienes acepten abandonar la selva tendrán que comprometerse a "salvaguardar los recursos forestales" de ese paraíso; no hacerlo tendrá como castigo la suspensión del trámite de adquisición y, por tanto, de la entrega de la superficie comprometida, establece el convenio presentado por la SRA.
La propuesta indignó a las familias de 11 poblados organizados en la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Independiente y Democrática, y en asamblea decidieron permanecer en el paraíso selvático e incluso retornar a las tierras que les fueron dotadas hace 25 años, pero nunca regularizadas.
Funcionarios de Semarnap y SRA amenazaron a las familias con el desalojo militar, en cualquier momento. Y sobre el presidente y el coordinador de la ARIC Independiente y Democrática, Mario Hernández Pérez y Porfirio Encino Hernández, hay amenazas y constantes presiones para que convenzan a "su gente de los beneficios ofertados".
En 1995, la SRA creó la mesa agraria-ambiental para detener el crecimiento de los asentamientos irregulares en la reserva de la biosfera Montes Azules y para, presuntamente, cumplir, en algunos casos, con la promesa de regularizar los asentamientos anteriores al decreto presidencial de 1972, con el que se dotó de 614 mil 321 hectáreas a la comunidad lacandona.
A partir de la instalación de esa mesa agraria-ambiental, el gobierno federal, a través de la Semarnap y la SRA, justificó sus futuras acciones bajo el señalamiento de que los asentamientos humanos son una amenaza para las cuencas hidrológicas y la integridad de la naturaleza.
A cuatro años de existencia de dicha mesa, la Semarnap destaca que la tasa de deforestación en la Lacandona es de 33 mil 500 hectáreas anuales, mientras el titular de la SRA, Eduardo Robledo Rincón, afirma que la negociación con los poblados indígenas, asentados irregularmente en Montes Azules, tiene importantes avances: de 32 comuidades, 29 ya aceptaron su reubicación; sólo los pobladores de El Cemental, El Buen Samaritano y San Francisco siguen rechazando las propuestas del gobierno, dice.
Precisa que la superficie ocupada irregularmente por 341 familias dentro de la reserva de la biosfera de Montes Azules y en "zona de posible impacto" es de 3 mil 200 hectáreas, las cuales ųasegura Robledo Rincónų abandonarán los indígenas, pues ahora sí les entregaremos las viviendas y, para evitar corrupciones, serán las familias las responsables de hacer la negociación para comprar las tierras; la SRA, en coordinación con la Comisión de Avalúo (Cavin), sólo se encargará de liquidar los montos a los propietarios que acepten vender.
ųƑY la amenaza de desalojo?
ųNosotros no los queremos echar; si ellos quieren quedarse a la orilla de la reserva, respetaremos su decisión. El proceso de negociación y conciliación continuará pueblo por pueblo.
Según información de la SRA los asentamientos irregulares dentro de la reserva de la biosfera Montes Azules son: Nuevo Guadalupe Tepeyac, Laguna El Suspiro, El Cemental, Nueva Argentina, Ranchería Corozal, Nuevo San Gregorio, San Antonio Miramar, San Francisco, Santa Cruz, Nueva Palestina, Nuevo Israel, Taniperla (segunda ampliación), Salvador Allende, Primero de Enero, Sol Paraíso, El Buen Samaritano, Nuevo Agua Dulce, Ocotal, El Zapotal (colindante a Amador Hernández), Nuevo Cintalapa, Nuevo Villa Flores y Laguna Ojos Azules.
Los poblados en las inmediaciones de la reserva que, de acuerdo con Semarnap y SRA también deben ser reubicados, son: San Antonio Escobar, Villa La Laguna, Dr. Manuel Velasco Suárez (viejo), Ojo de Agua, El Jardín, Villa Las Rosas, Cintalapa, Lacanjá, Zapotal y Santo Domingo.
Los poblados que ya aceptaron su reubicación y las propuestas generales de un pie de casa de 36 metros cuadrados y proyectos productivos a cargo de la SRA o de la Semarnap son: Taniperla, Nuevo Villaflores, Nueva Argentina, Sol Paraíso y Dr. Manuel Velasco Suárez; en total, 191 familias a las que la Reforma Agraria se comprometió a comprarles 955 hectáreas.
El coordinador de la ARIC Independiente y Democrática, Porfirio Encino, confirma: es inaceptable el convenio que ofrecen la SRA y la Semarnap, pues no tiene compromisos precisos y creíbles. Por vía telefónica comenta que la organización pidió a las dos instituciones gubernamentales que en los escritos pusieran la ubicación de las viviendas y confirmaran que los lugares de reubicación tuvieran ya los servicios indispensables: agua potable, drenaje, escuelas, electricidad y clínicas.
También les pedimos que especificaran compromisos y mon- tos de los apoyos para la producción agrícola o ganadera, de acuerdo con el tipo de suelo. Además, les indicamos que su cálculo de costo por hectárea era erróneo: los 20 mil pesos límite que impusieron sólo alcanzan para hectárea y media, ya que el costo real por hectárea es de 15 mil a 20 mil pesos, por tanto, tendrían que aumentar los recursos. Tampoco aceptamos, al salir de nuestras tierras, continuar como los vigilantes para evitar la tala de la selva; esa ya no sería nuestra responsabilidad.
Pero la respuesta de la SRA y de la Semarnap fue la indiferencia, el silencio y la amenaza de desalojo militar, comenta Porfirio Encino.
El 19 de noviembre la ARIC Independiente y Democrática envió un escrito a los titulares de la SRA y de la Semarnap, y copia al secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, en el que destacó que ante la falta de voluntad política de ambas instituciones del gobierno federal, las familias de los once poblados volverían a posesionarse y a trabajar las 15 mil hectáreas que hace tres años aceptaron dejar parcialmente, en señal de buena voluntad para continuar las negociaciones de la mesa agraria-ambiental.
Y precisaron: "La propuesta del convenio de reubicación hecho por los sectores agrario y ambiental no refleja los intereses de los poblados, sino los intereses políticos institucionales", por eso no los aceptamos. El 14 de diciembre, en el festejo del 24 aniversario de la fundación de la Unión Ejidal Quiptic Ta Lecubtesel, confirmaron: "No nos vamos a vender por esas migajas".
Destacaron: "Ayer fue el saqueo del oro y el jade, la tierra y las maderas preciosas; hoy nos roban el oro verde, es decir, la biodiversidad", y con firmeza manifestaron su rechazo a las asociaciones que atenten contra la diversidad biológica y cultural.
En el millón 879 mil 528 hectáreas de la Lacandona ųen los municipios de Ocosingo, Margaritas, Trinitaria, Independencia, Altamirano, Chilón, Salto de Agua y Palenqueų corre 25 por ciento del agua superficial del país; con ella se genera 45 por ciento del suministro hidroeléctrico; es albergue de más de la mitad de las especies mexicanas de árboles tropicales; de 3 mil 500 especies de plantas, y de más de un millar de invertebrados y de medio millar de vertebrados.
Entre sus montañas, planicies, ríos y lagunas viven 114 especies de mamíferos ųde lo más variado de Américaų; 345 especies de aves mexicanas, y 800 especies de mariposas. Allí se concentra 20 por ciento de la diversidad biológica mexicana y además es albergue de las ruinas mayas de Bonampak y Yaxchilán. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza calificó a la Lacandona como uno de los diez sitios de diversidad sobresaliente en Mesoamérica.
Por ese gran potencial y atractivo natural y cultural, la Lacandona tiene ante los ojos del mundo globalizado un nuevo valor económico, según se desprende del estudio más reciente que sobre Chiapas financiaron el Banco Mundial y la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo.
En el libro Riqueza y pobreza en la costa de Chiapas y Oaxaca, Gilberto Binquist, Rafael Acuña y Alejandro Meléndez apuntan que en 1994 había 36 agencias extranjeras, la mayoría estadunidenses, que ofrecían más de 50 recorridos por México. Entre los sitios más visitados se encontraban las reservas El Triunfo, Montes Azules y el parque nacional Cañón del Sumidero.
Hoy, el gobierno promueve a la Lacandona entre los inversionistas privados, bajo el esquema de coinversión gobierno-empresarios-campesinos, ya que al atractivo natural se suma la ubicación dentro del gran plan turístico Ruta Mundo Maya, que para el caso de Chiapas ha implicado ųsegún información oficialų el impulso, en un solo año, de más de 160 proyectos y una inversión de 6 millones de dólares.
En una reunión privada con Empresas Mexicanas Asociadas e Iniciativa Gemi (conformada por Cementos Mexicanos, Pepsico de México, Nestlé, Down Química Mexicana, Jansen Cilag Farmacéutica, Colgate Palmolive, Bristol Myers Squibb de México, Tetra Pak, Procter and Gamble y Productos de Maíz), la titular de Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, dijo que los recursos gubernamentales son insuficientes para salvaguardar y recuperar los ecosistemas y biodiversidad del país. La Lacandona, ejemplificó, es una de las regiones más críticas de destrucción, y por ello invitó a los empresarios a compartir, con ella y en el corazón de la selva, un "curso de entendimiento y sensibilización" en torno a las selvas tropicales.
Su intención: lograr que los empresarios aporten recursos económicos para revertir los procesos de destrucción, mejorar los viveros y recuperar las especies carismáticas en la selva Lacandona. Propuso la visita antes que finalice el primer trimestre del 2000.
Arrendamiento por sólo 14 mil pesos
Pero el gobierno minimiza y hasta ignora las voces de protesta que alzan indígenas en Misolhá, Agua Azul, Agua Clara, Frontera Corozal y Reforma Agraria ųsitios colindantes a la Lacandonaų, pues una empresa pretende arrendar, por 14 mil pesos mensuales y durante 40 años, los complejos ecoturísticos que, de acuerdo con el gobierno, serían usufructuados por los indígenas.