Sergio Ramírez
El contralor, a la cárcel

Señoras y señores, el contralor general de la República ha sido mandado a prisión en Nicaragua. Aunque usted no lo crea, ésta es una de Ripley. Tras el rechazo y la burla constante a sus resoluciones contra la corrupción, y las muchas amenazas, al fin el gobierno ha conseguido una orden de captura contra el funcionario que tiene, según la Constitución, la obligación de velar por que no haya actos de corrupción. Y por cumplir con su deber, ha sido condenado a ir a la cárcel. Es bien cierto, pues, que en mi país el corcho se hunde, y el plomo flota.

Las circunstancias judiciales dentro de las que se ha ordenado en Nicaragua este acto, van a pasar desapercibidas en el plano internacional, o no van a tener ninguna credibilidad en lo que a su legalidad se refiere. Como me han dicho hoy en Madrid políticos relevantes, y gente de la prensa, lo que se advierte es una condena de carácter político, alentada por un gobierno que no está interesado en que se pongan frenos a la corrupción imperante.

Este episodio no puede crear otra imagen peor para el gobierno del presidente Arnoldo Alemán, que debe entenderse cada día con la comunidad internacional, y con los países donantes. Sólo la insensatez, o la soberbia, podrían llevar a alguien a pensar que los entusiasmos, ya de por sí decaídos, de quienes ayudan a Nicaragua a sobrevivir, van a redoblarse con esta noticia de que el contralor tiene encima una orden de prisión. Es todo lo contrario. Ahora las desconfianzas van a ser mucho mayores.

La cuerda ha terminado reventándose por lo más delgado, y la orden judicial que manda al contralor a la cárcel es una afrenta grave a la institucionalidad democrática que en lugar de debilitar con actos como éste, el gobierno del presidente Alemán está obligado a fortalecer. Si hubiera un mínimo de sensatez en quienes han urdido esta trama política, deberían haberse puesto a medir sus consecuencias, y detenerla. Ahora, para ellos es que es ya muy tarde, no para la institucionalidad democrática, que de todos modos, alguna vez, se verá beneficiada en Nicaragua.

A cada intento que el contralor Jarquín ha venido haciendo para exigir que se lleve a juicio a los culpables de malversación, derroche, y abuso de los fondos públicos, o a los que negocian al amparo de sus posiciones de poder en el Estado, se le respondió siempre con la mofa, el desprecio a sus actuaciones, y por último con amenazas de mandarlo destituir, antes de que fuera urdido el expediente descabellado de meterlo en prisión. Para alguien que lejos de Nicaragua imagina en la cárcel al contralor general de la República, el que lleva las cuentas, es lógico que imagine también que todo el sistema institucional está en la peor de las situaciones, y que no es digno de ninguna confianza.

Nadie de quienes están detrás de esta decisión, deben hacerse las vanas esperanzas de que la orden de prisión contra el contralor Jarquín va a ser atribuida a la independencia de los tribunales de justicia en Nicaragua. Ese prestigio no lo tiene desgraciadamente el país, ni el gobierno puede alegar distancia frente a hechos arbitrarios de este calibre. Lo que está claro es que la voluntad del poder gubernamental quiere inhabilitar desde ahora al contralor Jarquín para que no siga adelante con ninguna investigación de hechos de corrupción, mientras llega la hora de quitar de por medio a la figura institucional misma del contralor a través de la reforma constitucional concertada en el pacto político entre el Partido Liberal y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Es decir, crear dos, tres, cuatro contralores débiles rotando cada año es la consigna, para que ninguno de ellos sea capaz de controlar nada. Ni a nadie.

Lo peor que le puede pasar a una sistema democrático que apenas empluma, como el nuestro, es someter las instituciones, y a quienes las representan, a los designios personales de aquéllos que tienen en su mano los instrumentos de poder, y los usan como quieren, a su propio arbitrio, pensando que la mejor forma de gobernar, y repartirse las cuotas claves de poder, es al amparo de la impunidad más absoluta. Y que si no hay ya quien controle, entonces los actos de corrupción podrán continuar de manera ininterrumpida.

Nadie sabrá ni aquí en España, ni en ninguna otra parte, quién fue el juez que condenó al contralor Jarquín. Ganan fama los jueces Garzón, pero no los jueces que son todo lo contrario de Garzón. La fama de este episodio se la lleva entera el presidente Arnoldo Alemán, ahora que sus viejas amenazas de acabar con el contralor general de la República se ven cumplidas.