Ť En estudio desde 98
Ley reglamentaria daría autonomía a etnias mexiquenses
María del Socorro Castañeda, corresponsal, Toluca, Méx., 2 de enero Ť El diputado perredista Horacio Duarte Olivares dio a conocer la Ley Reglamentaria del artículo 17 de la Constitución local, que se refiere a la observancia de los derechos y cultura de las comunidades indígenas, que desde 1998 está en estudio en el Congreso mexiquense y forma parte de las 56 iniciativas pendientes que los legisladores deberán resolver antes de concluir su gestión, en marzo próximo.
Explicó que de ser aprobada dicha ley, "garantizará la vigencia y respeto a los derechos de las comunidades indígenas" mexiquenses, y otorgará libre determinación a los mazahuas, otomíes, matlarzincas, nahuas y tlahuicas, así como a etnias provenientes de otras entidades, asentadas en territorio del Edomex.
Los indígenas, según establece la ley, son los individuos, grupos, pueblos y comunidades que preservan cultura, lengua, organización y formas de convivencia conforme a sus raíces históricas, y la autonomía que se pretende otorgarles servirá para que practiquen y decidan sus formas de organización política, social, económica, cultural y de administración de justicia.
En caso que alguna autoridad incumpliera la normatividad en cuestión sería sujeto de responsabilidad. Además, el estatuto prohibiría el intermediarismo para la explotación de los recursos naturales de los pueblos o comunidades indígenas.
Definirán sus programas de desarrollo
Con la nueva legislación, dijo Duarte Olivares, los 312 mil 695 indígenas mexiquenses ųcifra del censo que realizó en 1995 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáticaų podrán establecer, de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, sus programas de desarrollo social y económico, en coordinación con el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos.
Además, señaló, estos grupos étnicos, en estricto apego a su autonomía y previa consulta interna, definirán sus territorios, de manera conjunta con los ayuntamientos y sin afectar a terceros.
Duarte Olivares afirmó que la iniciativa de ley señala que en la asignación de recursos, el Ejecutivo y los ayuntamientos darán prioridad a las necesidades de salud, educación, justicia, equipamiento urbano y desarrollo económico. Asimismo, los municipios con población indígena estarían obligados a integrar una comisión que se ocupe especialmente de tratar asuntos relacionados con estos grupos.
Las organizaciones étnicas, establece el ordenamiento, serán reconocidas por el Ejecutivo y los distintos niveles e instancias de gobierno, sin más requerimiento que pertenecer a algún grupo indígena.
La educación bilingüe y bicultural, señala, se reitera como un derecho de este sector de la población, establecido en el artículo 19 fracción IV de la Ley de Educación vigente en la entidad.
Además, se asienta el delito de etnocidio y sanciones para quien atente contra los derechos individuales o colectivos de los indígenas, contra su integridad física, imponga criterios de reproducción entre las mujeres, discrimine a los miembros de un pueblo, comunidad u organización, los condicione o manipule con fines políticos o religiosos, o incumpla con la aplicación de los programas educativos biculturales.
Otro punto de la iniciativa establece que los centros ceremoniales son patrimonio de los pueblos y comunidades, y por lo tanto ellos deben administrarlos para la práctica de sus cultos religiosos.