León Bendesky
La economía en el 2000

Este año habrá que poner especial atención en el desenvolvimiento de la economía. Y ello por dos razones principales. La primera se inserta en el marco de las importantes restricciones que aún caracterizan su desempeño, y la segunda se relaciona con el proceso electoral que ya se pondrá en marcha de lleno. En esta última se incluyen dos periodos distintos: uno que abarca el primer semestre hasta el día de la elección, y otro que cubre el lapso de la transición al nuevo gobierno y que puede ser también ocasión de ajustes relevantes.

En cuanto a la primera razón se puede tomar como punto de referencia el presupuesto federal recientemente aprobado por el Congreso. A pesar de las fricciones entre los partidos políticos que llevaron el debate hasta prácticamente el fin de año, el presupuesto es bastante cercano al que propuso el Ejecutivo y que debe satisfacer, según sus propias consideraciones, las condiciones para mantener el crecimiento y la estabilidad de la economía.

Es cierto que la oposición logró modificar la asignación de algunas de las partidas del gasto, pero el gobierno parece haberse jugado toda la discusión en el punto relativo a los recursos destinados al IPAB para seguir con el rescate bancario (y ahí queda el caso Paoli). Esa circunstancia puede indicar que aún no se logra la transparencia no ya del uso actual de los enormes fondos requeridos, sino de toda la gestión de la crisis de 1995 que tendría, supuestamente, un contenido político que seguiría manteniéndose encubierto. No debe perderse de vista que a este rubro del presupuesto y del uso general de los recursos públicos se destinan en este año casi 60 mil millones de pesos.

Así pues, los ciudadanos podemos todavía sentirnos insatisfechos con el trabajo de los diputados y los senadores. A veces parece que la práctica legislativa, en este caso referida al tema central del presupuesto, se desarrolla como si la economía funcionara en condiciones de normalidad cuando dista mucho de ser ese el caso. Y para argumentar este asunto señalemos sólo los temas de la pobreza, la inoperancia del sistema bancario de crédito o la severa insuficiencia de los recursos fiscales derivados especialmente de los impuestos. De tal forma, una vez más el gobierno podrá seguir administrando la economía bajo las premisas que ha fijado en cuanto al crecimiento, la inflación y los déficit fiscal y externo, pero manteniendo las condiciones de desajuste que después pueden manifestarse como una nueva restricción.

Estas condiciones pueden expresarse en dos categorías: una referida a la gestión del tipo de cambio, que funciona como uno de los principales términos de contención del aumento de los precios, ya que cuando el dólar se convierte en una mercancía barata se reducen los costos asociados con las importaciones. La otra se asocia con la fragilidad fiscal que se mantiene disfrazada por la meta de un bajo déficit público. Hay que repetir hasta el cansancio, si es necesario, que las finanzas públicas del país no son sanas, se mantienen en equilibrio a partir de la aceptación de los bajos ingresos del gobierno y la asignación con esa base de los recursos. Esto último de manera insuficiente para atender las necesidades sociales, de inversión pública y de promoción de la actividad productiva y, además, en el marco de una gran inconsistencia en la distribución del gasto como indica de manera clara el caso IPAB.

En cuanto al año electoral, la experiencia ha sido reiterada en dos sentidos. Por un lado el gobierno intenta mantener a toda costa las condiciones de la estabilidad para no desalentar el voto, aunque ello puede acrecentar los desajustes que después tendrán que pagarse necesariamente. El caso de la administración Salinas-Aspe es muy representativo de esta actitud. Por otro lado, el uso de los fondos públicos para la campaña del PRI que, a pesar de los diversos controles y candados que se pueden introducir, suele desbordarse hasta de manera grosera, como se ha visto en recientes elecciones, y constituye un desvío de recursos que castiga a la economía en su conjunto. En el primer semestre del año esta cuestión puede alterar la base de las principales variables económicas y financieras, provocando la evidencia de un equilibrio que en el fondo será cada vez más frágil y más costoso de mantener. Después de la elección podrán venir las correcciones, lo que depende de cómo decida el Presidente asignar los costos políticos, es decir, si los asume como suyos o los traslada al próximo gobierno. Las decisiones podrán variar en caso de que gane un candidato de la oposición o si gana el de su partido. Pero, incluso en este último caso, el nuevo gobierno podría encontrarse con situaciones poco gratas en cuanto a la estructura del funcionamiento de la economía y, sin duda alguna, tendrá que actuar rápidamente para administrar el tipo de cambio y, sobre todo, la debilidad fiscal que puede ser el detonador de la próxima crisis.