Ť Logra la oposición incrementar el gasto social
Victoria del oficialismo: 34 mil 600 millones de pesos al IPAB
Ť Por un voto de diferencia se impuso la propuesta priísta
Roberto González Amador, David Aponte y Ciro Pérez Silva Ť En una votación dividida, la Cámara de Diputados autorizó ayer transferir en el 2000 recursos fiscales al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por 34 mil 600 millones de pesos, como pugnaba el oficialismo, al tiempo que aprobó el planteamiento opositor de aumentar el gasto social del próximo año en 15 mil 500 millones de pesos respecto de la propuesta original del Poder Ejecutivo.
La propuesta de la oposición para aumentar el gasto social, que finalmente resultó triunfadora, incluye la creación de un fondo de tres mil millones de pesos para aumentar, a partir del 1o. de enero, en 10 por ciento, en promedio, las pensiones que reciben alrededor de dos millones de trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al término de una sesión extraordinaria que se prolongó por seis horas, la Cámara de Diputados puso fin a una disputa por el diseño del gasto público del 2000, año de elecciones presidenciales, con un paquete económico que mantiene el déficit fiscal previsto para el próximo ejercicio en uno por ciento del producto interno bruto (PIB), tal como lo deseaba el Ejecutivo. Con la propuesta triunfadora el gasto neto total del proximo año será de un billón 195 mil 313.4 millones de pesos.
De acuerdo con el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2000, el IPAB recibirá una transferencia de recursos por 34 mil 600 millones de pesos, apenas 400 millones de pesos menos que la demanda original planteada por el gobierno federal cuando dio a conocer el programa económico del próximo año, el 13 de noviembre.
El ahorro de 400 millones de pesos en los fondos para el IPAB será obtenido por el hecho de que el Banco de México será el agente colocador de los bonos que emita el organismo encargado de administrar el costo del rescate bancario, a partir de febrero.
En este caso, el oficialismo derrotó por 246 votos contra 245 de los opositores una propuesta del llamado Grupo de los Cuatro (integrado por PAN, PRD, PT y PVEM) de reducir a 32 mil 500 millones de pesos los recursos asignados para el IPAB.
También fue derrotada una propuesta del Partido Acción Nacional ųy avalada por el resto del G-4ų para condicionar la entrega de 14 mil millones de pesos al IPAB, a que el PRI reintegrara recursos que obtuvo irregularmente para financiar su campaña electoral de 1994, y que luego pasaron a formar parte de los pasivos del extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
El planteamiento opositor también condicionaba la entrega de los fondos a que se diera a conocer el listado nominal de los créditos irregulares del Fobaproa, y a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores transfieriera al IPAB la administración de diez bancos que mantiene intervenidos o en "situación especial".
Según la propuesta finalmente aprobada, el próximo año serán empleados recursos públicos por 5 mil 418 millones de pesos para cubrir obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores, más otros 34 mil 600 millones de los llamados "programas de apoyo a ahorradores", es decir, al rescate de los bancos.
Al rescate bancario, $59 mil cien millones
De esa forma, el IPAB contará en el 2000 con recursos por 59 mil cien millones de pesos para cubrir el componente real de los intereses generados por el rescate bancario. Además de los recursos de los contribuyentes que serán transferidos vía fiscal, el organismo obtendrá otros 20 mil millones de pesos por recuperación en la venta de activos, más 4 mil 500 millones por las cuotas que paguen las instituciones bancarias. Todo en línea con la propuesta del Ejecutivo.
A cambio de la derrota en la asignación y condicionamiento de fondos públicos al IPAB, el bloque opositor en la Cámara de Diputados obtuvo la victoria en las votaciones relativas a incrementar en 15 mil 500 millones de pesos el gasto social del próximo año que, con la adición, alcanzará la suma de 506 mil 678 millones de pesos, monto que representará un incremento anual de 6.08 por ciento en términos reales, y 62.6 por ciento del gasto programable.
La propuesta original del Ejecutivo era que el gasto social fuera de 491 mil 178 millones de pesos, un incremento de 5.9 por ciento en términos reales respecto del ejercido en 1999, y que representaba 60.7 por ciento del gasto programable.
Los 15 mil 500 millones de pesos en que se aumentará el gasto social del 2000, según el proyecto opositor que triunfó ayer en San Lázaro ųy que es el mismo que ya había sido rechazado la semana pasadaų, serán obtenidos de una reasignación del presupuesto a dependencias del Ejecutivo por 7 mil 623 millones 686 mil 592 pesos, más recursos adicionales provenientes de un incremento (de 15.5 a 16 dólares por barril) en el precio estimado del petróleo mexicano para el próximo año, así como en la imposición de algunos aranceles a productos agrícolas, ambos factores ya considerados en la Ley de Ingresos aprobada por consenso de los grupos parlamentarios a mediados de este mes.
El gasto público del 2000, según la propuesta triunfadora de la oposición, comprende la asignación de 300 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda, para destinarlos al Fondo de Operación y Financiamiento Bancario de Vivienda (Fovi).
Otros mil 150 millones al ramo de agricultura, ganadería y desarrollo rural para ser distribuidos en apoyo a la comercialización en el sector agropecuario y para programas de desarrollo rural y Alianza para el Campo.
Una suma de 60 millones de pesos para apoyar a centros regionales para la competitividad empresarial.
El prespuesto opositor destina 2 mil millones de pesos adicionales a educación pública, de los cuales 350 millones serán destinados a cubrir subsidios ordinarios para universidades públicas estatales; 300 millones, al fondo de modernización de la educación; 50 millones, al programa de mejoramiento del profesorado; 300 millones, a infraestructura de universidades estatales; 200 millones para la modernización de institutos tecnológicos; 700 millones a infraestructura en educación básica; cien millones para la edición de libros educativos con contenido ecológico, y 300 millones para el apoyo a la carrera magisterial.
De acuerdo con el presupuesto avalado por la oposición y rechazado por el oficialismo, serán destinados recursos adicionales por 400 millones de pesos al cuidado del medio ambiente; mil 250 millones a desarrollo social para renglones de vivienda, y 170 millones para promoción turística.
Otros dos fondos modificados por el presupuesto opositor ųy a los que se opuso el PRIų fueron los destinados al fortalecimiento de estados y municipios y para pensiones de jubilados.
En este último renglón, el decreto avalado por la oposición comprende la creación de un fondo por 3 mil millones de pesos para aportaciones a seguridad social, que se distribuyen en 2 mil 910 millones para incrementar el monto mínimo de las pensiones y jubilaciones del IMSS, y 90 millones para el pago de las pensiones de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982.
La propuesta del PRI en este rubro era que, de un fondo también de 3 mil millones de pesos, se destinarían 2 mil 800 millones a una gratificación (por única vez y sin aumento en las percepciones) para los trabajadores jubilados del IMSS e ISSSTE, así como 200 millones para ferrocarrileros jubilados antes de 1982.
En el otro caso, en el presupuesto propuesto y aprobado por la oposición, se creó un fondo de 6 mil 870 millones de pesos para el programa de apoyos al fortalecimiento a las entidades federativas. El PRI pugnaba por que este fondo fuera de sólo 6 mil millones de pesos, e incluía una aportación al Distrito Federal por 50.3 millones de pesos, en vez de los 740.7 millones aprobados en la propuesta opositora.
Una vez hechas las reasignaciones del gasto por 7 mil 623 millones 686 mil 592 pesos, el Ejecutivo deberá reducir, en esta proporción, el gasto programable de todas las entidades de la administración central, así como del IMSS, ISSSTE, Lotería Nacional, Caminos y Puentes, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y Pemex.
El Ejecutivo cuenta con 30 días, a partir del 1o. de enero, para informar a la Cámara de Diputados sobre los renglones y las cantidades en que será ajustado el gasto de cada dependencia, siempre respetando el monto establecido en el presupuesto avalado por la oposición.