Juan Moreno Pérez
El debate sobre el presupuesto

El actual debate en la Cámara de Diputados no sólo es sobre si se aumentan o se reducen algunas partidas presupuestales. El verdadero debate es respecto a si se mantiene el actual sistema autoritario, donde el Ejecutivo decide el monto teórico del presupuesto y después lo ajusta discrecionalmente; o si se cumple lo estipulado en la Constitución, y la Cámara de Diputados no sólo decide el verdadero destino de los dineros públicos, sino que se encarga de vigilar que esa decisión sea realmente acatada por el Ejecutivo.

Tradicionalmente, el Ejecutivo enviaba su proyecto anual de presupuesto, el cual era "aprobado" por la mayoría priísta en la Cámara de Diputados, sin mayor discusión. Posteriormente, durante el ejercicio de ese presupuesto, el Ejecutivo lo ajustaba prácticamente a su antojo, sin violar ninguna disposición legal, ya que en el decreto elaborado por el Ejecutivo y "aprobado" por sus representantes en el Legislativo, se incluía todo tipo de facilidades para ese manejo discrecional.

Esta situación empezó a cambiar en la presente legislatura cuando, por primera vez, los diputados de los partidos de oposición lograron ser mayoría, y con ello surgió la posibilidad de algo diferente. Desafortunadamente, durante la discusión de los presupuestos de egresos para 1998 y 1999, faltó una nueva visión, una capacidad para llegar a acuerdos, y finalmente se aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo, con cambios menores.

En el presente periodo de sesiones, que puede resultar verdaderamente histórico, las cosas parecen haber cambiado de manera radical. Después de aprobar dos presupuestos, los integrantes de la actual legislatura vieron cómo el Ejecutivo se burlaba de lo dispuesto por ellos, recortando muchas partidas prioritarias de manera arbitraria en 1998, y asignando discrecionalmente los ingresos petroleros excedentes hacia el rescate bancario en 1999.

El desprecio del Ejecutivo hacia el Legislativo se manifestó de manera muy clara cuando algunos altos funcionarios se atrevieron a mentir de manera descarada a los legisladores (ver mis colaboraciones en La Jornada del 20 de agosto y del 11 de octubre). Esa actitud llegó al extremo cuando el Ejecutivo envió al Congreso un paquete económico con una gran trampa, consistente en subestimar los ingresos petroleros para poder asignarlos después de manera discrecional en un año electoral (ver La Jornada, 02/12/99).

Pero los diputados de los distintos partidos de oposición lograron lo que parecía imposible para muchos observadores: llegar a un acuerdo, y sostenerlo frente a las enormes presiones del Ejecutivo. La discusión y conciliación de puntos de vista muy diferentes no fue fácil, pero el empeño en llegar a un acuerdo imperó, y se fue construyendo una verdadera alternativa a la propuesta oficial, demostrando que con los mismos recursos programados por el gobierno, que con las mismas metas oficiales de déficit fiscal, es posible hacer las cosas de manera muy diferente.

Mediante un recorte de las muchas partidas superfluas, como las injustificadas prebendas de los altos funcionarios, los diputados de oposición proponen reasignar esos recursos hacia programas realmente prioritarios, como educación, desarrollo social, combate a la pobreza, impulso a un verdadero federalismo y mayores apoyos al campo. Los fondos asignados al IPAB se condicionan a que ese instituto cumpla previamente con lo estipulado en la ley y deje de ser una cobertura a todo tipo de abusos e impunidades.

Pero lo más importante en la propuesta elaborada por los partidos de oposición es "asegurar que sea la Cámara de Diputados la instancia que decida el uso que se deba dar a los ingresos públicos del país", como señala la exposición de motivos. La propuesta incluye por primera vez todo tipo de candados para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo y asegurar que el ejercicio del presupuesto sea efectivamente como lo decidieron los legisladores.

Por ejemplo, la nueva redacción del artículo 35 del decreto de presupuesto, anula la gran trampa del paquete económico para el año 2000, impidiendo que la subestimación de los ingresos petroleros se pueda convertir en una asignación arbitraria de los mismos. También, el nuevo artículo 79 impone al Ejecutivo la obligación de informar de manera oportuna y verdaderamente transparente sobre el uso de los fondos públicos.

Además, en un año electoral como será el próximo, la propuesta de los partidos de oposición previene contra el uso ilegítimo de los programas públicos. Por ejemplo, en el artículo Duodécimo Transitorio se estipula la obligación de incluir en toda la papelería de los apoyos, subsidios y estímulos que se ofrecen a la población, una leyenda que diga: "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno".

La decisión final está por tomarse. La propuesta de presupuesto alternativo presentada por los partidos de oposición merece ser aprobada y convertirse en ley. Ello depende de que se mantenga la resistencia de los auténticos representantes del pueblo mexicano, de que se logren imponer a los sirvientes del Ejecutivo, de que sean los menos quienes cedan a las tentaciones de un ingreso efímero a cambio de una indignidad permanente.