Ť Cabildea por una norma que permita equidad
Promueve Gil Díaz reglas para controlar el poder de Telmex
Víctor Cardoso Ť Consciente de su calidad moral como ex funcionario público y maestro de muchas generaciones de economistas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Francisco Gil Díaz, director general de la telefónica Avantel, inició un intenso cabildeo con legisladores de los diferentes partidos políticos representados en el Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y lograr lo que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no ha conseguido en tres años de apertura a la competencia en el mercado de larga distancia: aplicar normas que controlen el poder de Teléfonos de México (Telmex).
En entrevista establece que ''no proponemos un cambio de la legislación para que nos beneficie a nosotros, sino a la industria en general; una normatividad real que permita la equidad en el mercado; que se exija otro comportamiento a Telmex; que las tarifas de interconexión se basen en costos; que se conforme un fondo para expandir la telefonía en el país y una contabilidad separada del principal operador (Telmex) que evite subsidios cruzados y el empaquetamiento de servicios'', establece.
Gil Díaz informa sobre una serie de reuniones con legisladores de todos los partidos políticos, en particular de PRI, PRD y PAN, para hacerles ver la conveniencia de reforzar la legislación en materia de telecomunicaciones.
Se manifiesta dispuesto a colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Cofetel, diputados y senadores, para impulsar una nueva legislación y evitar la ''etiquetación'' de reglas con Telmex como destinatario.
La más reciente, dice, es la resolución de la Cofetel que mantiene el esquema de retorno proporcional para el tráfico de llamadas internacionales hasta el año 2000, es decir, mediante la cual se asignan llamadas telefónicas procedentes del extranjero en función del volumen que cada empresa envía al exterior. Además, con ese esquema se restringe a las empresas menores a aceptar las negociaciones que realice el operador dominante sobre la tarifa de liquidación (pago por terminar en el país una llamada procedente del exterior).
''Esa regla está etiquetada para Telmex, es criticable desde cualquier punto de vista, es inequitativa y su naturaleza misma obliga a mantener los precios altos en el país, porque restringe la competencia'', dice. Su argumento es que si se abriera una mayor competencia en el tráfico internacional, el volumen de llamadas procedentes del extranjero se elevaría de manera sustancial y se captarían mayores recursos.
Con el retorno proporcional, añade, en lugar de que México se beneficie del aumento del tráfico motivado por la competencia, se genera la aparición de empresas que practican el by pass (una llamada de larga distancia se entrega como si fuera local y se evade el pago por el uso de las redes).
Gil Díaz afirma que tal y como se encuentra la actual reglamentación de las telecomunicaciones, sólo los grandes corporativos se benefician de las bajas tarifas --por el volumen de tráfico que manejan--, mientras las pequeñas y medianas empresas, así como el usuario residencial, deben pagar altos precios.